La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene en sus manos la posibilidad de dar luz verde para que se investigue el Gobierno de Juan Manuel Oliva.
En un plazo cercano a dos meses dictaminará la facultad para que el abogado Roberto Saucedo Pimentel pueda exigir la investigación sobre el derroche del Gobierno de Oliva Ramírez en Guanajuato.
De conseguir el amparo que solicitó, la Suprema Corte de Justicia emplazaría a un juez de Distrito en Guanajuato para que se inicie una investigación y castigar, de resultar culpable, no sólo al ex Gobernador, sino a todos los funcionarios que ejercieron presupuestos de manera ilícita.
El abogado penalista Paulino Lorea Hernández aplaudió la persistencia de su colega, pero además señaló la suerte que acompañó el proceso, por los tiempos en los que se desarrolló y que coincidieron con la entrada en vigor de la nueva Ley de Amparo.
Destacó que con esto se promueve la conciencia social de la ciudadanía, que debe combatir los excesos de los gobernantes.
Inicialmente, la Procuraduría General de Justicia del Estado desechó dar seguimiento a la demanda de Saucedo Pimentel, arguyendo que es el órgano de fiscalización del Congreso local quien debería desarrollar la averiguación.
Ninguno actuó, los dos coincidieron en que el abogado no podría demandar, porque no era afectado de manera directa.
El abogado leonés buscó respaldo en el Juzgado de Distrito solicitando un amparo, pero recibió un nuevo revés, bajo la misma línea, “carecía de un interés y no tenía agravio personal y directo”.
“En pocas palabras le decían que a él qué le importaba y que no era nadie para exigir respuestas”, comentó Lorea Hernández.
Pero Saucedo Pimentel estructuró su querella con base en ser un guanajuatense, nacido y radicado en la entidad, afectado por el manejo de los recursos como contribuyente que abona a las arcas de Guanajuato.
“En ese lapso entra en vigor la nueva Ley de Amparo, donde se amplía el derecho en general de promover un amparo, bajo el concepto de agravio personal y directo del interés de la persona que promueve el amparo, por un concepto más amplio y flexible”, refiere Paulino Lorea.
El abogado Saucedo Pimentel interpuso un recurso de revisión para ejercer su derecho y el Juzgado de Distrito estimó conveniente, por la importancia del caso, mandarlo a la Suprema Corte de Justicia, para que ejerciera su facultad de atracción, y ésta aceptó.
Ahí habrá dos posibles soluciones. La primera, dar la razón a Roberto Saucedo Pimentel y concederle y reconocerle que tiene interés legítimo del asunto y que puede promover el amparo. La segunda, como consecuencia, obligar al juez de Distrito que había rechazado su amparo a que lo acepte y lo resuelva.
El penalista señaló que aunque en este momento la acción no se ejerce directamente contra Juan Manuel Oliva, deberá estar expectante, “porque si la Suprema Corte le otorga la razón a Roberto Saucedo Pimentel, puede ser que el juez de Distrito obligue al procurador, Carlos Zamarripa, a que sí investigue y pueda proceder en su momento contra el ex gobernador y su ex jefe.
Alcalde no lo ve necesario
El alcalde de Celaya, Ismael Pérez, consideró que no hay motivos para investigar la gestión del ex gobernador Juan Manuel Oliva, aunque dijo que los diputados son libres de indagar y resolver sus dudas, si lo consideran necesario.
El Presidente de Celaya, quien fue nombrado por el ex gobernador Oliva como presidente del patronato que se fundó durante la construcción de la Expo Bicentenario, una de las obras más cuestionadas de la pasada Administración, sostuvo además que una investigación no significa que sea necesariamente culpable.
“Tienen plena libertad de que cuando consideren que hay que hacer algo hacerlo, así es la democracia.
“Yo no lo considero (necesario), pero ellos tienen una investigación y eso no significa que sea uno culpable, simplemente es una investigación que se pide”, sostuvo también el Presidente Municipal de Celaya.