Guanajuato.- El alcalde de Romita, Pedro Kiyoshi Tanamachi Reyes, pidió una prórroga para cumplir con las recomendaciones de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PRODHEG) en el caso de la desaparición forzada de tres jóvenes.
Karla Gabriela Alcaraz Olvera, titular de la PRODHEG, informó que este jueves conversó con el alcalde de Romita, quien solicitó una prórroga para cumplir con la disculpa pública y la compensación económica, ya que esta última debe ser determinada por la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEAIV).
“Ya recibimos el documento a través del cual el alcalde acepta las recomendaciones, nos pide justo una prórroga para el cumplimiento de las mismas, precisamente por la compensación. Está marcada que se determine a través de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas y entonces justo está en ese proceso”, dijo la procuradora.
La fecha límite de la prórroga es el 22 de agosto. Cabe recordar que, en 2023, Carlos, Juan Pablo y Daniela estuvieron implicados en un incidente vial. Juan Pablo fue detenido por policías municipales de Romita y trasladado a barandilla. Posteriormente, Carlos y Daniela llegaron a la comandancia para conocer la situación de Juan Pablo, donde habrían sido detenidos por el entonces director de la Policía.
De acuerdo con las investigaciones, una persona que se hizo pasar por familiar de los jóvenes pagó una multa para su liberación. Cerca de la medianoche, los tres salieron de la cárcel, pero nadie volvió a verlos. Sus familiares denunciaron su desaparición y, cinco días después, sus cuerpos fueron encontrados con impactos de bala en una fosa clandestina en la comunidad de El Escoplo, cerca de la carretera a Puerto Interior.
Por lo anterior, la PRODHEG determinó que sí hubo desaparición forzada y emitió una recomendación en la que el presidente municipal de Romita deberá ofrecer una disculpa pública, así como una compensación económica a los familiares.
“De acuerdo a nuestras investigaciones de derechos humanos y en atención a lo que establece de norma, señalamos que hay ciertas condiciones a través de las cuales nosotros logramos acreditar que se dio esta desaparición forzada a manos de estas personas”, comentó Karla Gabriela Alcaraz.
Alcaraz Olvera aseguró que la intención de esta reparación es visibilizar la gravedad del caso y dejar claro que no puede repetirse, incluso considerando la inhabilitación para cualquier cargo público.
HLL