El mentir, es una “tradición” que la opinión pública relaciona con el ejercicio de la política o autoridad. Pareciera que se entiende y se acepta por parte de las poblaciones que integran una sociedad democrática, que en algún momento los dirigentes políticos no serán sinceros ni francos y se comportarán como mentirosos.
Le podemos llamar “ocultar información” o “tergiversar datos” e incluso entenderlo como secretismo u otras connotaciones similares, pero el hecho es que en la vida política, en cualquier época, la falta de veracidad ha sido una cualidad de aquellos que pertenecen a esas élites.
Además, en tiempos recientes se ha consolidado un ecosistema frágil en el cual existe desinformación, la que al amplificarse es en alto grado responsable de resultados disminuidos en la implementación de políticas públicas.
Es por ello que vale la pena apostar a un mecanismo de homologación de información y uso de lenguaje para prevenir las imprecisiones, inexactitud (o simplemente mentiras francas) y mantener la solidez en las recomendaciones, noticias o comunicados que se emiten a las poblaciones, para evitar que de manera intencionada (o no) se haga mal uso de datos e información, con consecuencias negativas para la salud pública.
Es importante, tratándose de contenido que abarca temas sanitarios, que se implementen en los diversos niveles de gobierno e instituciones, estándares de información que sirvan como eje delineador sobre las mejores prácticas, riesgos asociados y recomendaciones sobre estos temas.
Estos estándares deberán estar orientados a asegurar la calidad de decisiones con respecto a cuidados en salud, protocolos de respuestas ante adversidades o guías para atender condiciones de salud pública, fundamentados en información actualizada, basada en evidencia, apegadas a las recomendaciones de expertos en las diversas áreas del quehacer médico y en colaboración con otros entes, instituciones, empresas o sectores. Será importante y trascendente que esta información tenga un chequeo de veracidad, para que las decisiones tomadas a partir de ella sean en la medida de lo posible y bajo la mejor expectativa, benéficas para las poblaciones.
Esta verificación, será importante que garantice la seguridad y privacidad de las audiencias y generadores de información y de igual manera apelar a la libertad de expresión. Es fundamental no generar vulnerabilidad al momento de producir información “binaria” o dicotómica simplona, en la que para un segmento de la población sea de carácter útil o veraz y para otro sea lo contrario. El tener expertos que sean capaces de traspolar hechos, recomendaciones o políticas públicas a un lenguaje que apele a las diferentes condiciones culturales, demográficas, estructurales y sociales de las poblaciones, que les haga entender y apropiarse de esta información para interiorizarla y darle un significado para la vida cotidiana, es fundamental.
Es lamentable, porque no hay otra connotación apropiada, que líderes en el ámbito de la salud, incluso con cargos formales de alta dirección, sean incompetentes en enviar mensajes claros, oportunos, basados en la mejor evidencia disponible y libres de sesgo político, religioso, económico, entre otros, lo que conduce a confusión poblacional y desprecio consiguiente a las decisiones tomadas o recomendaciones emitidas, al considerar como mitómanos y mentirosos a estos emisores de información.
En el ámbito de la salud, es aterrador el no poder creerle a las autoridades sanitarias.