Ante un notario público aportado por el Gobierno del Estado, cerca de 600 socios presuntamente defraudados por la Caja Progresa acudieron a la convocatoria de liquidación y disolución de la sociedad, como paso previo a crear el Fideicomiso Pago (Fipago).
Los defraudados llegaron desde las 9 de la mañana al auditorio municipal Mariano Abasolo, la mayoría mujeres y adultos mayores de comunidades, para la asamblea en segunda convocatoria, para disolver la Caja.
La asamblea contó con la presencia de un notario público pagado por el Gobierno del Estado para dar validez a la reunión de socios, comentó Maricarmen Soria Narváez, vocera del Movimiento de Socios Defraudados por la Caja.
Soria Narváez dijo temer que, pese a que el evento contó con un notario, la mesa directiva a cargo de Lidia Arvizu intente invalidarla, pues también por su parte también convocó a asamblea.
“Esto, lo único que hace es enfrentar a los socios, creo que lo que pretenden los directivos es confundir, usarlo como prueba ante la PGR de que sí quieren pagar y complicar la cuestión jurídica van a querer anular la convocatoria”.
Lo que, según Soria Narváez se resolvería si el Estado tomara las riendas del proceso. “El problema es que no ha tomado su posición, nos mandaron a hablar con René Urrutia (Subprocurador de Justicia) para decirnos que las 800 denuncias pasaron a la PGR pero me hubiera gustado que lo anunciara el Gobernador”.
Tras las acusaciones contra el diputado Juan Rendón López, quien pretendería ser candidato por el PAN a la presidencia de Dolores de ‘arribismo político’, Jesús Soria, hermano de Maricarmen, se registró como precandidato por el mismo partido para la presidencia, lo que fue confirmado por la misma Maricarmen.