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¡Bien por la Profeco Hidalgo! En medio del furor por los boletos del Palenque de la Feria San Francisco 2025, la dependencia dio un paso al frente para recordarle a la boletera Top Ticket y a los empresarios del evento que los precios deben ser claros y respetados. Aunque no pueden fijar tarifas, sí pueden exigir que no se cometan abusos ni se juegue con el bolsillo del público. Se agradece cuando instituciones hacen valer los derechos del público.
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Cuando una agresión ocurre dentro del mismo ayuntamiento y la agresora es nada menos que una regidora, el mensaje que se manda desde el gobierno municipal de San Salvador es preocupante. La difusión del video, que respalda la denuncia de una trabajadora, no solo expone una conducta inaceptable, sino también una falta de control y de respeto institucional que no debería permitirse en ningún nivel de gobierno.
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El desarrollo no siempre se mide en grandes obras, sino en acciones que realmente llegan a donde más se necesitan. La entrega de proyectos agropecuarios en Epazoyucan, como los paquetes avícolas, semillas e insumos para el campo, es un ejemplo de cómo el gobierno de Julio Menchaca apuesta a fortalecer la economía rural desde abajo, con la gente.
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La suspensión de 63 establecimientos por incumplir las condiciones de higiene o por vender productos caducos es un recordatorio claro para quienes ofrecen alimentos al público: la salud no se improvisa. Las normas sanitarias existen por una razón, y no basta con tener buen sabor si no hay limpieza, manejo adecuado y productos en regla. Bien por autoridades estatales que mantienen supervisiones constantes para proteger a los consumidores. Disfrutar una comida debe ser un gusto, no un riesgo.
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El caso de Manuel Martínez mantiene una alarma importante y es que el acoso de docentes hacia estudiantes sigue siendo una problemática que muchas veces se silencia o se minimiza. No se trata de culpar sin pruebas, sino de reconocer que existen patrones de poder que pueden dar pie a conductas inapropiadas y que requieren atención urgente. Las universidades deben contar con protocolos eficaces, sensibles y accesibles para denunciar, investigar y sancionar este tipo de conductas.