Guanajuato.- A pesar de que el Congreso de Guanajuato tiene hasta febrero de 2026 para que entre en vigor la reforma a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información —la cual incluye la desaparición del Instituto de Acceso a la Información Pública de Guanajuato (Iacip)—, la reforma podría ser aprobada en el actual periodo ordinario de sesiones, que corre de septiembre a diciembre de este año.
Esto con el fin de que el Iacip ya no sea incluido en el Presupuesto de Egresos del Estado de 2026, según consideró Alejandro Rocha Pedraza, consejero de ese instituto, durante una plática con reporteros y a pregunta expresa posterior del diario AM.
Lo de enero es una mera suposición personal, basado en mi experiencia personal, de lo complicado que sería abrir un nuevo ciclo presupuestal. Sin embargo, creo que la iniciativa la presentarán en septiembre y eso nos dará luz de los tiempos”, comentó.
El periodo ordinario de sesiones del Congreso local inicia el 25 de septiembre.
El 15 de agosto, en el Periódico Oficial del Gobierno estatal se publicó el decreto de la reforma a la Constitución Política del estado, mediante la cual se desaparece el Iacip y sus funciones, así como algunas obligaciones de transparencia por parte del estado, con el objetivo de homologarla a la reforma federal.
Sin embargo, el artículo segundo transitorio del decreto establece que el Congreso tendrá un plazo de 180 días naturales para reformar las leyes secundarias en la materia, necesarias para cumplir con la reforma constitucional.
Aunque el artículo no lo menciona expresamente, la principal de esas leyes es la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado.
El decreto entró en vigor el 16 de agosto, al día siguiente de su publicación. Es decir, el Congreso tiene hasta el 16 de febrero de 2026 para aprobar la reforma a esa y otras leyes en materia de transparencia.
En cuanto a la extinción del Iacip, el artículo cuarto transitorio establece:
“Una vez que entre en vigor la legislación a la que hace alusión el artículo, se entenderá extinto el Instituto de Acceso a la Información Pública de Guanajuato (…)”
La reforma federal, que desaparece los órganos de transparencia y que debe ser replicada en Guanajuato por mandato del Congreso de la Unión, establece que al desaparecer el Iacip, sus funciones pasarán a la Secretaría de la Honestidad del Gobierno estatal.
Sin embargo, el consejero Alejandro Rocha también consideró conveniente crear un órgano garante del derecho a la información, que tenga las funciones del Iacip, aunque sea más pequeño —no con tres comisionados, sino con uno solo.
Advirtió que si el Congreso no crea un organismo descentralizado que resuelva los recursos de inconformidad con las respuestas de las dependencias públicas —de los tres Poderes, organismos autónomos y los 46 municipios—, la única alternativa que quedará para ciudadanos y periodistas será interponer un amparo o acudir al organismo “Transparencia del Pueblo”, creado por el Gobierno Federal después de la desaparición del Inai.
Y si mediante esos recursos no se obtiene la información solicitada, ya no habrá ninguna otra instancia a la cual recurrir.
Secretaría de la Honestidad asumiría funciones
Una reforma constitucional en Guanajuato disolverá el IACIP.. En su lugar, las responsabilidades de acceso a la información y protección de datos se transferirán a las dependencias del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como a otros órganos autónomos del estado. Este cambio radical busca una supuesta simplificación administrativa.
La mayor parte de las funciones del IACIP (86%) serán absorbidas por la Secretaría de la Honestidad del Poder Ejecutivo, que se convertirá en la nueva instancia garante del derecho a la transparencia y rendición de cuentas. El 14% restante de las responsabilidades se distribuirá entre ocho instituciones, incluyendo al Poder Legislativo, el Poder Judicial y la Fiscalía.
Este nuevo modelo de transparencia en Guanajuato cambia la forma de operación, ya que las resoluciones, que antes las tomaba un consejo de tres miembros, ahora serán responsabilidad de una sola persona. El IACIP continuará sus operaciones hasta que se aprueben las leyes secundarias, con un total de 1,682 recursos de revisión pendientes que serán transferidos a los nuevos órganos.
La reforma a la Ley de Transparencia estatal tiene como fecha límite para su implementación el 15 de febrero de 2026. A pesar de la desaparición del instituto, la Secretaría de la Honestidad asumirá la tarea de garantizar el derecho de los ciudadanos a la transparencia, y será la encargada de resolver las solicitudes en los municipios y el Poder Ejecutivo.
¿Se puede garantizar transparencia?
Julieta del Río Venegas, expresidenta del INAI, propone que para garantizar la transparencia en Guanajuato tras la reforma que desaparece al IACIP, el Congreso local cree un órgano desconcentrado. Este organismo, aunque no sea autónomo, debe ser el garante del derecho a la información. La funcionaria advierte que si las funciones se transfieren a la Secretaría de la Honestidad, que depende del Poder Ejecutivo, el acceso a la información podría politizarse.
Del Río Venegas subraya que si la transparencia queda en manos de una dependencia que responde a la Gobernadora, se perderá la confianza de la ciudadanía. La exfuncionaria del INAI mencionó que en el nuevo órgano federal, las dependencias ganan el 99% de los casos, por lo que este no es un modelo que funcione para el público. Por eso, recomienda que el órgano desconcentrado debe estar integrado por profesionales con un perfil adecuado y sin afiliaciones políticas.
La expresidenta del INAI estuvo en Guanajuato el pasado 28 de agosto para presentar su libro “Luz en la sombra” y durante una entrevista enfatizó la importancia de que el personal del nuevo órgano sea profesional y no tenga vínculos con partidos políticos para evitar la politización. Esto es clave para que los ciudadanos confíen en el nuevo sistema y puedan ejercer su derecho a la información de manera efectiva.
En este contexto, la expresidenta del INAI sugiere que el nuevo organismo desconcentrado debe ser la instancia encargada de resolver los recursos de revisión y atender las solicitudes de los ciudadanos, de forma que se mantenga la independencia en las decisiones y se evite el sesgo político que podría afectar el acceso a la información y la rendición de cuentas del gobierno.
AAK