Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuestionó la continuidad de los OPLES, en el marco de la discusión de la reforma electoral, pues “hay que bajar costos”.
Desde Palacio Nacional, la Mandataria fue cuestionada por la propuesta de modificar los Organismos Públicos Locales Electorales y que el Instituto Nacional Electoral (INE) sea quien asuma la tarea de las elecciones en los estados.
“La pregunta es si vale la pena que continúen, el tema es lo que representa el costo de las elecciones para el pueblo. Por supuesto que todos queremos democracia, la democracia es la representación del pueblo, ¿para qué queremos tantos institutos locales, instituto federal, si ya hay casillas únicas, ya la fiscalización se hace de manera centralizada, qué caso tiene que haya instituciones locales? Lo pongo como pregunta”, respondió.
Presentan temario
Pablo Gómez, titular de la nueva Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, reveló esta mañana los temas que se discutirán en los foros de debate de la reforma.
El temario general del plan de trabajo de la Comisión se constituye de 14 puntos: libertades políticas; representación del pueblo; sistema de partidos; financiamientos y prerrogativas de partidos; fiscalización de ingresos y gastos de partidos, candidatos y campañas electorales y preelectorales; efectividad del sufragio; regulación de la competencia políticos-electoral; libertad de difusión de opiniones, informaciones e ideas; propaganda de poderes y organismos públicos; sistema de votación de cómputos dentro del País y en el extranjero; autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales; requisitos de elegibilidad; inmunidad de funcionarios elegidos por el pueblo; consultas populares y revocaciones de mandatos.
Asimismo, la Comisión llevará a cabo encuestas de opinión, mismas que dará a conocer en octubre de 2025, y presentará conclusiones a la Presidenta Claudia Sheinbaum hasta enero de 2026.
De acuerdo con la presentación, las consultas incluirán a la ciudadanía en general, organizaciones sociales y civiles, partidos políticos, comunidades indígenas, integrantes de centros de educación e investigación, analistas de temas políticos, organizaciones y centros de migrantes mexicanos en el extranjero, e integrantes de órganos electorales administrativos y judiciales.
La Comisión tendrá entre sus funciones convocar a la ciudadanía a expresar opiniones sobre una eventual reforma electoral, realizar estudios y análisis especializados, elaborar propuestas en materia electoral y establecer grupos de trabajo y emitir su reglamento interno.
Este lunes quedó instalada la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, que tendrá como temario general para la discusión, entre otros, los siguientes asuntos:
- Libertades políticas.
- Representación del pueblo.
- Sistema de partidos.
- Financiamiento y prerrogativas.
- Fiscalización de ingresos y gastos de partidos, candidatos y campañas electorales y preelectorales.
- Efectividad del sufragio.
- Regulación de la competencia política electoral.
- Libertad de difusión de opiniones, informaciones e ideas.
- Propaganda de poderes y organismos públicos.
- Sistema de votación y cómputos dentro del territorio nacional y en el extranjero.
- Autoridades electorales, administrativas y jurisdiccionales.
- Requisitos de elegibilidad.
- Inmunidad de funcionarios elegidos por el pueblo
- Consultas populares y Revocación de Mandato.
Participarán, sin derecho a voto:
- Ciudadanía en general.
- Organizaciones sociales y civiles.
- Partidos nacionales y locales.
- Comunidades indígenas.
- Integrantes de centros de educación e investigación.
- Autores y analistas sobre temas políticos.
- Organizaciones y centros de migrantes mexicanos en el extranjero.
- Integrantes de órganos electorales, administrativos y judiciales.
¿Cómo serán consultados?
- A través de un portal de internet.
- Audiencias públicas.
- Debates públicos.
- Eventos en distintas ciudades del País.
Encuestas de opinión:
- Los resultados se conocerán en octubre.
Informe de conclusiones a la Presidenta:
Enero 2026.
Advierten simulación en reforma electoral
El ejercicio de consulta de la reforma electoral que ha propuesto la Presidenta Claudia Sheinbaum puede derivar en una simulación, debido a la integración de la comisión que analizará propuestas, temas de discusión y objetivos que se busca alcanzar, advirtió el Laboratorio Electoral.
Al fijar una primera postura respecto del decreto presidencial que crea la Comisión para la Reforma Electoral, la organización reconoció que es un avance que se haya considerado su conformación, pero al mismo tiempo expuso diversos focos rojos.
Uno de ellos, señaló, es la incorporación de personas no expertas en el tema electoral, pero todas integradas al Gobierno.
“Esta estructura podrá convertir el esfuerzo en una simulación, al advertirse una fachada de apertura a voces expertas, disidentes o no, pero brindando control de la agenda, el debate público de los estudios y la decisión final a la comisión gubernamental.
“Esto puede no verse como una omisión, sino como la estrategia calculada desde el poder para acotar al debate público, centralizando la toma de decisiones y deslegitimado a cualquier voz opositora, académicos, de grupos de expertos independientes que no se encuentren alineados a los resultados de la comisión”, señaló el Laboratorio Electoral.
Remarcó que los integrantes de la Comisión designados por la presidenta son perfiles leales y están por encima de personas que hayan demostrado conocimiento o experiencia en la materia.
“Esto lo convierte en un espacio que no posee una cualidad de neutralidad para el debate técnico, sino que se asemeja más a un instrumento para la ejecución de un plan político predefinido, lo que parece demostrar que la reforma no nace como un proceso de perfeccionamiento institucional, sino como la consolidación de un proyecto de gobierno”.
También mencionó que para una reforma electoral de gran envergadura, la arena natural del debate político tendría que ser el Legislativo, con la participación de todas las fuerzas políticas representadas.
“Se trata de una comisión creada desde el Gobierno con perfiles afines y con escasa o nula experiencia en la materia electoral, la cual además carece de propósitos claros y definidos”, subraya el posicionamiento.
Destacó que la decisión de crear la comisión parte de la premisa de una evidente transformación en el país, en la que el protagonista es el pueblo, y que para su efectividad se requiere de una serie de reformas constitucionales, principalmente con el objeto de reconocer nuevos derechos sociopolíticos, como la participación ciudadana en la elección de personas juzgadoras.
Sin embargo, resaltó, la propuesta se distancia de la inercia con la que se discutían reformas de consenso.
“Su motivación y la estructura que conforma su composición revelan una estrategia política que viene desde el sexenio exterior y que se aleja de los consensos”.
La justificación de las reformas electorales no se basan en corregir una falla sistémica ni la resolución de una crisis que aqueje a la dinámica electoral. Se busca, advirtió, la validación popular de un proyecto político en el que no hay cabida para la oposición y la disidencia.
“El argumento central es que la reforma es necesaria para la congruencia con la situación política que impera en la actualidad y para cumplir con un supuesto mandato programático expresado por la mayoría del pueblo.
“A partir de este enfoque se legitima la acción unilateral de convertir uno de los temas de la agenda pública en una prioridad democrática imperativa, contrastando, como se mencionó anteriormente, con la inercia de que las reformas se posicionaban en el Legislativo y la participación de las instituciones autónomas, a manera de contrapesos del poder”, señaló.
De acuerdo con el Laboratorio, si bien el propio decreto determina que la comisión podría invitar a representantes de otras dependencias, entidades, instituciones públicas o privadas, organismos autónomos, academia y la sociedad civil, la participación de estas se limitará a tener voz, más no voto en las decisiones del colegiado.
La comisión, presidida por Pablo Gómez, ex titular de la UIF, está integrada además por Rosa Icela Rodríguez, Secretaria de Gobernación; José Merino, de la Agencia de Transformación Digital; Ernestina Godoy, consejera Jurídica, y Lázaro Cárdenas Batel, de la Oficina de la Presidencia.
Además de Jesús Ramírez, coordinador de Asesores, y Arturo Zaldívar, coordinador de Política y Gobierno.
HLL