León, Guanajuato.- Familiares de las víctimas fallecidas en la Planta de Tratamiento y Aguas Residuales (PTAR) denunciaron que algunas de las pruebas que agregó Sapal a la carpeta de investigación número 106048/2020, han sido fabricadas.
Identificamos en la carpeta falsificación de documentos por parte del área de Recursos Humanos, de constancias de capacitación e inducción, de dos trabajadores no son sus firmas e incluso en las fechas se equivocaron”, explicó Luis Briseño Rangel, hermano de Víctor Ricardo Briseño Rangel, uno de los trabajadores que falleció.
Como ejemplo expuso que en el caso de Alberto de Jesús Silva Zúñiga, otra de las víctimas y que entró a trabajar el 22 de septiembre del 2020, el Sapal entregó un documento en el que se señala que recibió capacitación el 12 de julio del 2020, es decir, dos meses antes de entrar.
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Ni siquiera es la firma del trabajador y lo firmó y selló Recursos Humanos de Sapal, esperemos se tomen en serio (en la Fiscalía General) que están falsificando documentos en una investigación en curso”, dijo Luis Ángel en entrevista con AM.
A un año de la muerte de cinco trabajadores en la zona de desbaste de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), la Fiscalía informó que continúan las investigaciones y se siguen agregando evidencias que en volumen ya suman seis tomos.
Una de las pruebas más recientes que agregó la paramunicipal a la carpeta fue un dictamen realizado por un perito externo.
Era más que claro que fue comprado, porque ahorita están metiendo una justificación de que probablemente la muerte fue por un error humano, porque algún trabajador dejó una válvula abierta y no fue cerrada de manera correcta”, dijo Luis Angel Briseño.
En la misma carpeta de investigación hay declaraciones del jefe de la planta que Sapal entregó asegurando que todo estaba en orden.
Tras las recomendaciones hechas al Sapal y a la Contraloría Municipal por parte de la Procuraduría General de los Derechos Humanos (PDHG), familiares esperan que se agilicen las investigaciones de la Fiscalía General de Guanajuato, pues la investigación ya lleva 11 meses.
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Como parte de la investigación la Fiscalía ordenó que otro perito revisara el dictamen externo que entregó Sapal para revisar la zona donde había la supuesta válvula abierta, y que es el argumento de la paramunicipal para justificar el accidente.
El despacho Peña García en la parte civil y Jorge Estrada por la parte penal se mantienen como los representantes legales del Sapal.
Hay temas delicados que la Fiscalía ha ignorado, como los 145 puntos de incumplimiento por norma de seguridad e higiene”, aseguró Luis Ángel.
Sapal y trabajadores. Se queda corta la recomendación
Juan de Dios Hernández Araiza, abogado de los familiares de dos de las víctimas fallecidas el 13 de noviembre de 2020 en la planta, consideró que las recomendaciones que hizo la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato se quedaron cortas.
“No realizaron la recomendación al Alcalde, por más que ofrecimos pruebas, su responsabilidad queda asentada en la sesión de Ayuntamiento del 22 de septiembre del año pasado donde hace entrega de la planta a Sapal”, dijo el abogado.
“Decepcionó que tampoco se haya mencionado a la Fiscalía General del Estado, que deja mucho que desear”, añadió.
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Sapal: La investigación aún está en curso
A pesar de que ya pasó casi un año de la muerte de cinco trabajadores de Sapal en la planta de tratamiento de aguas residuales, y también casi un año de que la Contraloría Municipal inició la investigación, ésta aún no termina.
Por consiguiente, aún no se conoce quién es responsable de esta tragedia.
Así lo dio a conocer Viridiana Márquez Moreno, encargada del despacho de la Contraloría Municipal, en entrevista con AM.
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La investigación administrativa la inició la Contraloría Municipal de la pasada administración, que encabezaba Leopoldo Jiménez, el 17 de noviembre del 2020.
La investigación se encuentra actualmente en trámite”, afirmó en la entrevista.
La Ley de Responsabilidades Administrativas establece que cuando se tienen elementos de prueba para determinar una presunta responsabilidad, hay un plazo de 30 días hábiles para enviar el expediente a la autoridad sustanciadora, señaló.
Y en caso de no cumplirse, puede incluir una falta de diligencia o una falta grave.
Sapal: Investigarán al investigador
AM publicó ayer que la Procuraduría de los Derechos Humanos emitió varias recomendaciones a Sapal porque determinó que violó los derechos laborales de los trabajadores fallecidos.
También a la Contraloría Municipal para que inicie un procedimiento de responsabilidad administrativa contra Juan Jesús Estrada, director de Asesorías e Investigaciones de esa oficina.
Al respecto, ayer mismo Margarita Márquez dio a conocer que este funcionario es el que tiene bajo su cargo la investigación de la muerte de los trabajadores de Sapal. Y sigue trabajando ahí.
Y a esa dirección le correspondería iniciar el procedimiento administrativo contra sí misma. Pero como eso no es posible porque hay conflicto de intereses, será otro funcionario de esa área quien la lleve a cabo, pues sí aceptará la recomendación de Derechos Humanos.
Estrada seguirá en su puesto mientras se lleve a cabo el procedimiento administrativo en su contra, se tiene que respetar su derecho de presunción de inocencia, señaló la encargada del despacho.
AM