Las bancadas del PAN y PRD en el Senado buscan “amarrarle” las manos al Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto para evitar el uso electoral de los programas sociales.
Ambos partidos impulsan una reformas para evitar la impunidad de los funcionarios públicos y corregir los vacíos legales a través de medidas preventivas, correctivas y sancionatorias.
El coordinador del PRD, Miguel Barbosa, detalló que el proyecto de modificación al artículo 134 de la Constitución incluye la creación de contralorías ciudadanas, medidas legales para separar del cargo a los funcionarios involucrados en actos ilegales -para que puedan ser investigados- y la creación de un “modelo inhibidor” para que las penalidades correspondan a la gravedad de cada delito.
“Actualmente, las decisiones sobre los programas sociales vienen desde el poder y lo que buscamos es que se consulte a los ciudadanos, que no pase lo que ocurrió con la Cruzada contra el Hambre, donde no le preguntaron a nadie. Propondremos la creación de cuerpos consultivos, de observatorios ciudadanos”, dijo en entrevista sobre la iniciativa que plantearán en la primera sesión de la Comisión Permanente.
“Además, cuando se registren las irregularidades, se debe actuar en el momento y no cuando ya pasó. Por eso pedimos la separación inmediata del cargo, porque no se puede tener una investigación en curso con el servidor público en funciones”.
El senador perredista incluso reveló que, en el caso de Veracruz, existen versiones en el sentido de que los funcionarios supuestamente cesados por Sedesol -por estar involucrados en irregularidades electorales- aún laboran en sus puestos.
“Ese es un claro caso de impunidad y la reforma pretende no dejar espacios, lagunas o salidas. Que se actúe, que se responsabilice a los servidores públicos para que sean sancionados administrativa y penalmente”, señaló.
Por su parte, el coordinador del PAN, Ernesto Cordero, llevará este lunes, al pleno del Senado una reforma constitucional para terminar con la discrecionalidad de la Secretaría de Desarrollo Social en el manejo de la Cruzada Nacional Contra el Hambre.
Según el proyecto, a través de un decreto, Peña Nieto dejó a la consideración de la dependencia la firma de convenios con los municipios.
Sin embargo, explicó, es necesario que se establezcan en la Constitución las obligaciones en materia de concurrencia de los Gobiernos federal y de los estados, para garantizar el derecho a la alimentación.
“Es decir, la concurrencia queda a discrecionalidad de la titular de la Sedesol con los presidentes municipales, razón por la cual, cabe la posibilidad de que la incorporación y desincorporación, a veces podrá ser unilateral y otras consensuada”.