Más de 10 mil millones de pesos gastó el Gobierno de Juan Manuel Oliva en la compra de bienes inmuebles.
Gran parte de estas adquisiciones fueron pagadas con sobreprecio y en forma encubierta.
De acuerdo con el informe de la Cuenta Pública de 2012, presentada el fin de semana al Congreso, al cierre del año pasado los bienes inmuebles del Gobierno del Estado ascendían a 10 mil 801 millones de pesos, y todavía quedaban por integrar al padrón más predios que están en proceso de escrituración, por lo que la cifra podría superar los 11 mil millones.
Esta cifra es 44 veces superior a la que se tenía en diciembre de 2006, cuando el valor de los inmuebles del Gobierno estatal ascendían a 242 millones de pesos.
Los detalles de las transacciones fueron ocultadas en algunos casos hasta por 10 años.
Por ejemplo, la información sobre las reservas territoriales del Gobierno para edificar vivienda, se podrá conocer hasta el año 2022. Los detalles de la adquisición de tierras para la fallida refinería, para el tren interurbano y para la instalación de Honda están reservadas por cinco años.
En el primer informe de la Cuenta Pública que rinde el Gobierno de Miguel Márquez se detalla que de 2006 a 2012 se gastaron 5 millones 244 mil pesos en la compra de terrenos y otro monto similar en adquirir edificios o fincas en construcción.
En las adquisiciones de 2006 a 2012 no se incluyen hospitales ni escuelas, ya que esos edificios aparecen en el padrón inmobiliario como donaciones.
Precios inflados
Muchas compras fueron realizadas a sobreprecio.
Los terrenos de la Expo Bicentenario, que en 2009 se cotizaban entre 20 y 40 pesos el metro cuadrado, fueron pagados hasta en 130 pesos, de acuerdo con documentos inscritos en el Registro Público de la Propiedad.
Un avalúo del Gobierno federal determinó que se pagó un sobreprecio de entre 500 millones y 1,300 millones de pesos por las 933 hectáreas para la fallida refinería, mientras que un predio ubicado a un costado de la presa del Palote fue pagado 7 veces más su valor original.
La compra masiva de tierras benefició a por lo menos ocho intermediarios. Tan sólo uno de ellos ganó 33 millones de pesos en comisiones, en negociar predios en Celaya y Salamanca.
Gobierno de Oliva gastó una fortuna en predios
En seis años, el Gobierno de Guanajuato gastó casi 11 mil millones de pesos en la adquisición de bienes inmuebles, revela un informe de la Secretaría de Finanzas.
Más de 5 mil 200 millones de pesos corresponden a la compra de terrenos, la mayor parte de los cuales permanecen ociosos, en proyectos fallidos.
En diciembre de 2006, la Secretaría de Finanzas del Estado reportó que Guanajuato contaba con inmuebles valuados en 244 millones de pesos.
Seis años después, al cierre de 2012, el valor de los bienes inmuebles (terrenos, edificios, construcciones) ya sumaban 10 mil 801 millones de pesos.
El informe de la Cuenta Pública del último trimestre de 2012, entregado la semana pasada por el Gobierno de Miguel Márquez al Congreso del Estado, revela que en seis años se multiplicó 44 veces la adquisición de inmuebles.
Los detalles de las adquisiciones son un secreto de Estado: esa información está clasificada como ‘reservada’ entre 5 y 10 años por la Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo.
Por ejemplo, la información sobre las reservas territoriales del Gobierno, para edificar vivienda, se podrá conocer hasta el año 2022.
La compra de tierras para la fallida refinería y para el Tren Interurbano, así como las cientos de hectáreas adquiridas para regalárselas a la empresa japonesa Honda, están bajo reserva por 5 años.
En los anexos de la Cuenta Pública se incluye la actualización del padrón inmobiliario, pero sin aportar detalles del gasto realizado, ni la ubicación o superficie de los bienes adquiridos.
Un caso: en el padrón del último trimestre de 2012 se incluye la adquisición de reserva territorial en Celaya, la compra de un predio rústico en León y siete lotes para el Fondo de Infraestructura Productiva para el Desarrollo Equilibrado de Salamanca, pero en ningún caso se precisa ubicación exacta ni el desembolso realizado.
Miles de millones en terrenos
De los inmuebles adquiridos por el Gobierno, casi la mitad son terrenos.
La Cuenta Pública precisa que el Estado es dueño de terrenos con valor de 5 mil 244 millones de pesos.
Las adquisiciones de esos predios las realizó entre 2009 y 2012.
Otros 2 mil 987 millones de pesos corresponden a edificios no habitacionales y 2 mil 568 millones a construcciones en proceso.
La compra original de terrenos del pasado sexenio de Gobierno superaba los 7 mil millones de pesos, pero algunos predios ya fueron transferidos a empresas (en el caso de Honda en Celaya y Mazda en Salamanca) o fueron reclasificados como ‘edificios’ o ‘inmuebles en proceso de construcción’.
En este caso están, por ejemplo, las 100 hectáreas que fueron adquiridas entre 2009 y 2010 a ejidatarios de la comunidad El Capulín, en Silao, para edificar la Expo Bicentenario.
Reportes oficiales de la Secretaría de Finanzas detallan que de 2006 a 2012 se pagaron alrededor de mil 400 millones para el proyecto del Tren Interurbano, la mayoría para adquirir el derecho de vía de 150 kilómetros; otros 1,700 millones de pesos fueron para comprar los terrenos de la malograda refinería.
A precios inflados
Una constante en la adquisición de tierras, es que se realizaron a precios ‘inflados’.
Por ejemplo, en la compra de las 933 hectáreas para la fallida refinería, el sobreprecio fue de entre 500 millones y 1,300 millones de pesos.
Un avalúo del Instituto de Administración y Avalúo de Bienes Nacionales (Indaabin) determinó que el valor mínimo de referencia de los terrenos era de 660 mil pesos por hectárea y el valor máximo de un millón 320 mil pesos.
Pese a este avalúo, el Gobierno de Juan Manuel Oliva pagó en promedio en un millón 870 mil pesos cada hectárea.
El sobreprecio por cada hectárea fue de entre 550 mil y un millón 210 mil pesos.
Estos pagos inflados se repitieron en otras transacciones.
En la adquisición de tierras para la Expo Bicentenario, el Gobierno del Estado pagó un sobreprecio de entre 3 y 6 veces
El metro cuadrado en el ejido El Capulín se cotizaba entre 20 y 40 pesos, pero el Gobierno pagó hasta 130 pesos, de acuerdo con documentos inscritos en el Registro Público de la Propiedad.
En abril de 2010, Oliva pagó un sobreprecio de 7 veces por un terreno ubicado junto a la presa El Palote.
La empresa Villa Magna había comprado en 2003 el predio de San Nicolás del Palote a 123 pesos el metro cuadrado y lo revendió al Gobierno de Oliva a 900 pesos el metro cuadrado.
En el momento de la venta al Gobierno, se estima que el valor comercial era de 400 pesos el metro cuadrado.
Oliva también adquirió a sobreprecio una casa en la colonia La Martinica, en León.
Un avalúo que realizó en marzo de 2011 la Presidencia Municipal, determinó que el valor de la casa era de 7 millones 240 mil pesos, pero el Gobierno pagó el triple: 22 millones 795 mil pesos.
La mayoría de estos inmuebles adquiridos a precios ‘inflados’, están abandonados.
La Expo Bicentenario todavía funciona, pero con escasa afluencia de visitantes, y un costo anual de operación de más de 30 millones de pesos.
Un negocio de particulares
La compra masiva de tierras se volvió un negocio de particulares, que fueron contratados –sin licitación de por medio- como intermediarios del Gobierno.
Las condiciones de los contratos son un misterio, pues también están clasificados como ‘información reservada’.
Sin embargo, en auditorías obtenidas por AM se detallan algunos de los pagos millonarios que obtuvieron algunos de estos intermediarios.
Ubaldo Ortiz, el principal ‘coyote’ del Gobierno, cobró más de 33 millones de pesos por comisiones entre 2007 y 2010, en los proyectos ‘Tungsteno’, ‘Everest’ y ‘Cereal y Pastas Finas’.
Los dos primeros proyectos correspondían a las claves secretas que se utilizaban para la compra masiva de tierras para Honda, mientras que Cereal y Pastas Finas fue la empresa fantasma creada para adquirir parcelas para la fallida refinería.
En la negociación de tierras para el Tren Interurbano, el Gobierno pagó a por lo menos 6 intermediarios: el principal fue Carlos Abugaber Giacomán, que a través de su empresa Interespacios cobró 12 millones 532 mil 600 pesos en un solo contrato otorgado en 2007 sin licitación, pese a que excedió 17 veces el monto máximo establecido por la ley para asignaciones directas.
En 2008 la empresa de Abugaber obtuvo otro contrato millonario también sin licitación, para negociar más tierras para el tren.
A la empresa ‘Desarrolladores Integrales Económicos’ se le otorgó un contrato por 3 millones 453 mil pesos y al asesor Fausto Armando Espejel –ex funcionario de la Secretaría de la Reforma Agraria- le pagaron 7 millones más, ambos por participar en el proyecto del fallido tren.
Otras empresas contratadas para el proyecto fueron ‘Consultoría y Asesoría en Negocios’, ‘KPMG Cárdenas Dosal’, ‘Solórzano, Carvajal, González y Pérez Correa, S.C.’ y ‘Servicios de Consultoría y Asesoría para la Evaluación de Proyectos, S.C.’
Crece desde 2009 padrón inmobiliario
El padrón inmobiliario estatal empezó a crecer a partir de 2009, cuando se sumaron las primeras tierras adquiridas para el derecho de vía del fallido Tren Interurbano.
En diciembre de 2008, los bienes inmuebles del Estado sumaban 805 millones de pesos y un año después -al cierre de 2009- ya superaban los 4 mil 348 millones, según información oficial de la Secretaría de Finanzas.
Entre 2010 y 2011 se duplicó el valor de los inmuebles del Gobierno, hasta sumar 8 mil millones.
Al cierre del año pasado, los terrenos y edificios adquiridos por el Gobierno ya sumaban casi 11 mil millones de pesos.
En la relación de inmuebles adquiridos aparecen sobre todo predios para el Tren Interurbano, para la refinería, para la Expo Bicentenario y para el proyecto Tungsteno, en Celaya, que corresponde a los terrenos que el Gobierno le regaló a Honda.
Tan solo en junio de 2012, se dieron de baja del padrón inmobiliario 45 predios “por transmisión a título gratuito” a favor de Honda.
En agosto se otorgaron otros predios a la empresa automotriz, en Celaya.
Las escuelas son integradas al padrón inmobiliario sin ningún valor, pues se trata de predios donados por los municipios.
De 2009 a 2012 sólo se integró al padrón inmobiliario un hospital, el de Abasolo, aunque se trató de una donación de aquel municipio.
Abren información contable… a medias
Con la aplicación de la nueva Ley de Contabilidad Gubernamental se transparentaron sólo algunos rubros de la información financiera del Estado.
A la fecha, Guanajuato es uno de los tres gobiernos estatales que ya cumplió con el proceso de armonizar su información contable, junto con el Estado de México y el Distrito Federal.
La armonización consiste en que todos los estados registren sus finanzas con los mismos conceptos contables, las mismas partidas y bajo un esquema de flujos devengados.
La Ley de Contabilidad Gubernamental establecía que los estados deberían armonizar su contabilidad a más tardar en 2012, y los municipios a partir de 2013.
Lo anterior, para transparentar la información financiera.
El Gobierno de Guanajuato ocupó en 2012 el lugar 25 en el Índice de Información Presupuestal, elaborada por el Instituto Mexicano de Competitividad, por su opacidad en la rendición de cuentas.
Por lo pronto, con la aplicación de la nueva ley, se abrieron algunos rubros financieros.
Por ejemplo, antes el rubro de inmuebles no detallaba qué tipo de bienes había adquirido el Estado.
Ahora, es posible conocer cuánto fue el desembolso en terrenos y en edificios, pero todavía no se pueden conocer detalles de ubicación de los predios, superficie o identidad de los vendedores.