La Procuraduría de Justicia investiga la falsificación de cédulas profesionales de falsos especialistas que trabajaban para la Secretaría de Salud del Estado.
Las denuncias por presunta falsificación las presentó la Coordinación de Asuntos Jurídicos de la Secretaría.
Una de las denuncias fue contra un empleado que se ostentaba como especialista en radiología, con una cédula profesional presuntamente alterada.
Sobre este caso se inició la averiguación previa 18289/2013, en una Agencia Investigadora del Ministerio Público de León.
Una auditoría determinó que el falso radiólogo cobró 174 mil 962 pesos en su cargo como especialista.
Al margen del procedimiento legal que se sigue en su contra por falsificación de documentos y usurpación de profesión, se le obligó a reintegrar el dinero que había cobrado indebidamente.
Los pagos a este falso funcionario se hicieron con recursos federales del Seguro Popular, según constató AM en el expediente del caso.
Roban cédula
La Secretaría de Salud también denunció a un enfermero que ostentaba una cédula profesional que en realidad correspondía a una doctora con especialidad en Medicina Familiar.
El documento fue falsificado para poner la fotografía y el nombre del enfermero, en el sitio de la doctora.
El hallazgo de la presunta falsificación lo realizaron auditores del Órgano Superior de Fiscalización en el transcurso de 2013, y de inmediato iniciaron la investigación del caso, la cual concluyó con una denuncia penal. La Procuraduría de Justicia de Guanajuato tiene abierta una averiguación previa.
En el expediente del enfermero Donato Anaya Arias los auditores encontraron dos cédulas profesionales. La primera con número 3270190, con fecha de expedición 12 de junio de 2001, con la que pretendía avalar los estudios a nivel especialidad de enfermero general, y la segunda fechada el 22 de enero de 2010 que avala estudios de Técnico en Enfermería, egresado del Conalep.
Pertenecía a doctorade Baja California
Los auditores solicitaron a la Secretaría de Educación Pública (SEP) cotejar los documentos, y el Director de Autorización y Registro Profesional confirmó que la cédula 3270190 no correspondía al enfermero, sino a una doctora de nombre María Teresa Figueroa García, originaria de Baja California, actualmente de 63 años de edad.
Según las bases de datos de la SEP, la doctora había sustentado su examen como especialista en Medicina Familiar en febrero de 1980, pero el registro de la cédula se realizó hasta el 11 de enero de 2001.
La otra cédula que aparecía en el expediente del enfermero sí era verídica. De acuerdo con el expediente de la SEP, éste validó sus estudios como técnico en enfermería el 15 de agosto de 2008 en un Conalep del DF, y su cédula se inscribió hasta enero de 2010.
Cuando los auditores cuestionaron al enfermero sobre la falsificación de la cédula, aseguró que él no la había proporcionado a la Secretaría de Salud.
Por esa razón, la denuncia se levantó contra quien resulte responsable por el delito de falsificación y de usurpación de profesión. El enfermero sigue trabajando en la Secretaría de Salud estatal hasta que se concluya la investigación del caso.
Sin especialidad
Los auditores también pidieron a la SEP verificar los datos de una trabajadora del sector Salud que se ostentaba como especialista en Medicina Familiar.
La búsqueda determinó que la empleada, de nombre Lidia Araujo, tampoco aparecía en el registro de profesiones.
La Secretaría de Salud, a través de su área de Comunicación, precisó que en el caso de esta empleada, formó parte de un programa que diseñó la Federación para desarrollar las competencias ocupacionales.
Esto significa que se dio la oportunidad a quienes contaban con experiencia laboral en el tema de salud, para que pudieran practicar y de esta forma continuar con sus estudios y titularse.
La empleada presentó los exámenes para escalar a otro nivel, pero cuando se hizo la auditoría todavía no contaba con la especialidad.
Actualmente ya cuenta con todos sus documentos.
Más casos
El año pasado, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reportó que al revisar una muestra de 100 expedientes de personal de la Secretaría de Salud de Guanajuato, con categoría de médico especialista, se verificó que tres doctores carecían de la cédula profesional que acreditara la especialidad correspondiente.
Esos falsos especialistas cobraron 205 mil 700 pesos, dinero que fueron obligados a reintegrar.
Este problema de los falsos especialistas viene desde la administración estatal anterior.
En 2012, por ejemplo, la ASF detectó pagos por 805 mil 900 pesos a dos médicos especialistas que no contaban con ningún tipo de documento (cédula, título o diploma) que acreditara su nivel de estudios.
¿Qué dice la ley?
En el Código Penal Federal, en el artículo 243 hace mención de que el delito de falsificación se castigará tratándose de documentos públicos, con prisión de cinco a quince años y de doscientos a trescientos setenta días de multa. En el caso de documentos privados, con prisión de un año a cinco años y de ciento ochenta a trescientos sesenta días de multa. Si quien realiza la falsificación es un servidor público la pena aumentará hasta en una mitad más.
Refuerzan controlen contrataciones
A partir de que se detectó la falsificación de cédulas profesionales, las medidas de control se reforzaron en la Secretaría de Salud de Guanajuato.
Antes se contrataba al personal y luego se verificaba la veracidad de los documentos presentados.
Ahora hay una revisión estricta en la documentación que presentan los trabajadores de la salud al momento de ser contratados, aseguró un representante del área de Comunicación.
Una auditoría realizada en 2013 por el Órgano Superior de Fiscalización ilustra la falta de control que existía en la Secretaría de Salud.
Aquel año, 18 trabajadores cobraron más de 6 millones de pesos sin haber presentado la documentación que acreditara sus estudios en el área de la salud.
Por ejemplo, cuatro médicos que cobraban como especialistas en clínicas de León e Irapuato no tenían en su expediente la cédula profesional que acreditara su nivel de estudios.
Juntos, esos cuatro médicos cobraron 1 millón 609 mil pesos sin acreditar con documentos su especialidad.
Otros casos: las jefas de servicios en el área de enfermería en hospitales de Irapuato, San Diego de la Unión y Guanajuato cobraron 936 mil pesos sin presentar su cédula o título expedido por alguna institución de nivel superior acreditada.
Otras cuatro empleadas, que cobraron más de un millón de pesos como enfermeras tituladas A, no presentaron ni siquiera el título de nivel técnico.
Dos empleados del Hospital de Irapuato, que cobraban como Citotecnólogos nivel A, no pudieron acreditar su formación.
El requerimiento mínimo para estos profesionistas de nivel técnico es de bachillerato con un curso especializado de al menos dos años, en el área de patología.
Uno de los empleados sólo acreditó un curso con un año de formación y el otro un curso de citología ginecológica.
Un verificador o dictaminador sanitario, que debió haber presentado al menos la carta de pasante de licenciatura para ser contratado, no contaba con el documento de preparación.
A estos tres empleados les habían realizado pagos por casi 700 mil pesos.
Para evitar casos como los antes descritos, la Secretaría de Salud de Guanajuato ahora coteja con la SEP los antecedentes académicos de todos los aspirantes a ser contratados.
Presunto falsificador no fue despedido
El enfermero Donato Anaya Arias, quien presuntamente falsificó la cédula profesional de una doctora de Baja California, sigue trabajando en la Secretaría de Salud de Guanajuato.
El área de Comunicación de la Secretaría confirmó que el enfermero no ha sido dado de baja y continúa laborando como técnico en enfermería.
Está asignado a una clínica del municipio de Jerécuaro, que depende del Hospital de Acámbaro.
Al cuestionar por qué no se cesó al enfermero, un representante del área de Comunicación aclaró que en el momento en que ingresó como trabajador de la Secretaría de Salud adquirió derechos y la Ley lo ampara.
No se puede cortar de tajo con la relación laboral porque no se ha determinado si incurrió en algún delito, explicó el vocero.
A pesar de que se denunció la falsificación desde septiembre de 2013, el Ministerio Público no ha concluido la investigación y por lo tanto no se puede proceder legalmente.
El vocero explicó que cuando se contrató a este enfermero, no se llevaba un control estricto al interior de la Secretaría.
Los documentos que se presentaban se verificaban posteriormente.