-A treinta y seis años de su construcción, la autopista Guanajuato-Silao sigue cobrando peaje como si fuera una inversión que jamás se recupera.-
La autopista Guanajuato-Silao sigue cobrándonos como si fuera una inversión que nunca se termina de pagar, quienes vivimos en la capital sabemos que para movernos hacia León, Silao o Irapuato tenemos dos únicas opciones: una carretera libre, lenta y saturada; o la de cuota, rápida, pero con un peaje que se ha vuelto un negocio sin fin.
Ese tramo de apenas 13.5 kilómetros ya pagó su costo hace décadas. Sin embargo, el concesionario sigue enriqueciéndose con el respaldo cómplice del gobierno estatal, hoy existe una salida jurídica: el juicio de lesividad, previsto en el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, que permitiría revertir la concesión. La decisión está en manos de la Gobernadora, aunque la voluntad política parece lejana.
Para los usuarios, la alternativa es conformar un colectivo y promover una acción colectiva contra este abuso. La ley nos respalda: desde 2011, con las reformas al Código Federal de Procedimientos Civiles, y ahora con el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, basta reunir a un grupo de afectados para demandar que se elimine un peaje que ya no tiene justificación económica, ni legal.
El principio es claro: la cuota solo debe cobrarse hasta que el concesionario recupere su inversión con una utilidad razonable. Cumplida esa meta, la carretera debe ser libre. En el Estado de México ya se reformó la ley para frenar concesiones indefinidas. Aquí, en Guanajuato, seguimos pagando por una autopista que se convirtió en mina de oro para particulares.
El argumento de que las rehabilitaciones recientes —581 millones en 2025— justifican prolongar el cobro, es insostenible. El mantenimiento corresponde al concesionario, no a los bolsillos de los usuarios por décadas adicionales.
Este caso no es menor. Una acción colectiva contra la caseta Guanajuato-Silao puede sentar un precedente nacional: que el derecho al libre tránsito (artículo 11 constitucional) prevalezca sobre la avaricia de concesionarios. Porque el peaje no es impuesto, es precio por usar un bien público, y ese precio debe ser proporcional y razonable, no eterno.
La pregunta es simple: si en cinco años la caseta generó más de mil millones y ahora la empaquetan con otra autopista para seguir exprimiéndonos, ¿quién le pone un alto si no es la ciudadanía organizada? La ley nos da las herramientas. Lo que falta es la voluntad de usarlas.