La Suprema Corte de Justicia ejerció ayer su facultad de atracción para resolver el amparo promovido por un abogado de Guanajuato, que impugnó la omisión de la Procuraduría estatal para investigar presuntos actos de corrupción del ex Gobernador Juan Manuel Oliva Ramírez en los proyectos para el Parque Guanajuato Bicentenario y para un tren ligero de Celaya a León que no se ha concretado.
La Primera Sala de la Corte decidió atraer el amparo promovido por el abogado José Roberto Saucedo Pimentel, que en primera instancia fue desechado por un juez de distrito que consideró que el quejoso carecía de interés legítimo para inconformarse contra la Procuraduría.
“El estudio que al efecto se realice puede determinar, en un momento dado, si los ciudadanos de alguna entidad federativa tienen interés legítimo para solicitar a la Procuraduría General de Justicia de la entidad, la investigación al Poder Ejecutivo Estatal por posibles actos de corrupción”, afirmó la Primera Sala al aprobar un proyecto de la ministra Olga Sánchez Cordero.
Reforma publicó este domingo que el Parque Guanajuato Bicentenario, que costó mil 100 millones de pesos y está enclavado frente al Cerro del Cubilete, es un elefante blanco que no ha cumplido los objetivos para los que fue construido, y actualmente se renta para fiestas y eventos privados con la idea de recuperar parte de los 63 millones de pesos anuales que cuesta su mantenimiento.
En cuanto al tren interurbano Celaya-León, Oliva autorizó la compra de los terrenos para el derecho de vía cuando la empresa que tenía concesionado la obra desapareció en 2009, aunque cabe mencionar que la Secretaría de Comunicaciones y Transporte y el actual gobierno estatal han anunciado su intención de revivir el proyecto.
“Se reclama la omisión de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato, de investigar oficiosamente hechos que pueden constituir diversos ilícitos penales previstos en el Código Penal para el Estado de Guanajuato, que afectan al pueblo de Guanajuato”, afirmó Saucedo en su demanda, que fue desechada el 12 de septiembre de 2012 por un juez de distrito auxiliar.
Saucedo promovió un recurso de revisión, y el Tribunal Colegiado en Materia Penal en Guanajuato decidió el pasado 10 de enero solicitar la intervención de la Corte para resolverlo, ante la posibilidad de fijar criterios jurídicos relevantes sobre el concepto de interés legítimo en el juicio de amparo, previsto en la Constitución desde junio de 2011.
Dicho concepto es más flexible que el tradicional de interés jurídico, lo que quiere decir que las personas pueden promover amparos incluso contra actos u omisiones de las autoridades que no necesariamente les causen un daño personal y directo, como podría ser el caso de Saucedo ante la inactividad de la PGJEG para investigar al ex Gobernador Juan Manuel Oliva.
Deciden hoyinvestigar corrupción
En virtud de que después de una hora de discusión hubo dos votaciones en las que hubo “empate” al interior de la Junta de Gobierno del Congreso, la propuesta del PRI de crear una comisión especial que revise los actos de corrupción de Juan Manuel Oliva se discutirá y votará hoy en el pleno.
El empate fue, por un lado, entre los coordinadores de la oposición: Javier Contreras del PRI; Georgina Miranda, del PRD; Sergio Contreras, del PVEM; y Marco Antonio Miranda, del Panal, que representan 18 diputados.
Y por el otro, Juventino López, del Partido Acción Nacional, que también representa 18 diputados. Así lo informaron Javier Contreras y Juventino López.
La propuesta de los diputados del PRI para crear esta comisión especial fue presentada el 21 de marzo. Ayer se trató en la Junta de Gobierno.
Al revisar los puntos de acuerdo se dijo que en su sesión de la semana pasada votaron la propuesta de creación y hubo un empate también de 18 y 18.