Guanajuato avanza en la lucha contra el homicidio doloso, ese terrible crimen “de alto impacto” que durante años nos ubicó como el estado más violento del país. En el 2024 éramos un estado de 10, no por una calificación de calidad, sino por el promedio de muertes violentas. Los últimos meses los gobiernos estatal y federal han logrado reducir casi a la mitad el número de tragedias diarias.
Hombres y mujeres; jóvenes y niños sufrieron y sufren lo que jamás imaginamos. El sexenio anterior estuvo marcado por el fracaso para detener lo peor de nuestra historia en tiempos de paz. Hoy sentimos que hay avance; estamos a mitad del camino, es decir, llevamos un promedio de 5 homicidios diarios y Sinaloa cae al infame primer lugar del crimen en el país.
Sabemos que la reducción se debe a algo que faltó durante los mandatos de Andrés Manuel López Obrador y Diego Sinhue Rodríguez. Hubo una falla donde la Federación y el Estado fueron corresponsables de una tragedia continuada. La bolita iba y venía, las acusaciones eran mutuas, la falta de coordinación y, fundamentalmente, la falta de voluntad política permitieron la pérdida de miles de vidas. Porque no es que “se estuvieran matando entre ellos”, como suelen decir los jefes policiacos, sino que criminales e inocentes fallecieron sin necesidad.
Rubén Moreira, ex gobernador de Coahuila, pudo reducir los homicidios dolosos durante su mandato en un 92%. Su receta era sencilla: “el gobernador es el primer responsable de la paz en su estado”. Al asumir el reto de frente pacificó a su tierra. El crimen organizado dominaba Coahuila. Recordamos que el poder de los cárteles era tan grande que hasta tenían un vocero.
Durante los primeros 9 meses del gobierno de Libia García las cosas han mejorado. Lamentamos las masacres repentinas, desapariciones y el asedio de extorsionadores, sin embargo, vemos que hay voluntad de tener un verdadero nuevo comienzo. Diego prometió un “golpe de timón” hace siete años, cuando hacía campaña. No sirvió de mucho. Nunca cambió de estrategia ni de líderes; el resultado fue ese terrible número de 10 homicidios diarios.
El futuro se ve mejor porque el Congreso le acaba de dar todas las facultades y herramientas a los órganos de seguridad para mejorarla. Si se usa contra el crimen organizado y no contra los opositores, la posibilidad de localizar teléfonos e identificarlos con sus dueños, ayudará mucho para disminuir secuestros, extorsión y, en suma, la impunidad.
Es increíble que no se puedan inhibir las señales de celulares en las prisiones; es increíble que un ciudadano pueda comprar tantos móviles como quiera y que sean “desechables”, sobre todo, hacerlo en forma anónima. No tenemos certeza de que el cambio de INE a CURP y el registro de datos biométricos puedan ser usados con fines de espionaje político, sin embargo hoy cualquier firma de documentos notariales requiere que el fedatario identifique al signatario con su huella digital para corroborar identidad. Antes cualquier persona con una credencial del INE falsa podía firmar una escritura, ahora sus huellas se transmiten al INE para certificar su identidad.
Para un celular hoy sólo se necesita pagarlo y listo. Eso cambiará. Para pacificar Guanajuato, Omar García Harfuch y Libia García contarán con la tecnología necesaria para salvar miles y miles de vidas. Queremos que Guanajuato sea un estado de cero, que regrese la seguridad perdida.