Ya se volvió deporte escudriñar las propiedades de los políticos buscando irregularidades y discordancias entre sus ingresos como servidores públicos y los valores de sus inmuebles, y no es para menos, si de esas investigaciones y trabajos periodísticos han salido a la luz grandes incongruencias que han desatado escándalos que ponen en entredicho la reputación y honorabilidad de muchos de ellos.
Los más sonados han sido la Casa Blanca de Peña Nieto, que fue construida por Grupo Higa, que había sido contratista de su gobierno. Luego tenemos la Casa Gris, del hijo de AMLO, José Ramón López Beltrán, que era propiedad de un alto ejecutivo de Baker Hughes, empresa contratista de Pemex. Y, finalmente, tenemos la Casa Azul del exgobernador Diego Rodríguez, que está registrada a nombre de Daniel Ezquenazi, representante legal de Seguritech, empresa que es proveedora del Gobierno de Guanajuato.
Mención aparte merece la casa de Tepoztlán del impresentable Fernández Noroña, cuyo origen entre más trata de aclararlo, más se hunde en la opacidad y en la irregularidad.
Hace unas semanas se publicó una amplia investigación periodística sobre la casa de la alcaldesa Alejandra Gutiérrez, haciéndose especulaciones sobre su valor y los ingresos que debió haber percibido para construirla.
Esta semana apareció un reportaje sobre unas presuntas irregularidades u omisiones entre las declaraciones patrimoniales de la gobernadora Libia García, y los valores de una propiedad ejidal que adquirió por la zona de Comanjilla.
En ambos casos, y a diferencia de lo que ha sucedido en todos los demás en donde se involucran contratistas de gobierno, tanto la gobernadora como la alcaldesa salieron de inmediato a aclarar o incluso desmentir las publicaciones, exhibiendo documentos oficiales, avalúos, escrituras, comprobantes de transferencias, créditos bancarios, declaraciones fiscales, etc. etc.
Al final esto se ha convertido en un sano ejercicio de investigación y réplica periodística, que abre la información a los ciudadanos, y que, en el caso de la alcaldesa y la gobernadora, deja más certezas que dudas sobre el origen de sus propiedades, sin embargo, también hay condiciones extrañas o pequeños cabos sueltos que deben ser analizados.
En ambos casos, en el de la alcaldesa y la gobernadora, incluso esta última así lo confirma, se involucran los ingresos de sus cónyuges, lo cual es válido, pero elimina la posibilidad de saber cuánto pagó cada uno, lo que si bien es cierto no es obligatorio transparentar, sí deja ventanas abiertas.
En la operación de la casa de campo de Comanjilla, se puede apreciar que los políticos en Guanajuato pueden tener ciertas ventajas para adquirir inmuebles, pues en una combinación de créditos bancarios y del ISSEG, pueden conseguir el financiamiento de más del 90% del proyecto, algo que a los ciudadanos de a pie les es difícil obtener.
Por otro lado, cuando la gobernadora adquirió ese predio, en enero de 2023, se dice que no tenía servicios de energía eléctrica, pero al año inmediato siguiente, tal vez por suerte, por visión o por información privilegiada, el Municipio ya contaba con la infraestructura para que los propietarios pudieran contratar este servicio, algo que resulta convenientemente coincidente, considerando que uno de los vecinos del predio era nada menos que el Gobernador del Estado.
En su intento por enviar los documentos para aclarar la operación, el equipo de la gobernadora adjuntó innecesariamente un acuse de recibo de una declaración anual de impuestos federales que fue presentada de manera extemporánea, algo que, así como ejemplar, no es. Sin embargo, la reacción inmediata que tuvieron la alcaldesa y la gobernadora para aclarar su situación patrimonial, sí es ejemplar, y debe marcar un precedente sobre la transparencia con la que deben conducirse los políticos, y la relación que guardan entre lo que ganan, con lo que tienen.