La anterior administración estatal pagó el triple por la Macroplaza de la Expo Bicentenario.
Constructora Aryba, de la familia Arena Torres Landa, y Grupo Eco, del empresario José Luis Infante Apolinar, habían propuesto construir la Macroplaza a un costo entre 2 y 3 veces más barato, pero los integrantes del Comité del Fideicomiso del Bicentenario decidieron cancelar el proceso de licitación pública para favorecer a la empresa Urbanizadora del Bajío, S.A. de C.V. (UBSA), del empresario irapuatense Jorge Americus.
Grupo Eco presentó la propuesta más barata, de 68 millones 130 mil 190 pesos con 36 centavos, mientras que Aryba ofrecía realizarla en 103 millones 472 mil 552 pesos con 86 centavos.
Ambas propuestas fueron desechadas “por baratas”, según consta en actas obtenidas por AM.
Tras cancelar la licitación, el comité del Bicentenario otorgó el contrato a UBSA, quien cotizó la obra en 227 millones 355 mil 311 pesos con 21 centavos.
La obra fue realizada a un costo 3.3 veces más alto que la propuesta presentada por Grupo Constructor Eco.
El acta de la sesión del 22 de mayo de 2009 cita el testimonio del entonces director de Servicios Jurídicos de la Secretaría de Obra, Adolfo Flores Ortega, quien reconoce que no se tenía una causal clara para cancelar la licitación.
Esa misma acta incluye el testimonio del actual gobernador Miguel Márquez -en aquel entonces Secretario de la Gestión Pública-, quien fue el que propuso analizar la anulación de la licitación, en la que Aryba y Eco habían quedado como únicos finalistas, de 7 empresas que se registraron al concurso.
“Que se analice si se cancela o se desecha la licitación”, planteó Miguel Márquez.
No hay causal para la cancelación, acotó Adolfo Flores Ortega, director de Servicios Jurídicos de la Secretaría de Obra.
“Que se deseche”, coincidió Marco Antonio Vergara, integrante del Comité Técnico del Fideicomiso del Bicentenario.
“Que levanten la mano si están por la afirmativa para declarar desierta la licitación”, solicitó Juan Carlos Muñoz, presidente del Fideicomiso del Bicentenario y actual diputado federal.
Todos los asistentes a la reunión -sin excepción- votaron a favor de anular las propuestas de Aryba y Eco.
El argumento que quedó inscrito en el acta fue que se declaraba desierto el concurso “por omisión de conceptos y por no contar con propuestas viables”.
Los funcionarios que avalaron con su voto y su firma la cancelación fueron: Gerardo Mosqueda, en aquellos días Secretario de Gobierno; Gustavo Adolfo González, secretario de Finanzas, y Miguel Márquez, secretario de la Gestión Pública.
Los detalles de la sesión nunca se habían hecho públicos, porque se trató de una reunión a puerta cerrada.
La sesión
La cita fue el 22 de mayo de 2009, a las 8 de la mañana, en el salón Cubilete del hotel Holiday Inn de Silao.
El punto central de la novena sesión ordinaria del comité organizador de los festejos del Bicentenario, era emitir el fallo de la licitación de la Macroplaza.
Juan Carlos Muñoz, presidente del comité, cedió la palabra al arquitecto Guillermo Pacheco Morales, representante de la empresa Earned Value, a quien se le había encomendado el “gerenciamiento del proyecto”.
Pacheco expuso a los asistentes a la sesión que de las 7 propuestas que se recibieron para el concurso de la Macroplaza, quedaron como finalistas Aryba y Eco.
Sin embargo, casi de inmediato objetó las propuestas de ambas empresas.
“Tienen una disparidad en cuanto al monto”, dijo el gerente.
Refirió que Aryba y Eco proponían hacer las obras a un costo muy bajo, en relación con el monto base de 229 millones de pesos que se tenía presupuestado.
Por esa razón -por lo barato de las propuestas- pidió considerar que mejor se desechara el proceso de licitación.
De inmediato se generó un intenso debate sobre las implicaciones que tendría descalificar a las empresas finalistas.
Adolfo Flores Ortega, director de Servicios Jurídicos de la Secretaría de Obra, advirtió que tanto Aryba como Eco podrían impugnar la cancelación del concurso.
“La empresa Aryba no tiene algún problema porque el detalle que trae en su propuesta técnica se puede subsanar”, explicó el funcionario.
“Si la Constructora Eco, que es la opción más baja, no tiene ninguna causal de descalificación, se podría inconformar, porque lo único que se le podría decir es que su propuesta es muy baja, pero no se tiene contra qué es baja, porque el Fideicomiso no tiene un presupuesto claro que nos indique si anda muy abajo o arriba de su presupuesto”.
Por lo anterior, el responsable jurídico recomendó analizar con elementos objetivos la posible cancelación del concurso, “para evitar impugnaciones”.
De acuerdo con el acta de la sesión, Miguel Márquez intervino para plantear la anulación.
“Que se tenga la oportunidad de volver a convocar con unas bases mejor estructuradas y que no nos pueda generar problemas futuros”, propuso Márquez.
El contador Marco Antonio Vergara se manifestó a favor de desechar la licitación.
“Se está hablando de una diferencia de que la propuesta más alta es de 130 millones con un presupuesto base de 230 millones”, dijo el representante empresarial del Comité. “Entonces sería positivo que se deseche la licitación buscando todos los elementos técnicos para volver a convocar, pero con una estructura mejor definida”.
En su intervención, Gerardo Mosqueda reconoció que hubo indefinición en la convocatoria, lo cual provocó que de las 7 propuestas inscritas, sólo quedaran dos como finalistas.
Con él coincidió Juan Carlos Muñoz, quien aceptó errores presupuestales que encarecieron la obra: “Nos equivocamos en un costeo, elevamos la obra a un monto de 230 millones y el capital contable que se requirió a los participantes se elevó y entonces muchas empresas no pudieron participar”.
Tras reconocer su error, pidió a los asistentes a la sesión su voto para desechar la licitación.
Todos los integrantes del comité aprobaron la cancelación.
Privilegian a constructor
Urbanizadora del Bajío, S.A. (UBSA) fue la constructora favorita del sexenio de Juan Manuel Oliva.
Durante toda la administración pasada, dicha constructora recibió contratos por casi mil millones de pesos, de los cuales 379 millones fueron repartidos directamente, sin licitación.
Entre otras obras, el Gobierno de Oliva asignó a UBSA la construcción del Hospital General de Acámbaro, con 60 camas, por un monto de 179 millones de pesos; la construcción de un centro de internamiento para menores infractores en León, otorgado sin licitación, pese a que excedía casi 11 veces el monto máximo autorizado por la Ley, y cuatro contratos en la Expo Bicentenario.
Esta empresa tiene su sede en Irapuato y su director es el empresario Jorge Americus.
El supervisor, cesadopor corrupción
El gerente responsable del proyecto de la Macroplaza estuvo luego involucrado en el escándalo de corrupción en la Secretaría de Salud.
José Guillermo Pacheco Morales intervino como el responsable del ‘gerenciamiento de la obra’, por parte de la empresa ‘Earned Value’.
Pacheco Morales fue quien descalificó las propuestas de Aryba y de Eco en la licitación de la Macroplaza, durante la sesión del 22 de mayo de 2009 del Fideicomiso del Bicentenario.
Fue, además, quien propuso a los integrantes del Fideicomiso anular la licitación.
Una vez que concluyó su trabajo de ‘gerenciamiento’ en la obra de la Macroplaza, Pacheco Morales se integró en agosto de 2010 como Director de Planeación en la Secretaría de Salud.
Sin embargo, sólo permaneció siete meses en el cargo, pues fue destituido en marzo de 2011, junto con otros funcionarios, en medio de un escándalo de corrupción.
La Secretaría de la Gestión Pública descubrió que el funcionario había incurrido en “conflicto de intereses” en la operación del proyecto del Sistema de información nominal automatizado con enfoque de riesgo en salud (SINACER).
Dicho proyecto involucraba recursos federales y se diseñó en conjunto con la Universidad de Guanajuato para modernizar la información de los pacientes en todas las unidades de la Secretaría de Salud, mediante la consulta en línea.
Prefieren obra cara
La propuesta que hicieron Miguel Márquez y el empresario Marco Antonio Vergara, de convocar a una nueva licitación para la Macroplaza, no fue atendida por el Comité del Bicentenario.
Siete meses después de que se canceló el concurso original, la Secretaría de Obra asignó directamente el contrato de la Macroplaza a la empresa Urbanizadora del Bajío, S.A. de C.V. (UBSA).
El contrato se firmó el 22 de diciembre de 2009, por un monto de 227 millones de pesos, más del triple de la propuesta más barata que se presentó en la licitación abierta.
El monto de la obra excedió más de 120 veces el monto máximo establecido por la Ley, para otorgar contratos sin licitar.
Al día siguiente de la firma del contrato, el director de la empresa, Jorge Americus, cobró un anticipo del 30% de la obra, equivalente a 68 millones de pesos.
El costo se elevó otros 10 millones de pesos, por cinco contratos más asignados a UBSA y a otras dos empresas.
Urbanizadora del Bajío cobró medio millón más por instalar ductos para cables de telefonía en la Macroplaza y otros 7 millones de pesos para construir la base donde se iba a instalar la escultura de La Victoria Alada’; este contrato excedió casi cuatro veces el monto límite fijado por la Ley.