Guanajuato.- Por considerar “inadmisibles” y “absurdos” los argumentos con los que se postergó la dictaminación de la iniciativa sobre matrimonios igualitarios, la organización Amicus promovió un juicio de amparo en contra del Congreso del Estado de Guanajuato.
A finales de junio, la propuesta para modificar la definición de matrimonio en el Código Civil estatal fue “congelada” en la Comisión de Justicia, luego de que los diputados del PAN votaron en contra, justificando la falta de una consulta a personas con discapacidad.
Juan Pablo Delgado Miranda, director de Amicus, informó que emprendieron un proceso legal para revertir la postura de los legisladores sobre un derecho que desde 2021 ya está reconocido en el Reglamento del Registro Civil estatal, el cual permite las uniones igualitarias sin necesidad de un amparo.
La problemática en concreto es el hecho de que se posterga con argumentos que son inadmisibles; por un lado, el asunto absurdo de la consulta a personas con discapacidad”, declaró este martes el abogado y activista.
Señaló que esa supuesta consideración hacia un sector vulnerable tiene, en realidad, un efecto contrario: “El hecho de poner a consulta los derechos de una población, automáticamente les vulnera”.
Los diputados del PAN que votaron en contra de discutir el tema en la sesión de la comisión fueron Susana Bermúdez Cano, Karol Jared González Márquez y Rolando Fortino Alcántar Rojas. En contraste, los votos a favor de Ruth Tiscareño (PRI) y María Eugenia García Oliveros (Morena) no fueron suficientes.
“Por otro lado, los pretextos que se han ofrecido —quizás no en el seno de la comisión, pero sí en las opiniones públicas de los legisladores—, ‘si se le llama matrimonio o no, si es otro tipo de acto de carácter civil’, nos parece un supuesto suficiente como para poder demandar al Congreso”, agregó Delgado Miranda.
Confían en ganar
Amicus ya había presentado en 2021 otro amparo contra el Congreso del Estado por el trato discriminatorio a iniciativas relacionadas con los derechos de las personas LGBTI durante la LXIV Legislatura.
“Tenemos un histórico de haberle ganado al Congreso ya varias veces, entonces consideramos en esta ocasión que la dilación injustificada del procedimiento legislativo podría terminar por conceder el amparo a las firmantes, que son alrededor de 40”, dijo el director.
Explicó que la demanda colectiva se promovió mediante la recolección de firmas ciudadanas, incluyendo a activistas como La Güera Limón y Ricardo Ibelles.
Esperamos que se conceda el amparo, pero la verdad es que primero esperamos que la demanda pueda ser motivo de que haya un cambio de criterio, porque si no, entonces tendremos que esperar a que haya una resolución para efecto de que avance”, apuntó.
Delgado aclaró que el juicio se centra únicamente en la iniciativa de matrimonio igualitario, aunque no descartó recurrir al mismo mecanismo para impulsar la iniciativa contra los Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual y la Identidad de Género (Ecosig), antes conocidas como “terapias de conversión”.
Innecesaria consulta a personas con discapacidad
Cristian Mendoza Vázquez, representante del Movimiento de Personas con Discapacidad región Celaya, coincidió en que no era necesario consultar la iniciativa con ese sector.

“Lo que tenían que discutir en ese momento, la aprobación o negación del dictamen. El dictamen como tal no tiene por qué ser consultado para personas con discapacidad, puesto que no tiene normas que nos atañen directamente”, explicó en entrevista con AM.
Reconoció que en la versión original de la iniciativa sí se incluían artículos inconstitucionales, pues se refería a personas con discapacidad como incapaces.
Lo que hicieron ellos fue quitar el artículo, entonces de alguna manera subsanaron esa inconstitucionalidad que había en la iniciativa original”, añadió.
Mendoza dijo desconocer si los diputados del PAN usaron ese argumento como estrategia para frenar la discusión:
“Pero en caso de que haya sido una estrategia por parte del PAN para dilatar el proceso legal, pues es algo muy insultante hacia las personas con discapacidad, el que nos quieran utilizar para alcanzar sus fines”, lamentó.
DAR
