Con información de María José Soto Pallares y María Espino
Guanajuato.- El diputado Ernesto Millán Soberanes, integrante de la bancada de Morena, presentó un punto de acuerdo para exhortar a la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo a garantizar el derecho al libre tránsito en el sendero que conecta las comunidades de Los Mexicanos y Santa Rosa, en Guanajuato capital.
Asimismo, pidió que se inicie una investigación sobre las escrituras públicas 4816 y 6636, por presuntas irregularidades que podrían haber favorecido intereses privados sobre un bien de uso común.
En tribuna, el legislador afirmó que el cierre de este sendero vulnera el derecho de comunidades enteras, deportistas y visitantes que durante más de un siglo lo han transitado como una vía pública, funcional y simbólica para Guanajuato.
El exhorto tiene su origen en una reunión celebrada entre la atleta olímpica Laura Galván y el coordinador de bancada David Martínez Mendizábal.
Durante el encuentro, se recuperaron antecedentes históricos del camino documentados por el investigador Jorge Cervantes Jáuregui, quien demostró que la vía fue construida con recursos públicos desde 1886 y forma parte del antiguo camino Guanajuato– Dolores Hidalgo.
Su relevancia histórica, funcional y simbólica lo convierten en un verdadero patrimonio de la ciudad”, dijo el legislador.
En febrero pasado, Laura Galván “La Gacela de la Sauceda” alertó sobre el cierre del sendero mediante la instalación de rejas en varios tramos.
Señala conflicto de intereses
El diputado Millán dijo que aunque autoridades estatales han argumentado que se trata de propiedad privada con uso de suelo habitacional, el diputado advirtió que la escritura utilizada para justificar ese estatus presenta una ampliación del 26% respecto a la superficie originalmente registrada, lo cual viola lo establecido por el artículo 20 del Reglamento del Registro Público de la Propiedad, que sólo permite un aumento del 15% en predios rústicos.
Afirmó que la rectificación fue promovida en abril de 2024 por Amado Carrillo Hernández ante la Notaría Pública No. 3, a cargo del notario Andrés Guardado Santoyo, y posteriormente el predio fue enajenado a la empresa ICREAR S.A. de C.V., representada por Guillermo Ernesto Webb Cruces, señalado por su participación en contratos irregulares con el Gobierno estatal.
“Sí, es el mismo de los contratos ilegales y de corrupción de Guanajuato Leasing”, recalcó el diputado en tribuna.
Millán cuestionó la legalidad y transparencia del proceso, al señalar que el incremento de superficie, la omisión del reglamento registral y la participación de actores con vínculos políticos configuran un posible caso de abuso de poder y conflicto de interés.
Además, reveló que la autorización definitiva fue otorgada por la Dirección de Catastro e Impuesto Predial del municipio de Guanajuato, con base en un avalúo elaborado por el perito fiscal número uno.
Esta actuación benefició directamente a particulares con vínculos políticos, entre ellos el propio notario, quien según dijo, es esposo de la síndico del Ayuntamiento capitalino, quien además integra la Comisión de Medio Ambiente.
En este contexto, el diputado solicitó que se garantice el derecho al libre tránsito en el sendero Los Mexicanos- Santa Rosa; justificar legalmente la rectificación de la escritura pública 6636 y auditar las escrituras 4816 y 6636 y, de comprobarse faltas, proceder conforme a la Ley del Notariado, incluyendo la posible revocación del fiat notarial.
“Desde el Congreso del Estado debemos estar atentos a este tema por la importancia que implica para deportistas, niñas, niños, adolescentes y para toda la sociedad guanajuatense. No podemos permitir que intereses privados se impongan sobre bienes que pertenecen al pueblo”, puntualizó.
Alcaldesa celebra exhorto
La alcaldesa, Samantha Smith Gutiérrez, celebró el exhorto que hizo la senadora Virginia, “Kikis”, Magaña en el Senado de la República al Gobierno Estatal y al Ayuntamiento de Guanajuato para que garanticen la libertad de tránsito en el camino a Los Mexicanos.
Celebro el que se sumen diferentes actores a este tema que también sobrepasa las atribuciones municipales. Recibo con mucho respeto este exhorto y reiteramos que desde el Gobierno Municipal hemos estado actuando de manera firme y muy responsable para proteger el libre tránsito y el patrimonio natural de Guanajuato”, dijo la Alcaldesa.
Mencionó que le parece positivo que desde otros niveles de gobierno se sumen voces y acciones en favor de la ciudadanía.
Actualmente el Municipio presentó las denuncias correspondientes ante la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), pero todavía no hay alguna respuesta.
De igual manera, los propietarios del terreno, presentaron una demanda contra el Gobierno Municipal, por lo que se suspendieron de manera provisional las acciones de la Dirección de Desarrollo Urbano para el retiro de las rejas que, cabe decir, se instalaron sin permiso.
“No nos vamos a detener. No permitiremos abusos ni cierres ilegales en cuanto a nuestras atribuciones”, declaró la Alcaldesa al tiempo que dio a conocer que ya se acercó al diputado local Juan Carlos Romero Hicks.
Y es que durante la sesión de la comisión permanente del Congreso de la Unión, la legisladora Virginia Magaña exhortó al Gobierno del Estado, al Ayuntamiento de Guanajuato y a las autoridades ambientales que realicen una verificación jurídica y topográfica del Camino de los Mexicanos para confirmar su estatus como vía pública o bien de uso común y que revoquen cualquier acción de cierre o restricción sin fundamento legal.
También que inicien un proceso para el reconocimiento formal del camino como patrimonio cultural y ambiental del municipio.
La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo del estado de Guanajuato para que, en coordinación con el Ayuntamiento de Guanajuato y las autoridades ambientales competentes, garantice el derecho al libre tránsito y al medio ambiente sano a través de la protección y uso comunitario del Camino de los Mexicanos, revirtiendo cualquier cierre o restricción impuesta sin fundamento legal por particulares o empresas, y promoviendo su reconocimiento formal como bien de uso común, patrimonio natural y cultural”, se lee en el exhorto.
¿A 5 pesos el metro cuadrado en los terrenos?
El metro cuadrado en las 316 hectáreas que están en conflicto por el tema del cierre del camino a Los Mexicanos fueron comprados por la familia Web Cruces a un costo aproximado de 5 pesos.
Así lo declaró la ex regidora del Ayuntamiento capitalino y activista Paloma Robles Lacayo, quien señaló que basado en los datos de compra-venta que aparecen en la escritura hizo una revisión y detectó el increíble bajo costo de los predios por metro cuadrado.
Señaló que las autoridades correspondientes deben revisar el tema, pues considera que hubo una gran irregularidad que involucra al Notario que escrituró, Andrés Guardado Santoyo, a la autoridad municipal y al propio Registro Público de la Propiedad.
“Hice el trabajo de convertir las 316 hectáreas a metros cuadrados y luego dividir el costo de la transacción que fue 17.5 millones de pesos entre los 3 millones de metros cuadrados con sus decimales y así obtuve que el costo por metro cuadrado fue de, alrededor, de 5.6 pesos”, explicó Robles.
Precisó que los datos a los que hace referencia de donde obtuvo el aproximado por metro cuadrado fue de la escritura fechada el mes de mayo del 2024, en donde se marca la compraventa por parte de la familia Web Cruces.
Robles señaló que antes de la última escritura en donde ya se acredita la compraventa de las 316 hectáreas, existe otro de fecha abril del 2024 que fue para rectificar la antigua escritura de fecha del 1974, proceso realizado por el perito David Velázquez Barrientos, esposo de la Síndica del Ayuntamiento capitalino, Adriana Ramírez, y determina que el predio no era de 251 hectáreas como se marcaba en la escritura original si no de 316 hectáreas lo que implica una variación del 26% de la superficie.
Apuntó que, conformidad con el artículo 20 de la Ley del Registro Público la rectificación, ajustes en las superficies, no deben exceder el 10% en territorio urbano y el 15% en territorio rural y en todo momento estos ajustes tendrán que ser validados por la autoridad municipal, por lo que dijo considerar que hubo una irregularidad en este proceso.
Entonces yo veo varios involucrados, no sólo el Perito si no también el Notario que hizo la escritura de rectificación (ajuste), la dirección de Catastro e Impuesto Predial y luego también el Registro Público de la propiedad. Todos avalaron una rectificación superior a lo que marca el reglamento”, expresó Robles.
Por lo que dijo considerar que existe una corresponsabilidad clara y seria del gobierno municipal, “de funcionarios de la administración del ex alcalde capitalino Alejandro Navarro, que tendrían que ser revisados”, pues apuntó que todos los actores referidos tuvieron que, bajo ley, haber revisado el proceso.
Finalmente dijo no tener certeza de cuál es el valor actual de los predios, por medio cuadrado, en la zona en cuestión en la Sierra de Guanajuato pero, destacó que lo que sí es seguro es que en 5 pesos no están.
“Nos hemos reído mucho de eso, pero lo voy a investigar”, finalizó.
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