Contrato en la mira
Este martes 9 de septiembre el Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de Irapuato, asignó un contrato para el arrendamiento de 66 unidades de seguridad y de emergencia por un monto de 170.6 millones de pesos y hasta el año 2028.
Lo que para el gobierno panista de Lorena Alfaro García se trata de un novedoso esquema para contar con suficientes unidades y en óptimas condiciones en el corto plazo, para la oposición (e incluso para algunos panistas) la idea no huele bien.
De hecho los cinco regidores de Morena (José Eduardo Ramírez, Karina Rosales, Ignacio Morales, Elvia Aguado, Bonifacio Vargas), además de la de Movimiento Ciudadano (Regina Irastorza), presentarán esta misma semana una denuncia de situación excepcional ante la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato.
El Ayuntamiento de Irapuato aprobó por mayoría de votos en la sesión del 22 de agosto las bases de la Licitación Pública Nacional LPN-05/2025, la venta de bases fueron los días 25, 26 y 27 de agosto, la junta de aclaraciones el día 29, la presentación y apertura de ofertas el día 3 de septiembre y el fallo el día 9.
He aquí el primer contraste con otro tipo de licitaciones públicas nacionales, como la llevada a cabo por el Comité de Adquisiciones del Municipio de León para la adquisición (no arrendamiento) de 115 unidades también para Seguridad Pública. En este caso la convocatoria se publicó el 24 de junio y el fallo fue el 14 de agosto.
En Irapuato transcurrieron 18 días de convocatoria a fallo, en León fueron 52 días. Las prisas en materia de compras públicas nunca han sido buenas consejeras. Un plazo razonable es necesario más aún tratándose de un arrendamiento millonario, para la mayor difusión posible de las bases y participación de más proveedores.
Al final la favorecida en las siete partidas que se licitaron fue la empresa Transporte Empresarial del Bajío (TEB) S. DE R.L por 170.6 millones para 66 unidades, distribuidas de la siguiente manera: 30 vehículo SUV tipo Explorer Police, 15 vehículo Sedán patrulla de Tránsito, 13 motocicleta Vstrom patrulla de Tránsito, 3 ambulancias urgencias básicas tipo II, 1 camioneta blindada nivel V tipo SUV, 1 camioneta blindada nivel III tipo SUV y 3 camionetas pick up 4*2.
El Comité de Adquisiciones responsable del proceso lo integran: como presidenta la Oficial Mayor, Ana María Flores Bello; secretario técnico el Director de Adquisiciones, Adrián Ramírez Irazaba; secretario ejecutivo el Tesorero Municipal Miguel Ángel Fonseca Gutiérrez; y vocales: Karen Guerra, síndica por el PRI; Regina Irastorza (MC); Gerardo Barroso (PAN); José Eduardo Ramírez (Morena). Y con voz pero sin voto los representantes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana: Jorge Luis Gándara Herrera y Luis Ernesto Yedra Rodríguez.
Entre familia
En el acta de fallo la tabla económica comparativa reporta cinco participantes: dos propuestas que fueron desechadas de inicio (OKIP y 399 Project Development) y tres finalistas: José Refugio Mata, Transporte Empresarial del Bajío (TEB) y Ritrema, S.A de C.V, considerando solo la oferta económica de TEB porque las otras dos tampoco cumplieron requisitos establecidos en las bases de la convocatoria.
La empresa TEB se identifica como empresa líder en “transporte terrestre de pasajeros a nivel nacional y con proyección internacional”. De acuerdo con el Registro Público del Comercio, tiene como socios a José Antonio Mata Villanueva y César Eloy Rivera Mata, quienes constituyeron la sociedad en marzo de 2012.
Estos socios tienen relación con los otros dos finalistas en la licitación: José Refugio Mata Villanueva (hermano de Antonio) y Ritrema vinculada también a César Rivera.
En su objeto social de TEB ya se incluía el arrendamiento de vehículos, sin embargo fue hasta el pasado el 6 de junio cuando agregó la facultad para celebrar toda clase de arrendamientos con autoridades de la administración pública federal, estatal o municipal respecto a cualquier tipo de vehículos de motor.
Un mes después la Secretaría de Seguridad Ciudadana solicitó la suficiencia presupuestal para el arrendamiento de 66 vehículos que a la postre fue aprobada.
Para el también diputado local panista de Irapuato, Víctor Zanella, presidente de la Comisión de Hacienda y Fiscalización: “Lo que sigue es estar vigilante en que se cumpla lo que firmó el Municipio y que al final se logren los beneficios que piensa el Municipio que se van a alcanzar. Yo creo que hay que darle el beneficio de la duda; habrá que ver qué pasa, cómo se va a desarrollando y que se logren estos ahorros”.
Demanda en puerta
La demanda que cocina la oposición Morena-MC del Ayuntamiento fresero tiene su sustento principal en acusar una violación al reglamento al no presentar un dictamen técnico de costo-beneficio, es decir, probar con datos que resulta mejor para la seguridad y para las finanzas públicas del Municipio el arrendar que comprar.
Para los detractores del fallo este requisito básico simplemente no se cumple.
La Alcaldesa defendió que son patrullas especiales con equipamiento de primer nivel, como cámaras de reconocimiento facial, cámaras externas e internas, equipo de rastreo, además de vehículos híbridos que permitirán un mayor rendimiento.
“Algunos de los beneficios que tiene esta modalidad de arrendamiento, lo primero y más relevante es mantener el estado de fuerza todo el tiempo; segundo, adelantar el beneficio de la operatividad con los mismos recursos ya programados en ejercicios posteriores. Es decir, adelantamos el recurso que se va a etiquetar y ponemos en marcha el equipamiento para mejorar la operatividad”, explicó.
Dijo que se incluye la cobertura de mantenimiento preventivo y correctivo, así como el seguro, lo que garantiza una atención inmediata en caso de siniestros.
Lorena sostiene que además de la Contraloría Municipal, solicitó formalmente dar seguimiento al tema a la Secretaría de la Honestidad que comanda otra irapuatense, Arcelia González, y a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato.
En León el 19 de agosto el Comité de Adquisiciones aprobó la compra a la empresa Chevrolet del Parque S.A de C.V de 105 camionetas pick up equipadas como patrullas y 10 camionetas doble cabina v8 4*2 equipadas como patrulla, por un total de 62 millones 294 mil pesos. Y el pasado lunes 8 amplió el contrato para sumar otras 31 camionetas pick up y 3 doble cabina, por un monto de 18 millones 443 mil.
En total son 80.7 millones de pesos por la adquisición de 149 unidades-patrulla.
Desde luego son diferentes tipos de unidades y de contratos (hay que considerar el tema de mantenimiento, servicios, seguros que dicen), no es una comparación simple, pero valga la referencia para que sea precisamente el estudio costo-beneficio el que dé luz a las ventajas y desventajas de un arrendamiento.
Otro argumento de la demanda de la oposición es precisamente el de acusar una simulación con las empresas participantes relacionadas entre sí. Incluso apuntan que en tierra fresera era un secreto a voces entre quiénes quedaría el contrato.
También señalan el heredar un compromiso financiero a otra administración, pues el contrato tiene fecha del 31 de diciembre del 2028, en tanto que la actual administración municipal tiene fecha de caducidad el 9 de octubre 2027.
Seguridad, ya por favor
En lo que sí hay coincidencia de fuerzas políticas y sociedad es que a los irapuatenses urge sentirse tranquilos. No por nada, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana (ENSU) que publica trimestralmente el Inegi, desde hace rato son una de las ciudades en donde la percepción de inseguridad es mayor.
El último reporte publicado el 24 de julio en Irapuato el porcentaje que dijo sentirse inseguro fue de 85.8 %, solo por debajo de Culiacán 90.8 %, Ecatepec 90.7 %, Uruapan 89.5 %, Tapachula 88.1 %, Ciudad Obregón 88.0 % y Fresnillo 86.7 %. Muy por encima del promedio nacional del 63.2 %, de entre 91 áreas urbanas.
En contraste, las áreas urbanas con menores porcentajes de percepción de inseguridad fueron: San Pedro Garza García, con 11.0; Piedras Negras, con 16.9; Benito Juárez, con 22.0; Saltillo, con 23.5 y Puerto Vallarta, con 27.3 %
Las otras ciudades de Guanajuato que mide trimestralmente la ENSU son León que registró un 80.3 % de quienes no se sienten seguros y Guanajuato capital el 71.0 %.
En Irapuato la incidencia delictiva en los primeros siete meses del año suma un total de 11,679 carpetas por distintos delitos, un 10 % más que el mismo periodo de 2024, según reporta el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad.
UG y Congreso vs. libertad artística
Dos hechos distintos pero coincidentes sobre las libertades artísticas, marcaron la agenda esta semana: la cancelación prematura de una exposición artística de un estudiante de la UG sobre varias representaciones de Cristo crucificado y otra la prohibición del Congreso local para exhibir dos dos pinturas con torso desnudo.
En el primero de los casos la presión de grupos católicos y voces como la de la Arquidiócesis de León llevó a las autoridades universitarias a emitir un comunicado para argumentar resguardar la integridad y la armonía social, y darla por concluida. En un tema como la religión era de esperarse voces en contra, ¿no lo sabían?
Lo que tal vez no advirtieron es la defensa estudiantil que surgiría en defensa de su libertad de expresión. El próximo sábado está convocada en León otra protesta.
En el caso del Congreso local el prohibir la muestra de dos pinturas a la artista Natalia Barajas alegando lineamientos para no exhibir obras con desnudos, que porque reciben estudiantes de nivel básico, es a todas luces un despropósito.
Frente a esto vale recordar la histórica sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en febrero de 2001, la cual declaró responsable al Estado de Chile por haber restringido los derechos a la libertad de pensamiento y de expresión consagrados en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos por prohibir exhibir la película “La última tentación de Cristo”.
Conciliación, pero no con los de casa
En el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Guanajuato la directora general, Juana Haydeé Escobar Porras, no la está pasando bien con el descontento de una parte de su personal, quienes han presentado quejas en proceso de investigación.
Más allá del resultado que tengan estos procedimientos, lo cierto es que algo pasa en la dependencia con sede en León, un organismo público que depende de la Secretaría de Gobierno y cuya misión es precisamente la defensa de los derechos laborales. Del hecho ya tomó nota y está atento el secretario Jorge Jiménez Lona.
Este organismo nació con la reforma laboral de 2019 con el objetivo de facilitar la resolución de conflictos entre trabajadores y patrones, y no llegar a juicios laborales. Cuenta con cuatro sedes regionales en: León, Celaya, Irapuato y Guanajuato.
Una queja está en la cancha de la Secretaría de la Honestidad del Gobierno estatal y es en contra de Víctor Hugo Trejo, quien fuera delegado de este Centro en la zona León y ahora en la sede Guanajuato. El motivo es acoso y hostigamiento laboral. Por lo mismo hay otro expediente en la Procuraduría de Derechos Humanos estatal.
En contra de Viridiana Ramírez, coordinadora de Conciliadores, ubicada en la sede León, existen dos procedimientos de investigación por el mismo señalamiento de acoso laboral. El expediente está también en la Secretaría de la Honestidad. En este caso el reporte suma firmas de respaldo de siete servidores públicos. Otra de las quejas es por presuntos actos de discriminación por preferencias sexuales.
En el caso de Mauricio Alfonso Valdovino Galván, esposo de la titular del Centro, la Secretaría de Honestidad abrió ya un procedimiento formal de responsabilidad administrativa por quejas de sus subordinadas cuando era Procurador de la Defensa del Trabajo (despachando en las mismas oficinas del Centro de Conciliación León). Por esto fue despedido de esta chamba pero apareció luego como Jefe de Departamento B en la Secretaría de Economía también de Guanajuato.
Otra queja está dirigida contra Luisa Ximena Mendoza, secretaria particular de la directora Juana Haydeé, a quien señalan de privilegios en su función pública.
Los trabajadores quejosos apuntan que la titular del Centro cuenta con el respaldo de Alejandra Rivera, secretaria particular de la gobernadora Libia García. Aunque la directora pueda tener el respaldo de una mayoría de trabajadores a su cargo, será bueno no minimizar el sentir del resto del personal. Habrá que estar atentos.