Guanajuato.- En Guanajuato se estima que el 1 % de los nacimientos no son reportados al Registro Civil en las primeras semanas de vida, y si esta omisión se prolonga, impide que el niño o la niña pueda ser inscrito en la escuela, recibir vacunas y atención médica de calidad, entre otros derechos.
El titular de la Secretaría de Gobierno (SG), Jorge Jiménez Lona, advirtió que la omisión continuada del trámite ante el Registro Civil representa un acto negligente por parte de los padres o tutores, y aunque ya no se sanciona, podría ameritar una investigación del entorno para conocer las circunstancias de crianza y deslindar responsabilidades. Dicho análisis incluso podría desembocar en la pérdida de la guardia y custodia.
“El no tener un registro hace un factor de exclusión y discriminación, porque nos limita para poder adquirir otros derechos. No registrar un nacimiento hace invisible a un niño, una niña ante las autoridades, que no sabemos de su existencia”, expresó.
Según cifras de la SG, en Guanajuato durante 2024, el 90 % de los nacimientos fueron registrados durante los primeros 60 días naturales; el porcentaje restante se va realizando en los siguientes meses y años, pero un 1 % se queda sin efectuar.
Para contrarrestar este subregistro, el gobierno del estado realiza campañas de promoción permanente. En 2024 se hicieron 106 campañas, gracias a las cuales se logró ubicar y registrar a 260 niños con edades comprendidas entre 3 y 11 años.
No fue este el caso de Jonathan, un adolescente de 14 años que en abril fue detenido por la policía de León. Tras descubrirse que no tenía acta de nacimiento y, según las autoridades, fue necesario su traslado a un centro de rehabilitación mientras se realizaba el trámite de su registro, pues se determinó que no contaba con una red de apoyo familiar que asegurara su bienestar.
Pero el 3 de mayo, Jonathan fue encontrado sin vida en el anexo, presuntamente por una acción autoinfligida. Su familia afirmó que no fue informada de los diferentes procesos y confesó tener dudas sobre la causa de muerte, por lo que presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado, que está en investigación.
Además, se presentó una querella de oficio por parte de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (Prodheg).
El hecho sorprendió a la opinión pública porque el muchacho no vivía en un entorno rural o aislado, sino urbano, específicamente en la colonia La Piscina.
Abuelos-padres
Jorge Jiménez Lona reconoció que el caso de Jonathan es complejo, pero que el reglamento indica que si no localizan a los papás tras terminarse un arresto, el Juez Calificador debe informar a la Procuradora Auxiliar de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes (PAPNNA), instancia municipal autónoma, para que tome la custodia.
Esto quedó como protocolo luego del caso de Dulce, una niña que fue detenida en 2021 y posteriormente liberada sin presencia de un familiar, desapareciendo por varios días por esta causa.
El funcionario insistió en que debe conocerse a fondo cada caso, pues en ocasiones quienes se quedan con la crianza no tienen la capacidad física y/o emocional para sacarlas adelante.
“Lo que hemos encontrado, la mayor dificultad —para el registro— es donde ya no están los papás. Por alguna situación los dejan con los abuelos y ahí buscamos apoyo con testigos o ciudadanos a ver si pueden registrar al bebé. El tema es de responsabilidad, tú como papá o mamá estás obligado, pero ese 1 % que tenemos de manera anual estamos trabajando para abatirlo.
“Para ayudarnos en estas campañas es donde entran los camioncitos móviles. Vamos a una colonia popular, se hace perifoneo, se invita al presidente del comité de colonos, a los vecinos, si conocen a algún niño o niña que no esté registrado y ahí se hace todo el trámite”.
Comentó que anteriormente había una multa contra los padres o tutores por no haber hecho el trámite, algo que se eliminó justo para promover el registro, y que es muy útil el aviso por parte de algún familiar o vecino.
Jiménez Lona resaltó que cuando cualquier dependencia, estatal o municipal, detecta a una persona no registrada, está obligada a informarlo.
Estado debe garantizar derechos: REDIM
El derecho a la identidad, o registro oficial desde el nacimiento, no es solo responsabilidad de los padres; también es obligación del Estado realizar políticas públicas para garantizarlo, observó Tania Ramírez, directora de REDIM, la Red por los Derechos de la Infancia.
Que la identidad es llamado un “derecho llave” porque da a las personas el acceso a otros derechos y es algo que viene muy detallado desde los primeros artículos de la Convención de los Derechos del Niño, donde habla del derecho a la identidad, del derecho a una familia.
“Si el niño no estaba inscrito no es responsabilidad de los padres, por más circunstancia y vulnerabilidad en la que estén, creo que la importancia está en que el Estado es el garante y el artículo 7 prevé que los Estados velarán por la aplicación de este derecho”, dijo la especialista.
Para ello, el Estado debe usar todas sus capacidades para ubicar y regularizar aquellos casos extraordinarios, para salvaguardar la integridad y, al final de cuentas, la vida del menor.
Esto, en referencia al caso de Jonathan, que, de acuerdo a la especialista, sugiere toda una cadena de omisiones gubernamentales que podrían haberse prevenido de tener la sensibilidad de detenerse un momento y averiguar qué ocurría con el chico.
Al respecto, Ricardo Bautista Salas, director de la asociación Melel Xojobal, con sede en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, e integrante de REDIM, comentó que la responsabilidad parte desde que la policía ubicó al joven y presuntamente encontró drogas entre su ropa.
“¿Quién asegura que el chico sí estaba llevando drogas?” Esto, porque es conocido que muchos policías criminalizan a los jóvenes solo por su aspecto y condición social.
Comentó que él, personalmente, tiene una experiencia de discriminación y estigmatización ciudadana en León, cuando lo corrieron del centro histórico por usar pantalones rotos, huaraches y pelo largo.
Dijo que falta clarificar los pasos de las autoridades para conocer qué pasó realmente, pues pareciera que es un “echarse la bolita” para ver qué sucede, cuando sí existe (o debe existir) un protocolo de la fiscalía de atención a adolescentes sobre qué hacer en estos casos.
En ello coincidió Tania Ramírez, que las irregularidades no solo implican lo que pasó en el anexo, sino todo lo previo.
Que cuando un niño ha sido privado ilegalmente de algún elemento de su identidad o de todos ellos “los Estados deben prestar asistencia y protección apropiados con miras a restablecer rápidamente la identidad, es decir, a que encuentres a un adolescente que no tenía acta de nacimiento, lo primero que tienes que hacer, con miras a restablecer rápidamente, es dar aviso al DIF, a la Procuraduría de Protección a la Niñez para preservarlo para la restitución de estos derechos”.
No obstante, reconoció que la PEPNNA de Guanajuato (la estatal) “no está nada mal. Y estos casos dan todavía más coraje porque la ciudadanía con su exigencia, con su organización y con sus impuestos, han logrado que estas instituciones se sostengan como una procuraduría (estatal) con una increíble comunicación con (la Secretaría de) Seguridad, que tiene todos los recursos para rápidamente poder acercar a los niños a la procuraduría”.
Discriminación y estigma
Para la titular de REDIM, la estigmatización por el presunto consumo de sustancias probablemente llevó a la decisión de enviarlo al anexo, decisión que aunque no habría sido con dolo, sí es un hecho culposo, pues desembocó en la muerte del jovencito.
Ambos activistas por los derechos de los niños coincidieron en que la revictimización de una persona sin documentos la puede alcanzar hasta el mismo momento de la muerte: sin documentos, ¿cómo va a entregar el cuerpo el Semefo, a quién?
“Yo creo que esta historia podría resumirse como una serie infinita de omisiones en donde cada uno de los días en la vida de este chico se cometieron por lo menos omisiones, ya habrá que investigar si al final de su vida no fue solo la omisión sino la acción, que se mantuvieron en la vulneración de sus derechos”, advirtió Tania Ramírez.
“El caso Guanajuato destaca cómo, teniendo buenos indicadores de atención a la salud, de la procuraduría (de justicia para adolescentes), hay otros indicadores donde el estado sale a la alza y son violencia letal y homicidios”.
Ambos especialistas coincidieron que muchas veces se busca criminalizar a la familia por la falta de registro en lugar de investigar qué le pasa a esa familia que desembocó en esta situación, cuando todos somos corresponsables: Estado, sociedad, familia, según la Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.
Y llamaron a la sociedad a reflexionar cómo las brechas de desigualdad golpean a los más vulnerables: “¿y quiénes son esos? Los niños y las niñas”.
HLL