Acabó la primera mitad del sexenio del presidente AMLO, quien invirtió su enorme capital político en algunas reformas que buscan redistribuir mejor la riqueza; aunque, si lo medimos por resultados, su gobierno tiene al País sumido en las 3 grandes crisis sin resolver: inseguridad, recesión económica y pandemia sin controlar.
Con el enorme peso legislativo que tuvo Morena los tres primeros años y los demás partidos del presidente, AMLO no tuvo ya tiempo de hacer más reformas clave que había prometido, como la reforma electoral.
Aunque no es imposible, considero que todavía tendrán tiempo los partidos del presidente AMLO para plantear algunos de los grandes reclamos que, en cuestiones electorales, la sociedad ha exigido. Una de ellas es la reducción del tamaño del Congreso y la eliminación de las diputaciones y senadurías plurinominales, -aquellas que no son electas en forma directa por el pueblo, sino que son definidas por los partidos políticos-.
Está también la exigencia de reducir las enormes y ofensivas prerrogativas electorales que se entregan a los partidos políticos y una tercera, que es la fusión de los institutos electorales estatales en el INE.
Descarto de este análisis, la posible desaparición del INE que ha buscado el Presidente AMLO y su partido, toda vez que el instituto electoral recibió un apoyo general de la sociedad mexicana a pesar del asedio y ataques que le hizo sistemáticamente por meses el Presidente. Considero que esa posibilidad es nula no solo porque Morena requeriría más partidos aliados, sino porque la sociedad consideró en este proceso electoral, al INE y a su autonomía, como activos de la Nación.
De las tres reformas que mencioné anteriormente, le incrementaría popularidad al Presidente si lograra reducir el tamaño del Congreso y las prerrogativas electorales, pues las mediciones nacionales muestran una contundente inclinación de los ciudadanos hacia eliminar plurinominales y reducir el subsidio a los partidos políticos.
No necesitamos comprobarlo. Es digamos, verdad probada. Lo que estaría en duda, es si el Presidente intentará incluir en la inminente reforma electoral, la fusión de los institutos electorales al INE y con ello, lograr importantes ahorros.
Aunque esto es necesario, -no solo por la duplicidad de funciones que tiene con el instituto nacional y porque representan los 32 institutos una enorme cantidad de recursos públicos consumidos-, no veo contexto suficiente para que el Presidente lo intente. Podría, eso sí, proponer que se transformen en institutos no solamente electorales, sino de “participación ciudadana”, pues muchos tienen ya en sus estatutos orgánicos, explícitamente la labor de fomentar la cultura ciudadana, aunque no lo incluyan en el nombre institucional.
El de Guanajuato, por ejemplo, el IEEG Instituto Estatal Electoral de Guanajuato, a diferencia de la mitad de los organismos equivalentes estatales, no incluye el referente de “participación ciudadana”. Esto, le convertiría en el IEPCG, Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guanajuato. Y aunque esto pareciera un cambio de forma, en realidad, sería de fondo, pues la dinámica social en el mundo, nos lleva cada vez más, hacia mecanismos innovadores de participación ciudadana, como el referéndum, el plebiscito y la consulta popular, poco o nada exploradas en nuestro estado.
La consulta que convocó el presidente AMLO para enjuiciar a los “actores políticos del pasado” tendrá, en mi opinión, un efecto contrario a la participación, pues al tener un contenido político a favor de su partido Morena, representa una tendencia mundial, donde paulatinamente habrá mecanismos digitales o directos para que, con simplicidad y bajísimos costos, los ciudadanos podamos opinar y decidir sobre temas claves de la vida nacional.
El INE organiza ya este ejercicio y que provocará costos enormes y que no alcanzará el 40% de la lista nominal de electores para que sea “vinculatoria”. Considero que lo único claro es que el Presidente debería aplicar la ley y pedir juicios legales a los funcionarios del pasado y no invitar al pueblo a que haga un “circo romano” para enjuiciarlos en una consulta pública y así quemar la utilidad que tiene la consulta como mecanismo de participación ciudadana.
*Consejero local del INE