Todos deberíamos estar conscientes de que el vivir en sociedades extensas, como es un conjunto de ciudades interconectadas que dibujan lo que sería el estado de Guanajuato, requiere de una serie de principios y valores en los que la mayoría esté de acuerdo. Organizarnos supone gestionar una dirigencia que galvanice estos ideales en la sociedad y evite su rompimiento.
Los gobiernos, tienen el encargo de hacer cumplir las normas jurídicas y con ello salvaguardar un orden moral mínimo, que garantice la armonía de nuestras comunidades. Todos los ciudadanos al tomar decisiones sobre lo que es correcto o incorrecto, teniendo como referencia estos principios morales, nos sumergimos en el espacio de la ética. Precisamente, el juicio para decidir qué es es bueno para tomarlo y qué resulta injusto para descartarlo, esa es la ética.
Todos debemos estar conscientes de este mecanismo. Hay que impulsar y optar por lo bueno y despreciar y abstenerse de lo malo. De esa manera todo funcionaría bien. Pero, por desgracia, la naturaleza humana puede construir desvíos. La mente es capaz de engañarse a sí misma y camuflar nuestras conductas para permitirnos hacer cosas que están francamente mal o son injustas. En este punto, pienso que deberíamos reflexionar, recapacitar, y quizás desandar caminos para permitirnos actuar con conciencia de solidaridad y empatía que nos conduzcan al bienestar colectivo. Estas condiciones nos preparan para ejercitarnos en una “ética para la convivencia”. No hacerlo así, significaría un acto de traición a nuestra sociedad.
Ahora definamos otro concepto, el de honestidad. Este es un acto ético. Es el compromiso con la verdad. Su significado deviene de “honos” que en latín significa estima, respeto y dignidad, lo que describe la buena reputación y reconocimiento público por acciones y virtudes llevadas a cabo.
Si combinamos ética con honestidad, propongo que analicemos uno de los problemas que enfrentamos en estos momentos los guanajuatenses: la obra pública que contrató el anterior gobierno de Guanajuato con constructoras. Veamos a qué nos enfrentamos.
Se trata de la realización de una serie de proyectos constructivos que se deberían convertir en bien común para nuestra sociedad. Pero confrontamos serios problemas para que esto suceda. El pésimo gobierno de Diego Sinhue Rodríguez diseñó con malicia y contrató con ardides obras plagadas de irregularidades. Invirtió 120 millones de pesos en hermosear una comunidad rural, La Venta en el municipio de Dolores Hidalgo, muy cercana al desarrollo inmobiliario, turístico y vinícola de Seguritech, denominado Omún. Sorpréndanse, decidió impactar la plusvalía de esa misma zona construyendo el bulevar de La Libertad que conecta Dolores con San Miguel de Allende. Hoy todavía no se puede terminar la obra que se presupuestó en más de 3,000 millones de pesos, y que presenta casi diez meses de retraso y aumentos aún no definidos en su costo.
Pero nada supera al dolo en el otorgamiento de la concesión de la autopista Silao-San Miguel de Allende cuyo costo sumará más de 6,000 millones de pesos, y que lleva como obsequio maldito la explotación de la carretera de cuota Guanajuato-Silao por 30 años, lo que significaría, a precios actuales, la entrega, a un particular, de ¡7,500 millones de pesos! Para cerrar el escandaloso pacto con constructores, los costos de “reparación y mantenimiento” de la actual vía, los tasaron en 600 millones de pesos.
Las cantidades han sido groseramente sobreestimadas por los contratistas con el fin de compartir jugosas utilidades con el político que otorgó los contratos. Conocemos, que como efecto de la corrupción política, se da un fenómeno pernicioso que se denomina contratismo: políticos y funcionarios en busca de tratos inflados para obtener un porcentaje de las utilidades. ¿Les suena? Por algo los colombianos establecieron la prohibición para los constructores de acceder a peticiones ilegales o amenazas, y la obligación de ser reportadas a las autoridades (Ley 80, art. 5).
Ahora bien, si el caso que nos ocupa lo sujetamos a juicio ético desde el flanco de los constructores, podemos derivar una profunda reflexión: ¿Ni por asomo han detectado que al firmar esos contratos engañosos están fallando a la ética y a la honestidad? ¿Se sienten cómodos frente a la sociedad con la que conviven, traicionándola sin pudor? ¿Pueden ver a los ojos a sus familiares, amigos y compañeros sin sentirse mortificados por firmar contratos deshonestos y engañosos?
De los políticos nos encargaremos luego, pero a los contratistas les sugeriríamos desandar caminos. Romper contratos que están siendo descifrados en sus costos y cuya trampa será esclarecida. Todavía están a tiempo de realizar un juicio ético y reconstruir el bienestar social desechando el daño y el engaño. Todavía es tiempo de retractarse y sanar heridas. Controlen su ambición desmedida.