Estados Unidos. Un juez federal comenzó el análisis sobre si a los detenidos en una instalación temporal para inmigrantes en los Everglades de Florida se les han negado sus derechos legales.
En la segunda de dos demandas que impugnan las prácticas en la instalación conocida como Alligator Alcatraz, abogados de derechos civiles solicitaron una orden para garantizar que los detenidos tengan acceso confidencial a sus abogados, lo cual, según ellos, no ha sucedido. Los funcionarios de Florida disputan esa afirmación.
Los abogados también buscan que el juez federal de distrito, Rodolfo Ruiz, designe un tribunal de inmigración con jurisdicción sobre el centro de detención, de modo que se puedan presentar peticiones de fianza o liberación. Alegan que las audiencias han sido rutinariamente canceladas porque los jueces no reconocen jurisdicción sobre los detenidos en los Everglades.
Durante la audiencia del lunes, los abogados del gobierno indicaron que se designaría al tribunal de inmigración del Centro de Procesamiento de Servicios Krome North, en el área de Miami, como la instancia con jurisdicción sobre Alligator Alcatraz, para atender algunas preocupaciones constitucionales. El juez advirtió que no deberían modificar esta designación sin una justificación válida.
Disputa por la jurisdicción
Antes de abordar el tema central sobre los derechos de los detenidos, el juez Ruiz cuestionó si la demanda fue presentada en la jurisdicción adecuada. Aunque la pista donde se construyó la instalación pertenece al condado de Miami-Dade, los demandados alegan que el centro se ubica en el vecino condado Collier, bajo el distrito medio de Florida.
Ruiz sugirió que el caso contra los demandados federales podría mantenerse en el distrito sur, mientras que el correspondiente al estado tal vez deba trasladarse. Las partes acordaron que, si se reubican las quejas contra el estado, también se trasladarían las denuncias federales. Aún se desconoce cómo afectaría esto el resultado final del caso.
Restricciones en Alligator Alcatraz
La otra preocupación clave gira en torno al acceso legal. Los abogados civiles denuncian que las reuniones con los detenidos no han sido privadas ni confidenciales, como ocurre en otras instalaciones. También han enfrentado demoras y requisitos de notificación previa poco razonables que obstaculizan la representación legal.
Se alega además que oficiales han presionado a los detenidos para que firmen órdenes de remoción voluntaria antes de consultar a un abogado. Algunos incluso habrían sido deportados sin contar con una orden final de remoción.
En paralelo, otro juez federal analiza si se deben suspender indefinidamente las operaciones en Alligator Alcatraz por incumplimientos ambientales. Mientras tanto, el gobernador Ron DeSantis anunció la apertura de una segunda instalación para inmigrantes, denominada “Depósito de Deportación”, en el norte del estado.
Los funcionarios estatales aseguran que desde el 15 de julio, fecha en que iniciaron las videoconferencias, han autorizado todas las solicitudes de reunión legal, y desde el 28 de julio han permitido encuentros en persona. No obstante, los abogados insisten en que las condiciones en Alligator Alcatraz siguen siendo más restrictivas que en otras instalaciones federales.
Por ahora, la decisión del juez Ruiz se espera en breve.
JB