El regidor priísta Rubén Aguilar Camarillo denunció los malos manejos que se han realizado en el Instituto Municipal de Vivienda de Irapuato (Imuvi), pues aseguró que no hay transparencia en los resultado, ni en la firma de contratos con las constructoras.
Señaló que es necesario que la ciudadanía esté enterada de los manejos que se hacen en todas las dependencias e institutos que forman parte del Ayuntamiento, y dijo que el presidente municipal, Sixto Zetina Soto ha ocultado información, ya que no ha mostrado ningún tipo de resultados y gobierna de manera totalitaria.
En 2005, durante la sesión ordinaria número 52 del 14 de junio se autorizó la venta de 423 lotes, esta venta se publicó en el periódico oficial, donde se informaba que los terrenos estaban desafectados, pero según palabras del Regidor, la situación no es cierta.
Aguilar Camarillo indicó que en 2012 el Ayuntamiento autorizó la venta de estos lotes donde se construyó el fraccionamiento Bellas Artes, este contrato estaba condicionado al finiquito de todos los juicios que tiene en contra el Imuvi, y señaló que los anteriores presidentes municipales dieron en garantía terrenos como si fueran de su propiedad.
Con contratos y registro de los juicios que ha enfrentado el Imuvi, el regidor priísta mostró las fallas y anomalías que asegura, tiene el instituto en su funcionamiento, en los que se han estado mostrando actos de dominio, pues han puesto en garantía lotes a 2 constructoras, y no debían hacerlo. De los 24 juicios que existen en el municipio, sólo uno corresponde a 30 lotes dados en garantía.
“El instituto debió haber estructurado los lotes que habían comprado, para que estas sociedades los pudieran dar en garantía, se da una simulación de actos jurídicos (…) me pregunto yo, ¿Qué interés existía de parte de estas constructoras?”, dijo.
Asimismo, cuestionó la falta de información por parte de Sixto Zetina Soto, pues en los 7 meses que han transcurrido de la administración no ha hecho nada, y dijo que con estas acciones está protegiendo a la fracción de su partido (PAN).
Señaló que los contratos, firmados por Eduardo Navarrete Castillo, presidente del Consejo y María Dolores Alcántara Soria, directora general, no están bien redactados y claramente muestran la invalidez de los mismos, pues son contratos de compra-venta que no se llevaron a cabo por escritura pública.