Sebastián Rivas Catena, de 22 años de edad, estuvo tres meses en la cárcel de Redwood City, California, por un accidente vial.
Al dar vuelta en una calle chocó con un vehículo estacionado. A pesar de que tenía asegurado su coche y de que trató de negociar el pago de daños, los propietarios del auto afectado llamaron a la Policía para pedir que lo arrestaran.
Los agentes le pidieron a Sebastián su licencia de manejo y su número de Seguro Social. Al no presentarlos, se lo llevaron al Centro de Detención de Inmigrantes. Casi de inmediato, las autoridades iniciaron un proceso para deportarlo por no tener un estatus legal en Estados Unidos.
En instantes, la vida de Sebastián dio un giro. Estaba a punto de sumarse a la lista de un millón de mexicanos que entre 2009 y 2012 fueron arrestados en territorio estadounidense y repatriados por no tener residencia legal.
Por fortuna, su edad fue clave para frenar la repatriación. Logró acogerse a un programa que suspende las deportaciones de personas que ingresaron a Estados Unidos cuando eran niños. Como él, ya suman más de 375 mil los jóvenes que han evitado ser regresados a México.
Liberación en 10 mil dólares
Marcela Catena, mamá de Sebastián, es integrante de las organizaciones ‘Misión y Compromiso’ y ‘Padres Unidos’, quienes la asesoraron para evitar la deportación de su hijo.
“Nunca firmes tu deportación voluntaria, te vamos a sacar”, era la consigna que le hacían los activistas de ambas organizaciones.
“Si no firmas la deportación voluntaria es estar en cárcel todo el proceso; puede tocarte tu juicio en una semana, al día siguiente o en seis meses”, dijo la mamá.
“A mi hijo lo amenazaban con enviarlo a una cárcel en otro estado sin posibilidad de ver a la familia, era una manera de ejercer presión. Afortunadamente lo mandaron a una cárcel en donde lo podía visitar a diario. Fueron momentos emocionalmente muy fuertes, yo lo animaba porque él estaba rodeado de gente que había cometido delitos de asesinato, violación. De esas visitas salía hecha un mar de lágrimas. Aguantar, era la consigna”.
Luego de tres meses, un juez ordenó la liberación de Sebastián, mediante el pago de una fianza de 10 mil dólares.
“Mis compañeras de asociación me ayudaron juntando mil dólares, vendí uno de mis autos, juntamos los primeros diez mil”, relató Marcela.
“Finalmente mi hijo salió libre bajo fianza, pero sigue su proceso de deportación”.
En el transcurso de mayo se realizó una audiencia, en la que Sebastián demostró que sigue sus estudios, que lleva una vida honesta, alejado de pandillas y sin problemas de drogas.
“Mi hijo, al tener una orden de deportación, el Estado lo quiere sacar del País. Nuestro trabajo, con el abogado de migración, es buscar la manera de convencer al juez que es un buen ciudadano, que va a la escuela, que trabaja con la comunidad, que no ha cometido ningún delito y evitar así la repatriación”, explicó Marcela.
“Actualmente mi hijo está libre, con un proceso de deportación. Vive con miedo, no maneja porque no tiene licencia, además tiene pánico de que con cualquier infracción que cometa lo agarre la Policía”.
Sebastián llegó a Estados Unidos en el año 2005, cuando tenía 15 años de edad.
En compañía de su mamá y sus hermanos de 10 y 17 años, cruzó la zona desértica de Arizona.
“Nos dijeron que tardaríamos ocho horas caminado. Cuando pasaron las primeras horas, nos hicieron dormir en un arbusto. En el día dormíamos y por la noche teníamos que caminar. Cuando escucháramos el helicóptero teníamos que correr a refugiarnos. Caminamos por cinco días sin comer; agarrábamos agua de los bebederos de las vacas”, relató la mamá.
Se apuntan 375 mil ‘dreamers’
Como Sebastián ingresó a Estados Unidos cuando tenía 15 años de edad, es candidato a obtener la residencia legal, en base al llamado Programa de Acción Diferida para Arribo de Infantes (DACA, por sus siglas en inglés).
Dicho programa protege de la deportación a todas aquellas personas que llegaron a Estados Unidos antes de cumplir los 16 años de edad y que estén estudiando.
Pero además, los llamados ‘dreamers’ podrían lograr una vía rápida para lograr en 5 años la residencia permanente y la ciudadanía, si se aprueba la reforma migratoria que está pendiente en el Senado.
Un informe del Servicio de Inmigración de Estados Unidos revela que al cierre de abril de 2013 ya sumaban 375 mil 568 jóvenes mexicanos los que se habían registrado en el programa DACA para evitar la deportación y aspirar a obtener la residencia legal.
Del total de solicitantes, 230 mil 821 jóvenes ya fueron aceptados en el programa. Tan sólo de enero a abril de 2013 se inscribieron para evitar la deportación más de 85 mil mexicanos.
Llegó a EU como bebé
Eduardo Juárez, originario de Irapuato, Guanajuato, también podrá acogerse al programa de suspensión de deportaciones.
Este joven, actualmente de 15 años de edad, fue llevado por sus papás a California cuando tenía seis meses de edad.
La familia cruzó la frontera en 1998, por Agua Prieta, Sonora.
“Sólo nos tomó diez minutos entrar. Pasamos escondidos por detrás de la garita y no nos vieron”, relató la mamá del joven irapuatense.
“Tomamos la decisión de irnos para Estados Unidos en busca de una mejor economía”.
Eduardo estuvo detenido durante una semana en un centro de arresto para adolescentes, tras haber sido reportado como sospechoso de robo.
“Lo mantuvieron así hasta las averiguaciones para ver si lo liberaban o lo dejaban detenido. A pesar de ser indocumentado, como es menor de edad, no tuvo mucho problema. El abogado apeló porque tardaron en procesarlo más del tiempo legal, así que sólo estuvo detenido 7 días”.
Cobran a paisanos multa… ¡de $3 millones!
Dos años de cárcel y el pago de una multa de hasta 250 mil dólares (más de 3 millones de pesos) es la pena que la Ley considera para los mexicanos que reingresan a Estados Unidos, después de haber sido deportados.
Ese es el castigo que se pretende aplicar a Rocío Veloz, una mujer guanajuatense de 28 años de edad, quien el pasado 13 de enero de 2013 fue acusada ante un tribunal federal en Erie, Pennsylvania.
El reingreso, tras una deportación, es calificado como una falta grave a las leyes federales, sin posibilidad de libertad condicional.
Rocío había sido expulsada de Estados Unidos en dos ocasiones: el 27 de agosto de 2010 y el 1 de abril de 2011. Retó a las autoridades y volvió a reingresar por tercera vez, por lo que fue detenida, encarcelada y sometida a proceso.
Ante el mismo tribunal fueron acusados los guanajuatenses Samuel González Madrigal, de 30 años; Carlos Viruel Ramírez, de 36; Obed Alejandro Maldonado López, de 28; Ignacio Ayala Rodríguez, de 25; Raúl Fernández Rosas, de 24 y Aurelio Valadez Pérez, de 39.
Todos están presos por haber reingresado ilegalmente a Estados Unidos.
Por el mismo delito, un juez de distrito de Erie condenó a ocho meses de cárcel al también guanajuatense Noé Saldaña Luna, de 22 años, mientras que su paisano Héctor Vázquez Gutiérrez, de 30 años, fue sentenciado en la corte de Cedar Rapids, Iowa, a 41 meses de prisión.
También en esa ciudad norteamericana fue condenado a 10 meses de cárcel, por reingreso ilegal, Valentín López Lona, de 24 años, originario de Guanajuato.
De acuerdo con datos del Servicio de Inmigración, el año pasado hubo casi 65 mil mexicanos detenidos por reincidir en violaciones a las leyes migratorias, sobre todo al reingresar a Estados Unidos tras una repatriación previa.
TESTIMONIOS
Dividen a familias
Al menos 60 mil inmigrantes mexicanos son separados cada año de sus hijos y parejas a causa de la deportación. Estos son tres casos.
El papá en Alabama, los hijos en Irapuato
Rosa se vio obligada a separarse de su esposo para no perder a sus hijos.
Esta mujer, originaria de Irapuato, fue deportada tras reingresar ilegalmente a Estados Unidos.
Al investigar sus antecedentes, los agentes de Servicio de Inmigración descubrieron que Rosa había permanecido seis años como indocumentada, primero en Sacramento, California, y luego en el poblado de Oneonta, Alabama, en donde se había casado.
La mujer promovió una petición de dispensa legal para poder permanecer en Estados Unidos, en compañía de sus dos hijos y su esposo, quien sí es residente.
Mientras se resolvía su petición, la mujer retornó a Irapuato, en compañía de sus hijos. El esposo se quedó en Alabama. De un día para otro la familia se partió.
Un psicólogo clínico de Irapuato determinó que la hija del matrimonio presentaba estrés postraumático. “Llora con facilidad, tiene dificultades para hacer tareas simples y apenas presta atención”.
El hijo de la pareja decayó en su desempeño escolar. “El niño es un chico brillante que ahora parece triste y retraído”, dijo un maestro.
Un médico de Alabama diagnosticó al esposo con problemas de ansiedad y depresión profunda.
Tras cuatro años, las autoridades de Estados Unidos negaron la amnistía. La familia quedó dividida.
Le arrebatan 2 niños
En 1993, cuando tenía 19 años de edad, Juan dejó su pueblo natal en Salvatierra, Guanajuato, para buscar fortuna en Estados Unidos.
En Chicago, Illinois, encontró un empleo estable, compró una casa y en junio del año 2000 se casó. Allá nacieron sus dos hijos, actualmente de 3 y 5 años de edad.
Luego de 18 años de una vida estable, fue arrestado por agentes del Servicio de Inmigración.
De un día para otro, su vida dio un giro. Desesperado porque su deportación implicaría la separación de su familia, Juan recurrió a la Oficina de Apelaciones.
“La esposa y los hijos del solicitante experimentarían dificultades extremas en México, debido a que él ya tiene 37 años de edad y ya no tiene una red de apoyo en México después de haber vivido en Estados Unidos durante 18 años”, expuso la defensa en la apelación.
Además -alegó el abogado- la esposa e hijos carecen de vínculos con México, y su traslado al pueblo de San Pedro de los Naranjos, Salvatierra, de donde es originario el acusado, los dejaría sin acceso de servicios médicos y de educación.
Los hijos de Juan, de 3 y 5 años, están enfermos; uno de asma y el otro sufre convulsiones y requieren tratamiento. Su esposa sólo gana 5.75 dólares por hora (inferior al salario mínimo en EU), por lo que no podría mantener sola a sus hijos.
Pese a los ruegos, la familia quedó dividida. Les negaron la dispensa.
Separados por una mentira
Una mentira provocó la separación de otra familia.
El 29 de noviembre de 1995, Ramiro pidió asilo a las autoridades de EU, con el cuento de que era originario de El Salvador, en donde junto con su familia sufrían persecución por su militancia política.
Sin embargo, años después las autoridades descubrieron que Ramiro no era salvadoreño: su acta de nacimiento mostraba que había nacido en la población La Noria de Barajas, en Pénjamo, Guanajuato, en donde residía toda su familia.
Por esa mentira, fue acusado de fraude y de violar las leyes migratorias de Estados Unidos.
El hombre pidió clemencia. Alegó que estaba casado con una mujer estadounidense, con quien había procreado dos niñas, y que su encarcelamiento y posterior deportación a México, acabaría con la unidad de su familia.
Pero la respuesta de las autoridades fue contundente: su mentira lo volvía un extranjero indeseable.
La esposa intervino y advirtió que si le negaban el reingreso a Ramiro, ella y a sus hijas quedarían en el desamparo, mientras que él quedaría solo en México, pues en su pueblo natal -donde habitan apenas 600 personas-, ya no quedaba ninguno de sus parientes; todos habían emigrado a California.
El perdón no llegó. Al salir de la cárcel, Ramiro fue deportado.