“Va lento” el proceso para extinguir la Caja Progresa que presuntamente defraudara a miles de dolorenses; los afectados acusaron al gobierno del estado de no dar celeridad las denuncias penales en el Ministerio Público.
Casi 100 presuntos defraudados se reunieron en la Placa de la Feria para salir rumbo a Guanajuato, donde participarían en un plantón en la Alhóndiga de Granaditas.
“Vamos lentos porque el gobierno no ha asumido su responsabilidad, vuelve a dejar que los ciudadanos nos enfrentemos unos contra otros”, dijo Maricarmen Soria, representante de los afectados.
Comentó que hasta la fecha las más de 500 denuncias penales contra la mesa directiva de la Caja, representada por Lidia Arvizu, no han tenido efecto pues para esta fecha el gobierno ya tendría que haber iniciado una audiencia.
“Lo más preocupante es que nos enteramos, por los directivos de la Caja (por Lidia Arvizu) que no nos van a pagar, que no va haber auditoria este año, que ya se lo dijeron”, agregó.
Señaló que tras el cierre por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de las instalaciones de la Caja, los directivos han realizado juntas con los cerca de 200 socios que tenían ahorros por más de 500 mil pesos y que no podrán entrar al programa Fipago.
“Se reúne en un nuevo local que abrieron en la calle Baja California para que los afectados se vengan contra los que tienen menos de 240 para que no se haga el Fipago”, dijo.
Pese a que ya se nombró un representante del gobierno del estado para abrir el programa y pagar hasta 240 mil pesos a los afectado, Maricarmen Soria asegura que el gobierno del estado ha fallado.
“La Procuraduría y la Secretaría de Finanzas no han dado resultados. Si quieren que no sea yo, por temor a los fraudes, la que lleve el caso, que ellos lo tomen, por mí no hay problema”, concluyó.