Hay múltiples formas en que un estado puede ser mejor que el resto de la Federación, un ejemplo es la transparencia. Después de la alternancia en el 2000, los partidos y el gobierno de Vicente Fox se empeñaron en lograr la Ley del Acceso a la Información Pública. Algo que en los 70 años del PRI nunca se promovió.
Recuerdo que ni al gran Zedillo le gustaba abrir la puerta a los ciudadanos para que pudieran conocer los gastos y su destino. Le preguntamos en una reunión de periodistas por qué no impulsaba una ley de transparencia en su gobierno. Recuerdo su respuesta esquiva e inexacta, dijo: “Yo gano 50 mil pesos y toda la información la pueden investigar en INEGI”. No era cierto ni exacto.
La mandataria de Guanajuato, Libia García, da un paso adelante al abrir los contratos con la empresa especializada en seguridad pública Seguritech, sin duda uno de los proveedores más importantes del Gobierno. Si la intención es permitir que un gobierno “de la gente” abra todos los datos de su operación a la gente, nuestro estado se distinguirá y habrá muchos beneficios.
Mientras la Federación destruye la autonomía de los órganos encargados de la información pública, la competencia, las telecomunicaciones y próximamente la del INE, Libia abre la puerta al escrutinio ciudadano. ¿Por qué no lo hicieron Juan Manuel Oliva, Miguel Márquez Márquez y Diego Sinhue Rodríguez? Desde el primer momento en que pedimos la información granular del proyecto Escudo, por ejemplo, la única respuesta fue que era un contrato de servicios, sin el menor detalle. Si comparamos la inversión con los resultados, sabremos que, o no era la respuesta correcta al reto de enfrentar al crimen organizado, o no se tuvo la gente capaz de aprovechar ese gasto.
Al entonces Secretario de Seguridad Pública, Alvar Cabeza de Vaca, le preguntamos cuánto costaban los miles de teléfonos que servirían como “botones de pánico” o por qué teníamos que pagar a precio alzado y sin concurso los servicios de Seguritech. Nunca contestó. Siempre se prestó a malas interpretaciones lo “ocultó” por presuntas razones de seguridad. Cuando preguntamos al gobierno de Diego cuánto costaba el servicio de 4 o 5 helicópteros para la vigilancia del estado, queríamos saber si era más conveniente comprarlos o arrendarlos. Ocultaron los datos. Los mismos pilotos de las aeronaves sabían que era un gasto enorme e innecesario.
Cuando preguntamos en qué planteles se habían repartido las 100 mil laptops que se compraron en 900 millones al principio del sexenio, jamás respondieron. Nadie sabe, nadie supo. Pudieron ser 80 mil o 60 mil las entregadas por la empresa Ditecma. El gobierno actuaba en las sombras. Si a eso sumamos un IACIP cuyos consejeros no tenían claro para quién trabajaban, (para la gente) la transparencia se convirtió en un mito que presumían impunemente. La verdad está en los hechos: había peticiones que hicimos 40 veces sin resultado. Lo mismo sucedió a decenas de ciudadanos cuyas peticiones fueron desechadas ipso facto. Es cierto que hay datos no publicables como las estrategias de seguridad pública o las rutas y horarios que siguen los drones y los helicópteros del Gobierno. Pero conocer los datos de inversiones no tiene nada que ver con seguridad.
Libia García comprende bien que la información del gobierno es de la gente, no de la burocracia. Si el compromiso permanece durante seis años, los guanajuatenses tendremos acceso a miles de datos útiles y seremos ejemplo nacional. Además, la gobernadora podrá tener una retroalimentación sobre la administración de los presupuestos. ¿Qué tal si las tarjetas rosas no se reparten bien?, sólo como ejemplo. Una ciudadanía consciente es una magnífica ayuda.