“La orden de desalojo (de la granja DP) es absolutamente legal”, aseguró la juez Mónica Ballesteros Villagómez, del Juzgado Civil Municipal, señalada por los propietarios de la empresa por corrupción.
“La legalidad de la misma está amparada por las constancias que existen en el expediente (de Proceso Civil 345/2011) y ahí se valoró que el título de propiedad de la persona a quien se entregó el inmueble es una propiedad de derecho civil, del orden común”, dijo la juez.
Durante el desalojo de más de 50 personas con uso de la fuerza pública, Ignacio Carbajal Luna, abogado de DP, mostró documentos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), de los que am Express posee una copia, que señalan que el predio donde se encuentra la granja es propiedad de la Nación.
“Esta Secretaría de Estado es de la opinión de que los agravios expresados por el quejoso son fundados en virtud de que la incompetencia del juicio ordinario civil 345/2011 ha sobrevenido en un momento en que el inmueble en conflicto sigue siendo considerado como propiedad Federal”, señala el documento.
Según el oficio, la Reforma Agraria resolvió que el predio era propiedad federal desde 1996. Carbajal Luna y personal de la delegación estatal de la Sedatu mostraron el documento al actuario durante el desalojo, pero éste lo descartó.
Ballesteros Villagómez dijo que de parte de la empresa “no hay ninguna constancia en lo que corresponde al procedimiento civil que pudiera haber impedido ese desalojo.
“De haberse seguido algún juicio, alguna solicitud de reconocimiento sobre esa propiedad federal, ellos tendrían que haber emitido una resolución al respecto, no existe, no la hay”, dijo, contrario a los documentos mostrados.