Guanajuato.- Activistas por los derechos humanos celebraron que el gobierno de Libia García aborde el problema de violencia sexual contra niños, niñas, adolescentes y mujeres en Guanajuato con tres nuevas iniciativas de ley. Sin embargo, exhortaron a complementar estas modificaciones con políticas públicas claras de prevención.
También pidieron revisar las implicaciones de la creación del Registro Público de Personas Agresoras Sexuales y que el acoso sexual sea considerado una falta administrativa grave, como informó la gobernadora en sus redes sociales la noche del lunes.
Las iniciativas ya se encuentran en el Congreso local.
Críticas y preocupaciones sobre el registro
Verónica Cruz, fundadora de Las Libres, expresó que la creación del registro es positiva, pero advirtió que es necesario conocer el contexto y la efectividad de su implementación, así como si ha funcionado en otros lugares.
Dentro del gobierno estatal tienen a muchos acosadores, ojalá fuera una sanción grave administrativa justo para eso, porque las instituciones deberían ser las primeras en poner la muestra de que están libres de todo tipo de violencia contra las mujeres”, comentó.
Cruz también señaló que uno de los problemas más graves dentro de la estructura del Gobierno del Estado es la cantidad de casos de acoso sexual y hostigamiento laboral de jefes hacia sus subordinadas.
“La complicidad institucional es brutal, de tal forma que las mujeres no se atreven ni siquiera a denunciar porque no pasa nada. Y cuando lo hacen, les terminan diciendo que esto no es violencia que se puede acreditar y, en consecuencia, sancionar”, añadió.
Para Cruz, el aumento de castigos no resuelve esta problemática. Se necesita más efectividad en las instituciones encargadas de prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres. Además, faltan políticas públicas de prevención en el estado.
“No hay nada en el estado sobre políticas públicas efectivas de prevención a las violencias contra las mujeres en todos los espacios de la vida”, subrayó.
La activista también denunció que otros registros, como el de Deudores Alimentarios, no sirven para nada, ya que las mujeres siguen enfrentando situaciones de violencia económica.
“Los deudores siguen sin pagar y en todo caso, este registro servirá para exhibir a los servidores públicos. Ojalá no los contrataran por estar en esa lista”, comentó.
Proteger a las infancias
Mariana Enríquez, directora del Centro de Promoción de los Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes en Guanajuato (NIMA), consideró que las iniciativas son importantes para prevenir delitos que afectan gravemente el desarrollo presente y futuro de las víctimas.
Como cualquier otro tipo de violencia, ser víctima de violencia sexual rompe con la identidad de un niño o niña, quien se supone debería estar en un proceso de conformación identitaria para desarrollarse socialmente”, señaló.
Enríquez apoyó el registro de Agresores Sexuales, especialmente para aquellos que, por su profesión, seguirán en contacto con las infancias tras cumplir su sentencia, como en el caso de maestros o entrenadores.
Sin embargo, advirtió que al modificar las sanciones de los delitos sexuales, se deben considerar muchas variables, como la edad y condición de la persona perpetradora. También destacó que algunos agresores, principalmente varones, son deudores alimentarios, lo que dificultaría su capacidad de pago tras ser encarcelados.
Reformas en materia de violencia familiar
Una de las iniciativas propone una reforma al Código Penal en materia de violencia familiar, para que los agresores no se escuden en beneficios legales que favorecen la reincidencia en las agresiones.
Según cifras oficiales, Guanajuato ocupa el cuarto lugar nacional en violencia familiar, con 11,256 víctimas de enero a agosto de 2025, una tasa de 172.2 víctimas por cada 100,000 habitantes, por encima de la tasa nacional de 135.2.
Otra iniciativa propone modificar la Ley de Responsabilidades Administrativas para que el acoso sexual sea considerado una falta administrativa grave, lo que permitiría su inclusión en las actas correspondientes.
Resultados judiciales
De acuerdo con el Poder Judicial de Guanajuato, en lo que va del año, el 95% de las 180 sentencias por delitos contra la libertad sexual (violación, estupro, abusos sexuales, acoso sexual, hostigamiento sexual, afectación a la intimidad y captación de menores) y el 99% de las 260 sentencias por violencia familiar han resultado condenatorias.
Las iniciativas
La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, presentó tres iniciativas de reforma legal al Congreso del Estado para sancionar con mayor severidad los delitos contra mujeres y niños.
- Registro de Agresores Sexuales: Se propone la creación de un registro público de personas condenadas por delitos sexuales contra niños y adolescentes. Este sistema también servirá como una herramienta de prevención.
- Reforma al Código Penal en violencia familiar: La iniciativa busca evitar que los agresores se beneficien de beneficios procesales como la suspensión condicional, lo que podría permitir su liberación y aumentar el riesgo para las víctimas.
- Acoso sexual como falta administrativa grave: Se propone reformar la Ley de Responsabilidades Administrativas para que el acoso sexual cometido por servidores públicos sea considerado una falta administrativa grave, asegurando despidos inmediatos en caso de denuncias, independientemente de la relación jerárquica.
DAR