León, Guanajuato.- Un prolongado conflicto legal por los permisos para un restaurante en León derivó en el cierre definitivo del negocio “Barracrudas”, con pérdidas millonarias y afectaciones a 26 familias que dependían de él. El pleito ha durado más de seis años en el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) de Guanajuato, con resoluciones contradictorias que han alargado el caso.
El origen se remonta a 2012, cuando el empresario Carlos Yidam Hernández abrió una sucursal en el bulevar Mariano Escobedo. Tras obtener permisos de uso de suelo, ocupación y verificación normativa, la Dirección de Fiscalización clausuró el establecimiento en 2015 con el argumento de que se encontraba cerca de una escuela.
Resoluciones contradictorias
El litigio pasó al TJA, que inicialmente emitió resoluciones favorables al restaurantero. En 2020, el expediente 317/3ª Sala/20 ordenó a la Dirección de Fiscalización emitir un nuevo acto administrativo y en 2022 la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado concluyó que se habían violentado los derechos del empresario.
Sin embargo, nuevas resoluciones revirtieron lo avanzado. En 2025, el magistrado Arturo Lara Martínez, de la Sala Especializada del TJA, determinó que la clausura fue correcta y que el reclamo por daños había prescrito, pese a que el negocio ya había cerrado en 2024 por inviabilidad económica.
Pérdidas y afectaciones
En medio de la pandemia y los litigios, el empresario acumuló un adeudo bancario superior a 3 millones de pesos y en enero de 2024 cerró definitivamente el restaurante, dejando sin empleo a 26 trabajadores.
Carlos Yidam acusa que el tribunal ha mostrado incongruencias e incluso complicidad con autoridades municipales. Señala que las periciales exigidas para su demanda fueron realizadas por un contador con presuntos vínculos políticos, cuyo dictamen reconoció una baja en ventas, pero no cuantificó el daño.
Próximos pasos
El empresario anunció que interpuso un nuevo recurso para exigir el pago de los gastos generados en el proceso y no descarta acudir a instancias federales. Afirma que su objetivo es que se reconozca el daño patrimonial y emocional causado por las decisiones administrativas que lo llevaron a la quiebra.
“El cambio de criterio del TJA es una burla. Hay incongruencia y apoyo entre autoridades”, expresó el restaurantero en entrevista.
HLL