Guanajuato.- Durante 2023, la Fiscalía General del Estado adjudicó, de manera directa, varias compras de artículos como vehículos, uniformes y equipo de cómputo. Estas adquisiciones, que debieron realizarse mediante licitación pública, representaron un gasto de al menos 60 millones 779 mil 120 pesos.
Además, se identificó que algunas compras se llevaron a cabo sin justificar la excepción para la adjudicación directa y a precios mucho más altos que los aceptables, según los resultados de la investigación de mercado.
Así lo señala el Informe de Resultados de la revisión a la Cuenta Pública 2023 de la Fiscalía General del Estado, aprobado por el Congreso del Estado en septiembre, documento del cual AM tiene copia.
En la revisión se detectaron 11 observaciones no solventadas en temas financieros, infraestructura pública y servicios generales. No obstante, todas estas observaciones concluyeron “sin acciones pendientes de realizar”, es decir, no se aplicaron sanciones.
Algunas irregularidades no se cuantificaron en términos monetarios, pero incumplieron la Ley de Contrataciones Públicas del Estado.
Los auditores de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) revisaron la totalidad de los ingresos, que ascendieron a 4 mil 482 millones 434 mil 927 pesos, así como el 80 % de los gastos, equivalentes a 4 mil 213 millones 231 mil 927 pesos.
Observación 01: Causales de excepción para adjudicación directa
La Fiscalía General del Estado de Guanajuato no acreditó las causales de excepción necesarias para justificar la adjudicación directa en la adquisición de muebles de oficina y estantería.
Tampoco presentó evidencia que respaldara la verificación de existencia de bienes y proveedores en su investigación de mercado, un paso fundamental para garantizar las mejores condiciones en términos de precio, calidad, financiamiento y oportunidad.
De acuerdo con el monto contratado, el procedimiento debía realizarse mediante adjudicación directa con cotización de al menos tres proveedores. Sin embargo, el 11 de diciembre de 2023, el Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Fiscalía General del Estado aprobó una adjudicación directa a un proveedor específico, con un monto de un millón 705 mil 200 pesos (IVA incluido), para adquirir muebles de oficina y estantería, incluyendo un archivo móvil eléctrico, de la empresa EUN México S.A. de C.V.
Como justificación, la Fiscalía argumentó que dicha empresa diseña y fabrica su mobiliario y cuenta con exclusividad de fabricación, según lo señalado en su carta de distribuidor exclusivo, aunque no posee una patente.
Sin embargo, los auditores concluyeron que no se acreditó que EUN SISTEMAS S.L. y EUN México S.A. de C.V. fueran los únicos proveedores capaces de fabricar el archivo móvil eléctrico mencionado. Por esta razón, la observación fue declarada como “no solventada”.
Observación 02: Adjudicación directa de módulos de atención primaria
La Fiscalía General del Estado no acreditó las causales de excepción que justificaran la adjudicación directa de un contrato para la adquisición de equipo para módulos de atención primaria destinados a denuncias virtuales. Dado el monto total adjudicado, el procedimiento correspondía realizarse mediante un proceso de licitación pública.
El 14 de diciembre de 2023, el Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Fiscalía aprobó, por unanimidad de votos, la adjudicación directa con justificación de proveedor y excepción de licitación. El contrato fue otorgado al proveedor Vivelink S.A. de C.V. por un monto de 7 millones 536 mil 404 pesos, con IVA incluido.
Sin embargo, el Presupuesto General de Egresos del Estado de 2023 establece que las compras por montos iguales o superiores a 3 millones de pesos deben realizarse mediante licitación pública.
La Fiscalía justificó la adjudicación directa con base en el artículo 93, fracción III, de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato. No obstante, los auditores señalaron que el equipo adquirido no pertenece a una marca específica ni se acreditó que el proveedor tuviera la titularidad de patentes, marcas u otros derechos exclusivos que respaldaran la excepción.
Asimismo, se mantuvo la secrecía sobre la ubicación y distribución de los equipos adquiridos, lo cual se justificó por razones de seguridad. Sin embargo, los auditores indicaron que los equipos fueron entregados por el proveedor en el almacén del ente público.
Observación 03: Adjudicación directa de equipo de cómputo
La Fiscalía adjudicó de manera directa tres contratos para la adquisición de equipo de cómputo y tecnología de la información. Dado el monto total adjudicado, el procedimiento correspondía realizarse mediante un proceso de licitación restringida.
El Comité de Adquisiciones aprobó la adjudicación directa de posiciones desiertas argumentando que, debido a las fechas, no era posible llevar a cabo el procedimiento establecido en la Ley. El monto total de los contratos ascendió a 2 millones 368 mil 654 pesos, con IVA incluido.
Según la normativa, la licitación restringida debe aplicarse para compras con un valor de entre dos y tres millones de pesos. No obstante, los contratos se formalizaron como resultado del fallo emitido el 19 de diciembre de 2023 por el Comité de Adquisiciones de la Fiscalía, relacionado con el proceso de Licitación Pública Nacional Presencial Núm. 021-2023.
Observación 05: Causales de excepción en adjudicación directa
La Fiscalía no acreditó las causales de excepción que justificaran la adjudicación directa a un proveedor específico para la adquisición de vehículos destinados al traslado de indicios. Tampoco verificó la existencia de bienes y proveeduría en su investigación de mercado, requisito indispensable para asegurar las mejores condiciones en términos de precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás aspectos aplicables.
De acuerdo con el monto contratado, el procedimiento debía realizarse mediante licitación pública, ya que superaba los tres millones de pesos, límite mínimo para este tipo de procesos.
El 20 de octubre de 2023, la Fiscalía celebró un contrato con el proveedor Servicios Lamda, S. de R.L. de C.V., por un monto total de 45 millones 269 mil pesos, IVA incluido. Este contrato contempló la adquisición de:
Cinco camionetas Chevrolet Silverado 4×4, modelo 2023, para su uso como Unidades de Traslado de Indicios, con un costo unitario de un millón 293 mil 400 pesos y un total de 6 millones 467 mil pesos.
Treinta vehículos Ford Custom Larga gasolina, modelo 2023, también destinados al traslado de indicios, con un costo unitario de un millón 293 mil 400 pesos y un total de 38 millones 802 mil pesos.
En su investigación de mercado, la Fiscalía justificó la adjudicación directa señalando que Servicios Lamda, S. de R.L. de C.V. era el único proveedor con existencias disponibles. Según el reporte, de los 10 proveedores contactados, solo uno manifestó tener disponibilidad de las unidades requeridas.
No obstante, los auditores de la ASEG realizaron compulsas a otros distribuidores de automóviles para verificar la información. Estos distribuidores confirmaron que la investigación de mercado incluyó cotizaciones a diversas empresas bajo condiciones y características diferentes a las solicitadas al proveedor adjudicado.
La Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) concluyó que la adjudicación directa no cumplió con el supuesto de excepción establecido en el artículo 93, fracción V, de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato.
Al solicitar cotizaciones con especificaciones distintas a las de las unidades finalmente adquiridas, no se obtuvo evidencia concluyente de que Servicios Lamda, S. de R.L. de C.V. fuera el único proveedor capaz de suministrarlas.
Parte de la justificación de la Fiscalía para la adjudicación directa fue la garantía de entrega rápida: 30 días hábiles para el primer lote de camionetas y 90 días hábiles para el segundo, ambos plazos posteriores a la firma del contrato.
Sin embargo, el 29 de noviembre de 2023 se firmó un convenio modificatorio que prorrogó las fechas de entrega a enero, febrero y marzo de 2024, tras una solicitud del proveedor realizada el 28 de diciembre de 2023.
Adicionalmente, el proveedor solicitó el 22 de noviembre de 2023 modificar las especificaciones de los vehículos del segundo lote, argumentando que ya no existían en México unidades con motor para gasolina, disponibles únicamente con motores diésel.
La ASEG concluyó que Servicios Lamda, S. de R.L. de C.V. no contaba con disponibilidad de las unidades requeridas conforme a las necesidades de la Fiscalía.
Observación 07: Fallo en procedimiento de licitación pública
Según la Observación 07, la Fiscalía adjudicó, de manera directa, 20 batas de laboratorio para el área de Genética, a un precio superior al considerado no aceptable por el Comité de Adquisiciones. Esto ocurrió pese a que esta posición debía adjudicarse en el fallo de la Licitación Pública Nacional Presencial.
El precio unitario propuesto por el licitante no adjudicado era de 10 mil 599 pesos, mientras que el precio adjudicado ascendió a 19 mil 093 pesos, lo que representó una diferencia de 8 mil 494 pesos más por unidad.
Observación 10: Atribuciones del Comité en materia de adjudicaciones directas
La Fiscalía adjudicó diversos contratos para la adquisición de vestuario, uniformes y prendas de protección para la Agencia de Investigación Criminal (AIC) tras declararse desiertas las partidas en procedimientos de licitación en segunda convocatoria.
Aunque la Ley establece que la adjudicación directa debía realizarse a través del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Fiscalía, los contratos fueron gestionados directamente por la AIC.
Se identificaron cinco contratos por un monto total de 3 millones 880 mil pesos. La AIC adjudicó estos contratos mediante oficios dirigidos a los proveedores, firmados por el Coordinador de Contrataciones de la AIC.
En dichos oficios, se notificó a los proveedores sobre las posiciones adjudicadas, las fechas y horarios para la firma de contratos, así como los lugares y plazos de entrega de los productos.
Observación 11: Adjudicación a precio no aceptable
La Fiscalía adjudicó de manera directa cuatro contratos para la adquisición de vestuario, uniformes y prendas de protección para seguridad pública, relacionados con partidas declaradas desiertas en sus respectivos procesos de licitación.
Sin embargo, estas adjudicaciones se realizaron a precios superiores al precio no aceptable determinado en su investigación de mercado, lo que impidió garantizar las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio.
Ejemplos destacados
En el contrato celebrado el 27 de diciembre de 2023 con Consultora de Seguridad, Capacitación y Equipamiento, S.A. de C.V., se adquirieron artículos a un precio unitario de mil 970 pesos, cuando el precio no aceptable determinado era de mil 089 pesos.
En el contrato FGEG-AIC/383/2023, firmado el 29 de diciembre de 2023 con Saquinsa Export Import, S.A. de C.V., el precio unitario fue de 7 mil 308 pesos, superando el precio no aceptable establecido de 4 mil 350.50 pesos.
AAK