Con la finalidad de que en los centros de prevención y reinserción social el personal encargado de la seguridad y de la imposición de las medidas disciplinarias a internos sea rotado cada seis meses, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México presentó una iniciativa a fin de reformar la Ley de Ejecución de Medidas Judiciales y Sanciones Penales del estado.
Al presentar la propuesta, el diputado Sergio Contreras Guerrero aseguró que uno de los factores que impiden una adecuada reinserción social dentro de los centro penitenciarios es que en ocasiones, los custodios son corrompidos y fomentan la ingobernabilidad de estos espacios.
“Los centros de reinserción en el país, sabemos que muchas veces son, lamentablemente, escuela del crimen, centro donde priva la corrupción, donde de acciones que también son de extorsión hacia los propios internos y sus familiares; esa misma corrupción permite y mantiene la operación de grupos criminales dentro de las cárceles”, dijo.
Contreras Guerrero presentó un estudio de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, donde Guanajuato es segundo lugar en los rubros de condiciones de gobernabilidad, aspectos que garantizan la integridad física y moral del interno, la reinserción social de este último y aspectos que garantizan una estancia digna.
Dentro de los indicadores con mayores deficiencias en los centros estatales de reinserción social, se señala el procedimiento para la remisión de quejas por violación a los derechos humanos y la comunicación a los internos ante la instancia competente.
Aseguró que la iniciativa tiene la finalidad de evitar vinculación o dependencia entre internos y custodios.