*Con información de Shayra Albañil
Este reportaje evidencia hasta dónde llegan funcionarios para ocultar el acoso en la Secretaría. Se basa en entrevistas, documentos oficiales, la postura del presunto agresor y la carpeta de investigación de la Fiscalía.
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León, Gto. Eran las 8 de la noche del martes 25 de marzo cuando Daniel Cortez Rayas, exjefe de Salud Mental de la Secretaría, revisó su correo. Esperaba respuesta de una bolsa de trabajo en la cual se inscribió al ser despedido cinco meses atrás.
Le sorprendió un correo de un remitente desconocido: jaquesmolay@gmail.com. Asunto: Acoso.
“Su vida pende de un hilo”, leyó. El mensaje fue enviado casi a medianoche del día anterior.
“Me puse nervioso, platiqué esta situación con mi esposa sin hallar respuesta de quién me pudo haber mandado ese mensaje; no tengo problemas con ninguna persona, no tengo deudas de grandes cantidades de dinero; no tengo ninguna relación sentimental fuera de mi matrimonio y tampoco he acosado a nadie”, declaró Cortez Rayas en la denuncia que presentó ante la Fiscalía General del Estado de Guanajuato el 27 de marzo.
Imposible que Jacques de Molay, el último de los caballeros templarios, quemado vivo hace más de 8 siglos, fuera el autor de la amenaza de muerte, como sugiere el remitente.
La Fiscalía descubrió en menos de 15 días que el presunto agresor fue Mario Alejandro de Alba de la Tejera, coordinador de Comunicación Social de la Secretaría de Salud. De Alba es señalado como creador y propietario de la cuenta jaquesmolay@gmail.com, según la carpeta de investigación 37741/2025 a la que AM tuvo acceso.
En una postura por escrito, De Alba respondió a AM: “Niego rotundamente la acusación sobre una supuesta amenaza”. Agregó que “hay una carpeta de investigación en turno, misma que ha sido atendida de manera oportuna y adecuada, razón por la cual no podemos dar más información al respecto para no violar el debido proceso”.
La Fiscalía del Estado busca el móvil
Repuesto de la sorpresa, Cortez mostró el mensaje a su esposa —quien fuera jefa de Prevención y Atención a la Violencia de la misma Secretaría— y concluyeron que la amenaza pretendía silenciar denuncias sobre la protección sistemática a agresores laborales y sexuales dentro de la dependencia. Parte del trabajo de ella era “contener” las denuncias ofreciendo atención psicológica y hasta reubicación a las víctimas.
En lugar de medidas de protección o apoyo para las víctimas, nos topamos con la protección y encubrimiento de los agresores, y una persecución sistemática hacia nosotros que empezó con intentos de reubicación y terminó con despido injustificado de mi compañera y mío”, explicó Daniel a AM.
Ambos fueron despedidos el 25 de octubre de 2024 tras 13 y 12 años de servicio, respectivamente. Daniel fue acusado de conflicto de interés por trabajar con Planet Youth, proveedor del fallido programa de prevención de adicciones de Diego Sinhue Rodríguez. Daniel Cortez aclaró que rechazó la oferta de Planet Youth, para precisamente evitar ese conflicto. El despido de su esposa, que consideran injustificado, fue sustentado con un acta de presunto acoso laboral firmada por cuatro trabajadoras que no dependían de ella.
El presunto agresor envió la amenaza días después de que AM solicitara a De Alba y a diversos funcionarios información sobre múltiples denuncias de acoso sexual y laboral y los esfuerzos por silenciarlas.
La Secretaría de Salud ocupa el primer lugar en denuncias de acoso sexual y laboral contra funcionarios del gobierno estatal: 288 en los últimos siete años, según fuentes oficiales. Varias involucran a funcionarios de alto nivel, incluyendo directores y exdirectores de hospitales públicos.
El mismo día que Cortez recibió el correo titulado “Acoso”, la Secretaría de Salud publicó en un comunicado haber formalizado un pronunciamiento sobre cero tolerancia a la violencia, acoso y hostigamiento sexual.
La investigación paso a paso
La carpeta de investigación se abre el 27 de marzo, cuando Cortez Rayas acudió a declarar ante un agente de la Unidad de Investigación Especializada. Ahí dijo: “he tratado de seguir mi vida de manera normal, pero sin embargo estoy nervioso y tengo la preocupación de que algo me pudiera pasar”. Aseguró que no sospechaba de quién pudo enviar la amenaza.
El 1 de abril, pidió a un perito en Informática Forense de la Fiscalía que investigara el origen del mensaje: “Respecto del siguiente correo electrónico, identifique el nombre del propietario de dicho correo, así como el número de teléfono asociado en caso de que cuente con alguno y, finalmente, identifique el IP de dicho correo”.
Simultáneamente, envió una solicitud a la sede en California de Google, pidiendo información similar sobre la cuenta jaquesmolay@gmail.com: nombre del propietario, otros correos registrados, fecha de nacimiento, números telefónicos asociados, historial de conexiones, inicios de sesión y dispositivos usados.
El 9 de abril, Google respondió con datos que permitieron identificar plenamente a De Alba como presunto propietario de esa cuenta. El correo electrónico y número telefónico de respaldo coinciden con los que el funcionario registró en su declaración patrimonial ante la Secretaría de la Honestidad en abril. AM corroboró que ese número coincide con el que usaba De Alba en su puesto oficial.
La fecha de nacimiento registrada en la cuenta coincide con la de un familiar muy cercano al presunto agresor, según información que el Registro Civil proporcionó a los investigadores.
La Fiscalía también encontró coincidencias en búsquedas en “fuentes abiertas”, es decir, cualquier plataforma digital pública. El teléfono aparece en por lo menos 8 publicaciones en X (antes Twitter), hechas entre 2019 y 2024 desde las cuentas oficiales de la Secretaría de Salud y de Daniel Díaz, exsecretario que renunció repentinamente en enero de 2024. En ellas se incluye el teléfono como contacto para solicitudes de la ciudadanía.
La cuenta jaquesmolay@gmail.com fue eliminada el 29 de marzo, cuatro días después de enviar el correo que decía “Su vida pende de un hilo”. Ese día, el dueño de la cuenta entró y salió múltiples veces desde dispositivos en Silao y León, según el registro de direcciones IP de Google, con las que se puede identificar la localización de la red utilizada para acceder a Gmail.
En julio, De Alba notificó por WhatsApp a contactos en medios que su teléfono (el mismo de la investigación) fue “hackeado”. Días después compartió un nuevo número.
Hasta el final, afirma víctima
El 12 de agosto, la Fiscalía informó a Cortez Rayas que contempla como probable inculpado a Mario Alejandro De Alba de la Tejera y le ofreció una conciliación, como uno de los caminos alternativos de “solución de controversias”. Daniel eligió seguir el proceso penal.
El delito de amenazas, de acuerdo al artículo 176 del Código Penal del estado de Guanajuato, no es grave y el agresor puede solicitar la “suspensión condicional” si no cumple la amenaza, explicó el abogado Roberto Saucedo Pimentel.
Daniel Cortez Rayas afirmó que continuará el proceso hasta su conclusión: “Si algo les aporta esta amenaza a las denuncias de acoso, es la credibilidad. Si hemos dicho que la violencia es sistemática, el hecho de que, hasta la fecha, Mario de Alba, como el resto de los agresores, no hayan recibido una sanción, comprueba que o gozan de la protección del sistema o se saben dignos de esa protección”.
Sobre si llevaría el proceso hasta el final, dijo: “Una amenaza como esta no se puede conciliar. No es un conflicto entre particulares, sino un acto de terrorismo perpetrado por un servidor público hacia un ciudadano”.
Según Cortez, De Alba acudió a la Fiscalía con un abogado particular, “le leyeron los cargos y Mario y su abogado se comprometieron a entregar una declaración, pero hasta el pasado miércoles, no lo habían hecho”.
Miguel Mendiola, coordinador de Comunicación Social del Gobierno estatal y jefe de De Alba, se mostró sorprendido por esta situación en una llamada con AM y aseguró que no tenía conocimiento de la denuncia y que solicitaría información a la secretaría para conocer los detalles.
Después compartió su postura por WhatsApp: “Rechazamos categóricamente cualquier forma de violencia y confiamos en que las instancias correspondientes actuarán conforme a derecho. Cada caso debe revisarse con responsabilidad, siempre protegiendo el debido proceso a las personas señaladas”.
En entrevista con AM, el secretario de Salud, Gabriel Cortés Alcalá, de quién depende administrativamente De Alba, aseguró anoche que él desconocía la situación y afirmó que “es un asunto entre particulares, no es un asunto institucional”.
El secretario informó que “se le solicitó [a De Alba] que se separara del cargo. Se presentó su renuncia para facilitar las investigaciones y garantizar un proceso transparente.”
“Te quiero comentar que aquí en este gobierno no se tolera ni se encubre absolutamente nada, aquí actuamos. Y toda forma de acoso, toda forma de hostigamiento o de abuso para nosotros es inaceptable”, dijo.
Mencionó que el gobierno del estado no le dará apoyo legal, “él seguramente ya tiene su acompañamiento jurídico particular”. Por ahora descartó una sanción, ya que debe concluir el proceso legal.
Tanto Mendiola como Cortés Alcalá rechazaron rotundamente que la amenaza de muerte haya sido derivada de una instrucción institucional.
AM también buscó a la gobernadora Libia García para saber su opinión, pero ella se negó a tratar el asunto.
El Supremo Tribunal de Justicia del Estado reporta que el año pasado atendió 151 denuncias por amenazas y en el 2025 ya suma 150.
Mario de Alba tiene historia
En mayo de 2017, la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato emitió una recomendación al entonces secretario de Salud para que iniciara un proceso administrativo contra Mario De Alba por obstaculizar la libertad de expresión.
Como administrador de la cuenta oficial @saludguanajuato (hoy @saludgobgente), bloqueó temporalmente al medio @hora24noticias después de que intentaron entrevistar a funcionarios del Laboratorio Estatal de Salud Pública.
En el acta, el procurador José Raúl Montero de Alba sugirió, de manera simbólica, que durante el año de la recomendación, se incluyera en todos los documentos oficiales la frase: “Los medios de comunicación social se cuentan entre los forjadores básicos de la opinión pública en las democracias actuales”.
JB