Durante el último lustro, Guanajuato ha sido epicentro de una crisis de violencia centrada en los llamados “anexos”, centros de rehabilitación regulados, y no regulados, para personas con adicciones.
El caso más notorio fue la masacre en Irapuato en julio de 2020, donde al menos 28 personas fueron asesinadas mientras se encontraban en terapia informal.
Desde entonces, se han reportado múltiples agresiones armadas, incendios y asesinatos en anexos de municipios como Salamanca, León, San José Iturbide y Dolores Hidalgo, con víctimas que suman decenas en años recientes.
En cinco años se han registrado al menos 20 ataques en anexos, que situaron a nuestra entidad en un nefasto primer lugar nacional.
Este fenómeno, además de ser una crisis de seguridad, obedece a una urgencia de salud pública. Las adicciones son enfermedades que requieren atención profesional, y los anexos proliferan ante la falta de opciones reguladas. En Guanajuato, sólo el 10 % de las personas con consumo problemático recibe atención en centros autorizados, mientras que miles más están en anexos irregulares sin supervisión oficial ni estándares mínimos de operación.
El marco legal local es insuficiente. Actualmente, solo 13 anexos están debidamente regularizados, de 262 registrados en Guanajuato, aunque existen otros clandestinos operando sin permisos ni vigilancia. Ante esta situación, se discuten iniciativas que buscan regular estos espacios: autorizar su apertura y funcionamiento, definir requisitos de tratamiento, tarifas y clausura mediante la intervención de los gobiernos estatal y municipal.
Urge, por tanto, una reforma integral en los órdenes de gobierno. Primero, adoptar una ley estatal robusta y emularla en municipios donde los anexos son un problema persistente. Segundo, instrumentar normas oficiales que exijan certificados sanitarios, personal capacitado, higiene básica, evaluación psicológica y transparencia en costos. Tercero, establecer protocolos de inspección periódica desde salud municipal y estatal para garantizar el cumplimiento de la norma.
En paralelo, hay que fortalecer la atención pública basada en evidencia. Se requieren más centros regulares con reconocimiento oficial, con atención digna y respeto a los derechos humanos. También deben integrarse metodologías preventivas probadas para reducir adicciones en jóvenes, apoyadas en diagnósticos serios y planes de intervención comunitaria.
Al tratarse de un problema de salud pública, el sistema de gobierno en su conjunto debe responder. Además, se necesita una política estatal de reducción de riesgos y daños, orientación familiar y campañas preventivas en escuelas y unidades de salud, para proveer alternativas reales a quienes llegan al consumo o dependencia.
Aquí cabe la pregunta ¿qué pasó con el Programa Planet Youth que Diego Sinhue importó de Islandia, en el que se gastó cientos de millones de pesos?
¿Cuál fue el costo beneficio de ese plan ahora cancelado?
Finalmente, para garantizar la seguridad de los centros regulados, es indispensable instalar videovigilancia obligatoria conectada al C5i estatal y a los C4 municipales. Esto permitiría monitorear intentos de agresión, disuadir ataques armados y coordinar respuestas inmediatas con fuerzas de seguridad. Los anexos deben estar geolocalizados en la red estatal de seguridad, con alertas en tiempo real. También se requieren capacitaciones para el personal sobre protocolos de emergencia, evacuación y contacto con unidades policiales y centros de mando.
En suma, la prevención de más masacres en anexos de Guanajuato exige un marco legal robusto y operativo desde el Estado y los Municipios; centros de rehabilitación regulados, con atención digna y conforme a norma; prevención en salud pública y reducción de daños para adicciones; y seguridad garantizada mediante videovigilancia botones de pánico. Solo así, desde lo sanitario, lo normativo y lo preventivo, podrá detenerse esta espiral de violencia.