El exfuncionario del Instituto Hidalguense del Deporte (Inhide), y director del Instituto Municipal del Deporte en Pachuca a finales de 2021, Ricardo Z. R., fue sometido a proceso penal por discriminación agravada contra un niño con síndrome de Down al no permitirle usar la zona de albercas hace cuatro años. Será hasta el seis de junio cuando el juez determine si lo vincula o no a proceso.

Sin embargo, la familia del menor señala que el Ministerio Público (MP) busca no ejercer la acción penal contra la titular de la dependencia Fátima Baños Pérez, a quien acusan como una de las responsables directas, lo cual será impugnado.

AUDIENCIA

Este martes se desarrolló la audiencia inicial del caso penal 225/2020, que da cuenta de la discriminación de la que fue víctima el menor A.D.R.R., con síndrome de Down, en julio de 2018 al no permitirle usar la zona de albercas del entonces Centro Estatal de Alto Rendimiento (CEAR) en Pachuca.

De acuerdo con la familia del niño, los principales responsables del caso de discriminación son Fátima Baños, directora del Inhide; Andrea, quien en su momento fue la profesora que se negó a darle clases al menor; además de Gustavo Trinidad, coordinador de las y los entrenadores, así como Ricardo Z. R., quien era el encargado de la alberca.

Sin embargo, durante la audiencia desarrollada en los juzgados penales de control y juicios orales de Pachuca, el representante del MP solicitó no ejercer la acción penal en los primeros tres implicados referidos. 

Por tanto, la denuncia solo sigue en proceso contra Ricardo Z. R., quien a finales de año fungía como director del Instituto Municipal del Deporte en Pachuca.

DEFENSA IMPUGNARÁ 

Durante las últimas peticiones de la audiencia que duró poco más de dos horas, la asesoría legal de Neptalí Reyes Bolaños y María Zorayda Robles, padre y madre del niño, decidió impugnar la petición del MP por retirar responsabilidades a los funcionaros implicados. Ante ello, se desarrollará otra audiencia con fecha por confirmar.

Al ser cuestionado sobre si la acción de desjudicializar a Baños Pérez, quien es hija del secretario de Turismo Eduardo Baños Gómez, obedece a intereses del funcionario estatal, contestó que no podía emitir declaraciones al respecto debido a que es una audiencia inicial; no obstante, aseguró que esa decisión es dictada por parte de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJEH).

DICTAN MEDIDA CAUTELAR 

En tanto, el juez encargado del caso dictó como medida cautelar la no convivencia ni contacto entre el único acusado, por el momento, Ricardo Z. R., hacia el menor afectado y su familia durante la duración del proceso.

EL CASO

De acuerdo con el testimonio de los afectados, en julio de 2018 el menor identificado como A.D.R.R., acudía a clases de natación en el entonces Centro Estatal de Alto Rendimiento, ubicado en la calle Antonio Chávez Ibarra de la capital del estado.

Todo marchaba con normalidad, el menor se desempeñaba bien bajo la tutela de uno de los entrenadores, hasta que este fue removido de su cargo para dar paso a Andrea, con quien empezaron los problemas, señalaron.

Según los padres del menor, la entrenadora en repetidas ocasiones se negó a darle entrenamiento a su hijo con el argumento de que tenía que estar en clases especiales debido a su condición.

Derivado de ello fue consignado con Gustavo Trinidad y la situación empeoró ya que el entrenador también les mencionó que a su hijo “no se le puede entrenar” de la misma manera que a los chicos sin discapacidad, por lo que a partir de ese momento se le negó el acceso al menor.

Ante la situación iniciaron quejas ante autoridades del centro debido a la discriminación sufrida por el menor.

Sin embargo, aseveraron que todos hicieron caso omiso, por lo que decidieron llevar el caso a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH), donde tampoco fue resuelto el problema.

Los familiares acudieron también a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a la Cámara de Diputados federal y al Senado de la República, donde han coincidido que es un caso flagrante de discriminación, dijeron los afectados.

Por ahora, la segunda audiencia para vincular o no a proceso al presunto responsable, quien se apegó al plazo de 144 horas para el dictamen, se realizará el próximo lunes 6 de junio a las 9:30 horas.