El Instituto de Movilidad del Estado ha interpuesto 500 denuncias penales contra conductores que han sido sorprendidos prestando servicios de transporte sin permisos, informó el secretario de Gobierno, Gustavo Rodríguez Junquera.
Aunque no se proporcionó información si en alguno de los casos, alguna persona ha sido encarcelada por este motivo, pues el Código Penal para el Estado prevé sanciones para las personas que presten servicios de transporte de manera irregular.
“Venimos trabajando muy fuerte ese tema y lo que hemos dicho en todos los puntos, lo único que pedimos es el ajuste a la ley, no más, pero tampoco menos, venimos haciendo ese trabajo, todas las personas que realizan el servicio sin permiso o fuera del permiso que tiene concedido, tendremos que aplicar la ley y tendremos que trabajar en consecuencia. Van más de 724 sanciones (infracciones) en este sentido y seguiremos trabajando en todo el estado con el ánimo de que se cumpla la ley”, dijo.
Explicó que las dos causas más comunes por las que se imponen estas sanciones son porque una persona ofrezca el servicio de transportes sin permiso, ya sean taxis tradicionales o unidades del servicio de transportes especial ejecutivo o porque lo ofrecen de forma distintas a como lo establece la ley, esto es a través de una plataforma (esto sólo en el caso de los ejecutivos).
El funcionario estatal explicó que los sancionados son de distintas plataformas digitales e incluso taxis tradicionales y señaló que la mayor parte de las infracciones se han aplicado en León, en Celaya, San Miguel de Allende y Guanajuato, capital.
“La ley nos permite que cada vez que encontremos a alguien que este ejerciendo sin permiso se presenten las denuncias penales, lo actualizamos, pero en todos ellos van acompañados de una denuncia penal”, reiteró.
Rodríguez Junquera aseguró que la Secretaría de Gobierno trabaja actualmente para presentar una propuesta al Poder Legislativo, una vez que el presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones, el diputado panista, Juan Carlos Muñoz Márquez, abrió la puerta para que se revise la Ley de Movilidad para el Estado, esto a consecuencia del asesinato de una joven estudiante de Puebla, presuntamente cometido por el conductor de una unidad de Cabify.