En promedio, sólo una de cada 10 averiguaciones previas iniciadas por el delito de trata de personas en México concluye con sentencia condenatoria, reveló la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
En entrevista, el quinto visitador de la CNDH, Fernando Batista, detalló que de 2009 a 2012 en la PGR y las procuradurías locales se abrieron 906 expedientes por tal ilícito, de los cuales 396 derivaron en con o sin detenido y sólo en 91 hubo sentencia condenatoria.
Dos fallos los obtuvo la dependencia federal y 89, la justicia estatal.
“Un factor importante (de impunidad) es que las autoridades procuradoras de justicia, los agentes del Ministerio Público, tanto a nivel local como a nivel federal, muchas veces no están capacitados para integrar o para conocer de manera específica cómo se tipifica el delito de la trata de personas porque la ley es reciente, novedosa”, señaló el funcionario.
“Pueden confundir el tipo penal con algún otro tipo, como puede ser el lenocinio, cuando en realidad estamos hablando de un caso de trata de personas. Lo que hacemos en la CNDH es capacitar a servidores públicos sobre todo procuradores de Justicia, agentes ministeriales y también autoridades jurisdiccionales para que entiendan el tipo, para que puedan integrar las averiguaciones previas”, agregó.
Uno de los casos más recientes de trata de personas es el de la niña Valeria, de 4 años de edad, quien fue robada en la Plaza Bicentenario Nicolás Bravo en Texcoco el 1º de abril y 12 días después caminaba en San Antonio de Sonsonate, El Salvador.
El rescate de la menor se logró no por intervención de las autoridades mexicanas, sino porque una mujer en aquel País vio la imagen de la pequeña en un programa de televisión y alertó a un familiar en México.
Actualmente, la CNDH integra alrededor de 50 expedientes por trata de personas los cuales involucran a personal del Instituto Nacional de Migración (INM) y autoridades procuradoras de justicia de todos los niveles que por acción u omisión podrían estar colaborando con las redes de tratantes.
Las víctimas, expuso el funcionario, denuncian principalmente casos de explotación sexual y laboral. Hasta el momento no se ha reportado alguno vinculado con tráfico de órganos.
“Por una parte está el desconocimiento, por otra parte está la indolencia en el caso de algunos malos servidores públicos y supuesto de corrupción, efectivamente… también es falta de voluntad”, sostuvo Batista.
Perciben desconocimiento de leyes
Pese a que desde hace más de una década México incorporó a su normatividad el tema de trata de personas, la CNDH ha detectado que una de las causas primordiales de impunidad es el desconocimiento sobre este tipo penal.
En el año 2000, el País y otras 146 naciones firmaron el Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, conocido como Protocolo de Palermo, y tres años después fue ratificado.
Desde esa fecha, el Gobierno mexicano estaba obligado a tipificar el delito y elaborar leyes especiales en la materia, lo cual ocurrió hasta marzo de 2007 cuando fue expedida la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas.
No obstante, para junio de 2012, se abrogó la antigua normatividad y entró en vigor la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos delitos.
El texto establece una pena de hasta 30 años de prisión para quien se beneficie de la explotación de una o más personas a través de la prostitución, la pornografía, las exhibiciones públicas o privadas de orden sexual, el turismo sexual.