Washington, Estados Unidos.- Una coalición de 21 fiscales generales estatales demócratas presentó una demanda este lunes en contra de las restricciones impuestas por la administración Trump a los servicios sociales para inmigrantes en el país sin estatus legal, incluyendo el programa federal preescolar Head Start, clínicas de salud y educación para adultos.
Beneficios públicos individuales, como cupones de alimentos y ayuda financiera universitaria, han estado en gran medida fuera del alcance de las personas sin estatus migratorio legal. Sin embargo, las nuevas reglas y directrices del gobierno limitaron además su acceso a programas comunitarios financiados con recursos federales.
La demanda, encabezada por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, sostiene que el gobierno no siguió el debido proceso para establecer nuevas regulaciones y no notificó debidamente las condiciones impuestas sobre los fondos federales. También argumenta que los cambios ocasionarán un daño significativo.
“Estos programas funcionan porque son abiertos, accesibles y están fundamentados en la compasión”, dijo James en un comunicado. “Este es un ataque infundado contra algunos de los programas públicos más eficaces e inclusivos del país, y no lo vamos a permitir”.
Los cambios en las reglas anulan una interpretación de la era Clinton sobre las leyes federales en cuanto al acceso de los inmigrantes a servicios. Las restricciones fueron anunciadas conjuntamente a principios de este mes por los departamentos de Salud y Servicios Humanos, Educación, Trabajo y Justicia.
La demanda señala que implementar verificaciones de documentación migratoria impondría una carga significativa a los programas y, en algunos casos, sería poco realista. Este trabajo adicional probablemente afectaría los servicios que estos programas brindan a ciudadanos estadounidenses, muchos de los cuales provienen de entornos de bajos ingresos y dependen de estos servicios para su salud y educación.
Head Start, un programa federal preescolar que ofrece terapia de desarrollo, cuidado infantil y educación inicial a familias sin hogar o en situación de pobreza, no ha requerido anteriormente que los participantes verifiquen su estatus migratorio.
Algunos proveedores de Head Start han manifestado que no cuentan con el personal ni los recursos para implementar tales controles.
“Es probable que, para algunos programas, los costos de cumplimiento sean tan altos que conduzcan al cierre de los mismos”, afirma la demanda. “Muchos programas de Head Start son entidades pequeñas que operan con márgenes muy reducidos y probablemente cerrarían si enfrentan una carga administrativa significativa”.
Otros programas comunitarios afectados por el cambio normativo incluyen servicios de salud mental en escuelas, líneas de ayuda en situaciones de crisis y tratamientos para trastornos por uso de sustancias.
HLL