Falta transparencia en municipios con contratos de Seguritech: Al menos hay once vigentes

Guanajuato.- Además de los contratos por 12 mil millones de pesos que el Gobierno del Estado otorgó a la empresa Seguritech Privada S.A de C.V. entre 2012 y 2025, al menos otros 11 municipios contrataron a esta empresa en los últimos nueve años.

AM solicitó a través de la Ley de Transparencia a los 46 municipios de Guanajuato copia de los contratos firmados con Seguritech; en respuesta, los gobiernos de León, Purísima, San Felipe, Salvatierra, San José Iturbide y Cortazar entregaron versiones públicas de dichos contratos, que en total suman alrededor de 390 millones de pesos. 

Sin embargo, bajo el argumento de que la información que contienen los contratos pone en riesgo la seguridad de los municipios, Dolores Hidalgo, San Miguel de Allende, Apaseo El Grande e Irapuato respondieron que tenían contratos pero no los entregaron y fueron clasificados como reservados.

Otros 32 municipios indicaron que no tenían contratos y tres no respondieron a la solicitud, en estos últimos se incluye al municipio de Celaya a cargo del morenista Juan Miguel Ramírez Sánchez que manifestó no entender a la solicitud de información. 

El gobierno municipal de Guanajuato capital, que preside la panista Samantha Smith Salas respondió a la solicitud de información que el simple hecho de informar si tenían o no contratos con la empresa Seguritech ponía en riesgo la seguridad de ese municipio.

Dada la naturaleza y alcances de los datos de interés del solicitante, se concluye que el solo pronunciamiento, sobre la existencia o inexistencia de la información requerida en la solicitud registrada… constituye información reservada”, indicó en su respuesta el municipio.

León entregó un contrato de 2023 por 43 millones de pesos por la adquisición de arcos carreteros de seguridad; Purísima del Rincón entregó un contrato firmado en agosto de 2024 por 130 millones de pesos por el “Proyecto Integral de Implementación Tecnológica de Seguridad Pública para el Municipio”.

De los seis municipios que proporcionaron información, el contrato más cuantioso es el de Cortazar, firmado en el 2023 durante la administración de Ariel Corona Rodríguez por el servicio de “Solución Tecnológica de Seguridad Municipio de Cortazar, GTO”. 

El viernes 25 de julio, el gobierno de Libia Denisse García Muñoz Ledo publicó la plataforma “Seguridad Abierta” con la que difundió las versiones públicas de los contratos que la administración estatal ha sostenido con la empresa Seguritech, propiedad del empresario Ariel Picker Schatz.

En la plataforma se expusieron tres contratos y dos ampliaciones que suman un monto total aproximado de 12 mil 124 millones de pesos. 

Dicho monto abarca el primero firmado en el gobierno de Miguel Márquez Márquez por 2 mil 727 millones y su ampliación por 275 millones 078 pesos; el pactado por Diego Sinhue Rodríguez Vallejo por 3 mil 658 millones, con su extensión de 744 millones, hasta el más cuantioso por 4 mil 719 millones suscrito por la gobernadora Libia García Muñoz Ledo.

El Comité de Transparencia del Poder Ejecutivo este mes había acordado reservar los contratos hasta julio del 2030, sin embargo, el 9 de julio, a las 10:33 de la noche, la gobernadora instruyó a la Secretaría de Seguridad y Paz a dar a conocer la información del contrato relacionado con el sistema de seguridad. 

Fue así que 14 días después publicó en su cuenta de X que se abría la información en materia de seguridad como nunca antes: “La estrategia CONFIA no solo da resultados, sino que también permite que la ciudadanía forme parte de la  estrategia de construcción de paz, con transparencia y puertas abiertas”, sostuvo.

Cabe destacar que las versiones públicas implican la reserva de datos que, a consideración de la administración, competen al ámbito privado o comprometen la seguridad pública. Además de que no se incluyen los anexos de cada contrato que implican condiciones o adecuaciones adicionales en cada uno.

1.- Dolores Hidalgo reportó un contrato de 2023 pero lo clasificó como reservado.

2.- León entregó un contrato de abril de 2023, el contrato es por 43 millones de pesos por la adquisición de Arcos Carreteros.

3.- San Felipe entregó una factura de 2017 por 60 mil 853 pesos por el servicio de videovigilancia. 

4.- San Miguel de Allende, reportó dos contratos de 2024 pero los clasificó como reservados.

5.- Apaseo el Grande- Tiene un contrato de 2024, pero lo clasificó como información reservada por cinco años. 

6.- Purísima del Rincón entregó versión pública de un contrato firmado en agosto de 2024 por 130 millones de pesos por el “Proyecto Integral de Implementación Tecnológica de Seguridad Pública para el Municipio de Purísima del Rincón” 

7.- Guanajuato clasificó la información como reservada por cinco años, ni siquiera señala cuántos contratos tiene pues afirma que “el simple reconocimiento de la existencia o inexistencia de la información implicaría revelar datos que podrían comprometer la seguridad y efectividad de los sistemas de inteligencia, monitor, reacción y comunicación de las áreas de seguridad”.

8.- Irapuato informó tener un contrato de 2023 el cual catalogó como confidencial.

9.- Salvatierra entregó un contrato de 2023 por 63.3 millones de pesos por el “Proyecto Integral de Seguridad del Municipio de Salvatierra. 

10.- Cortazar entregó la versión pública de un contrato de 2023  por 148 millones de pesos por el servicio de “Solución Tecnológica de Seguridad Municipio de Cortazar, GTO”. 

11.- San José Iturbide entregó versión pública de documentos de un contrato de 2023 por 6.6 millones de pesos por la prestación del servicio integral de implementación de tecnología y actualización tecnológica, este municipio entregó hasta fotografías de los equipos y actas de reuniones de capacitación. 

12. Hubo municipios como Cuerámaro y Jaral del Progreso que no respondieron la solicitud de información y Celaya que dijo que no entendía lo que se estaba solicitando.

Ahora faltan los Municipios

David Saucedo, consultor y analista en temas de seguridad, reconoció a la gobernadora Libia Dennise García por transparentar los contratos con Seguritech. Sin embargo, señaló que esto es apenas “la mitad de la película”, pues falta que los municipios, sobre todo los de extracción panista como León, Irapuato, Dolores Hidalgo y Silao, den a conocer los suyos.

“A lo que pagó Gobierno del Estado habría que sumar lo que pagaron los municipios en lo individual; entiendo que son cantidades importantes, en el caso de Celaya una cifra estratosférica también”, dijo Saucedo, quien agregó que en el caso de Celaya “también debe ampliar una explicación del supuesto chantaje por parte de Seguritech” para seguir dando servicio en el actual gobierno morenista.

Como segunda idea, Saucedo planteó que el Gobierno del Estado debe aclarar si lo invertido hasta el momento redituó, es decir, si hubo un beneficio para la ciudadanía, dado que los contratos que se han venido pagando coinciden con la época de mayor violencia homicida en el estado.

Para cerrar la pinza y hacer una evaluación objetiva, falta que el gobierno del estado y los municipios nos ofrezcan datos duros, porque se han gastado 12 mil millones de pesos en Seguritech (…) ¿en qué redituaron?, ¿cuántos autos robados se localizaron?, ¿cuántas aprehensiones se realizaron gracias al sistema de videovigilancia?, ¿cuántos decomisos de droga se pudieron realizar?, ¿cuántos narcotraficantes se detuvieron? Esas cifras duras, ¿cómo redituó?”.

Particularmente, al secretario de Seguridad y Paz, Juan Mauro González, habría que preguntarle a qué se debe el incremento del contrato del actual gobierno a diferencia de los anteriores: si fue una actualización de costos basada en la inflación o si se contrataron más servicios en este último paquete.

Saucedo dijo saber que Seguritech ha estado ampliando sus servicios, entre ellos un C7, que es un centro de reconocimiento facial que ya se usa en Ciudad Juárez y Ecatepec.

Explicó que con el C5i que se tiene en Guanajuato se utiliza tecnología para el reconocimiento de vehículos.

El C7 ya tiene sistema de reconocimiento facial; con datos antropométricos se puede identificar a un presunto responsable de un ilícito, y las cámaras pueden reconocer facialmente a la persona. Tengo entendido que se está viendo esa posibilidad, pero habría que preguntarle”, añadió Saucedo.

Asimismo, dijo que habría que preguntar si el incremento en el contrato fue para la renovación de licencias de software.

“No estoy criticando la decisión, solamente saber los motivos, y estaría bien una tabla comparativa de costos, de los precios que daban otras empresas, y por qué se decidió la continuidad de Seguritech”, apuntó.

David Saucedo comentó que, con base en los resultados que está generando la estrategia CONFIA, “nos está diciendo que es una buena decisión”.

También enfatizó que la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo “no tiene que cargar con los 8 mil millones” de los gobiernos de Miguel Márquez y Diego Sinhue, “pero sí con los 4 mil que le tocan; esto va a generar debate, pero la veo receptiva a hacer ajustes de estrategia. Es bienvenida la transparencia”.

Piden explicación

Legisladores locales de Movimiento Ciudadano pedirán una explicación al secretario de Seguridad sobre este nuevo contrato con Seguritech para conocer las razones de la decisión. El diputado Rolando Alcántar, del Partido Acción Nacional, destacó el hecho de transparentar los contratos.

Estamos a favor de la transparencia, que se transparenten las acciones y decisiones, porque son recursos públicos. Si hay dudas, que salgan a aclarar; al final del camino el silencio dice mucho”, comentó Sandra Pedroza, diputada de MC.

Enfatizó que “ya se dio un paso, pequeño, pero ya se dio, para transparentar la información de los contratos, pero eso debería ser con todo, no nada más para algunas cosas y no nada más bajo presión; entonces, todavía quedan muchas preguntas por responder”.

Rodrigo González Zaragoza añadió que la parte positiva es que ya se dieron a conocer los contratos en su totalidad por 12 mil millones de pesos en tres sexenios.

“Y lo que queda ver es la eficiencia y la eficiencia del mismo por un lado, y por el otro tema de La Casa Azul, que es un tema que tiene que ver con la responsabilidad de un funcionario público como lo es el exgobernador, y así mismo qué responsabilidad tiene el proveedor con el tema de la casa. No, aunque es un tema privado, pues se tiene que establecer”, dijo.

Rolando Alcántar destacó que es importante reconocer que, ante la tendencia de cerrar la información en materia de seguridad, abrirla es una señal clarísima de transparencia por parte de la Gobernadora

Hay que aprovechar la apertura de la Gobernadora y del propio Secretario de Seguridad, porque al final de cuentas, hay que pedir mayor información sobre la cobertura del servicio que presta Seguritech. Saber el costo-beneficio también es importante. Hay que aprovechar esa circunstancia para establecer con claridad el costo-beneficio”, apuntó.

AAK