Los diputados locales del PRI presentaron una iniciativa de reformas legales para obligar al Gobierno del Estado a que informe al Congreso local sobre el proceso de entrega-recepción del cambio de administración estatal.
En específico, propone obligar al Gobierno estatal a entregar copia del expediente, que debería contener 16 diferentes documentos y de las actas de entrega-recepción de las dependencias del Poder Ejecutivo, para que el Poder Legislativo pida al Órgano de Fiscalización Superior un informe detallado y con recomendaciones sobre dicho proceso al pleno del Congreso.
La iniciativa de reformas a la Ley Orgánica del Poder Legislativo y Ley de Fiscalización, propone al Gobierno estatal a rendir ampliación, hacer adiciones o aclarar información del expediente de entrega-recepción y su contenido al Órgano de Fiscalización Superior dentro de los 10 días posteriores a que se haya hecho la solicitud por parte del Poder Legislativo.
Agrega que se advertiría que el incumplimiento de las obligaciones anteriores sería considerado como falta grave en los términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus Municipios.
Añadiría al OFS la atribución de informar sobre el proceso de entrega-recepción de las dependencias del Gobierno estatal, sus resultados, la probable responsabilidad y presentar denuncias o querellas ante las autoridades competentes.
Los diputados del PRI consideran que en la actualidad, los proceso de rendición de cuentas en materia de entrega-recepción en el Gobierno del Estado, no procura la transparencia ni permite una abierta rendición de cuentas, pues al no contarse con la información completa y expedita de lo que deja el gobernante saliente y lo que recibe el entrante, deja a criterio de este último la capacidad de demandar la restitución del daño, cuando lo hay, o el grado de información al que pueden llegar los ciudadanos.
“La presente iniciativa se orienta al fortalecimiento de las instituciones en aras de que el Ejecutivo y sus funcionarios sean responsables sobre el patrimonio público, el ejercicio del gobierno y no gocen de inmunidad ante el escrutinio de la sociedad.
“No ejecutar la transmisión del poder con transparencia y rendición de cuentas es abonar por la impunidad gubernamental.