Antes de comenzar a leer esta columna, le pido a mis tres lectores, que vean atentamente la fotografía que les muestro, es la imagen de un domingo que pudo ser como cualquier otro, pero no, se convirtió en minutos en un escenario de desolación, muerte, dolor, y recuerdos de una tragedia que pudo ser evitada.
La pirotecnia representa un peligro para los seres humanos, animales y el medio ambiente, debido a su capacidad de liberar sustancias tóxicas en el entorno. Dicha actividad implica el manejo de sustancias químicas y materiales peligrosos, los cuales presentan características explosivas, inflamables y tóxicas.
La quema masiva de pirotecnia genera un aumento en el nivel de material particulado (PM 2.5 y PM 10) en el aire, cuya composición incluye metales, además se generan gases de efecto invernadero como ozono, dióxido de carbono y dióxido de nitrógeno nocivos para la salud.
En los cuerpos de agua y suelos cercanos a sitios de quema o de producción, se ha demostrado que existe un incremento de perclorato (ClO4-) importante componente utilizado en la formulación de pirotecnia, y está asociado a diversos problemas de salud.
Las partículas PM2.5 (casi invisibles al ojo humano) al ser inhaladas y entrar directamente hasta el fondo pulmonar de los seres vivos, pueden provocar graves enfermedades respiratorias, e incluso causar la muerte. Afecta, sobre todo, a niños y adultos mayores.
Todo lo anterior, pueden ser palabras sin sentido para quienes prefieren el negocio y la popularidad, pero la explosión de pólvora y pirotecnia ocurrida entre la Central Camionera y la Zona del Mercado de Abastos, destruyó toda una zona comercial, y en minutos, perdieron la vida 73 personas, y más de 350 quedaron heridas con secuelas irreparables en su cuerpo y mente.
El domingo 26 de septiembre de 1999, sucedieron tres explosiones, en la primera murieron personas que compraban o atendían los comercios; en la segunda explosión, fallecieron bomberos, paramédicos, policías, reporteros, y decenas de personas que acudieron al lugar a ayudar. En los siguientes minutos, todo fue turbación, llanto, miedo y a pesar de ello, una nube de personas llegó a buscar entre los escombros a sus seres queridos, a sus compañeros de trabajo con la esperanza de encontrarlos con vida. La deportiva Miguel Alemán, se llenó de cadáveres, y de la más grande consternación y tristeza que hayamos vivido hasta ahora los celayenses.
En México, la facultad para legislar en materia de explosivos se encuentra establecida en el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En la actualidad la normatividad que regula a la pirotecnia se encuentra en el artículo 41, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos (LFAFE), y en su Reglamento, en ambas se establece que la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) tiene el control y vigilancia de las actividades y operaciones industriales y comerciales que se realicen con explosivos, artificios y sustancias químicas.
Asimismo, en dicho ordenamiento se establece que las autoridades de las entidades federativas y los municipios en sus correspondientes ámbitos de competencia, tendrán la intervención que la ley y el Reglamento señalen. Y vale la pena destacar que el artículo 39, manifiesta que, en los casos de los permisos específicos, se REQUERIRÁ de las autoridades locales y municipales del lugar respecto a LA SEGURIDAD Y UBICACIÓN de los establecimientos correspondientes.
El asunto de la venta de la pirotecnia en Celaya, desde un punto de vista jurídico, supondría que la “prohibición”, por si sola resolvería el problema, pero no es así. El Domingo Negro ocurrió por la acumulación y venta de pirotecnia sin control, fueron más de SIETE TONELADAS las que explotaron, cuando el tope legal para su venta en comercios autorizados y fiscalizados, era de 7.5 kilos, pero la omisión de las autoridades municipales en la fiscalización de los comercios, y la compra y venta ilegal de pirotecnia dio como resultado esa tragedia.
La ley (LFAFE) prohíbe la venta de artificios pirotécnicos sin permiso, pero en la actualidad la venta ilegal de este tipo de artefactos ha ido en aumento, porque la tolerancia, la omisión, la complicidad y la corrupción en las áreas de seguridad, y particularmente de fiscalización también aumenta. En el gobierno municipal 2018-2021, bajo la presión ciudadana se llegó a decomisar hasta 1200 kilos de pirotecnia; en diciembre del año pasado, se decomisaron 250 kilos, a pesar que en esos días la ciudad amanecía como si el diablo hubiera tosido toda la noche.
Ante esos hechos, en uno más de sus virajes neuronales, el alcalde Ramirez, el 13 de diciembre del 2024, enfiló la responsabilidad de la quema de los artificios pirotécnicos a los ministros de la iglesia, dijo: “Si nosotros somos estrictos tendríamos que meter a la cárcel a sacerdotes, a toda la gente que está alrededor y que son órdenes que organizan las fiestas.” Y lanzó una pregunta por demás, irrespetuosa, criminalizando a los párrocos de la iglesia católica: “¿Van a aceptar que se meta a la cárcel a su párroco por violar la ley?” Dio por hecho, que los párrocos VIOLAN LA LEY, y lo afirmó con una ignorancia jurídica y con una ligereza institucional que irritó a toda la sociedad. Su discurso autoritario, tuvo un tufo agrio a persecución religiosa del siglo pasado.
Su claridad cognoscitiva se obnubiló. No entiende que no habría quema de cohetes, si no hay pirotecnia en el mercado. Es decir, si su área de seguridad pública, hiciese su trabajo de retirar del mercado y de las calles la pirotecnia, porque es ilegal su comercialización. No hay que darle mucha vuelta al asunto, la venta de pirotecnia en Celaya es ilegal, y peor cuando en el mercado se vende pirotecnia que fue fabricada sin permiso, o traficada desde otra región o país. Pero lo más peligroso es cuando se almacenan los artefactos explosivos sin ningún control, ni margen de seguridad.
El 31 de diciembre del año pasado, el alcalde declaró que hicieron decomisos de artificios pirotécnicos, “del 1 al 31 de diciembre, mediante recorridos realizados en… TIANGUIS Y MERCADOS, y por denuncias anónimas recibidas a través del 911.” Y claro, no fue en las parroquias, ni se los decomisaron a los párrocos. Fue en las calles donde se venden de forma clandestina, en comercios donde se distribuye ilegalmente, es decir, en los espacios de su responsabilidad.
Tuvieron que transcurrir casi siete meses para que la Diócesis de Celaya, respondiera a las acusaciones del presidente Municipal. El pasado 21 de julio, hace dos días, su vocero, el Padre, José de Jesús Palacio Torres, aclaró: “la Iglesia no promueve ni organiza la quema de pirotecnia en festividades religiosas”. Y reafirmó ante los medios de comunicación que, “tales acusaciones criminalizan a los miembros del clero y a la comunidad religiosa”.
Con las frases que ya han hartado a los celayenses, el alcalde de las contradicciones, les respondió el 22 de julio: “YO CREO QUE TIENEN RAZON EN SU AFIRMACION; lo que pasa es que, a veces… PUEDO DECIR UNA COSA QUE NO QUIERO DECIR”. Por eso resulta peligroso, que sus expresiones y decisiones, basadas en inconsistencias, sean aprobada por el Ayuntamiento sin mayor fundamento y sin rigor técnico, porque una cosa son las palabras y otra muy diferente son las tragedias.
Estamos en una etapa de modificaciones y cambios a los reglamentos municipales, y debe quedarles claro a los ediles, que el infierno que vive la ciudad con la quema indiscriminada de pirotecnia, por un lado, es por la venta ilegal, por otro lado, por la tolerancia, omisión o incapacidad de funcionarios encargados de la fiscalizar esa actividad comercial ilícita. El asunto de fondo, no es si se vende de manera legal o ilegal, sino la incapacidad institucional para impedir que se cometan delitos y prevenirlos.
Igualmente, es prudente reiterar, que la responsabilidad de proteger la integridad patrimonial y física de los habitantes de Celaya, es del H. Ayuntamiento Municipal, y de quienes nombren para esa responsabilidad. Por ello, las consecuencias que se deriven de la afectación al derecho a la salud, a un ambiente sano, a la paz, a la tranquilidad, y a la protección del patrimonio de los ciudadanos, entre otros, es responsabilidad de todos los miembros del cabildo, y en particular del Presidente Municipal.
En la tragedia del Domingo Negro, autoridades municipales, fueron corresponsables del daño al patrimonio y por la pérdida trágica de vidas humanas. Algunos funcionarios no tocaron la cárcel, porque hubo una protección política infranqueable, pero la memoria del pueblo no los olvida, mucho menos los perdona.
La ocurrencia del alcalde de hacer una CONSULTA EN REDES SOCIALES, de algo tan delicado que puede definir el destino del patrimonio y la vida de los celayenses, es inadmisible. ¿Por qué quiere lavarse las manos, con una consulta sin mayor trascendencia legal? Los hechos trágicos del Domingo Negro; su propia experiencia en la ineficaz contención de la venta ilegal de pirotecnia; el gravísimo entorno de actividades ilegales, que han convertido a Celaya en un cementerio al aire libre; la misma reglamentación existente ¿no le sirven para un mínimo de reflexión y responsabilidad institucional? ¿Cree que puede lavarse las manos llamando a una consulta para que voten bots o miembros de su partido? ¿Cree que esa consulta lo exime de responsabilidades administrativas y penales en caso de otra tragedia?
El artículo 43 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, y su Reglamento, señalan, la Secretaría de la Defensa Nacional PUEDE NEGAR, SUSPENDER O CANCELAR DISCRECIONALMENTE LOS PERMISOS (…) CUANDO LAS ACTIVIDADES AMPARADAS CON LOS PERMISOS ENTRAÑEN PELIGRO PARA LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS, INSTALACIONES, O PUEDAN ALTERAR LA TRANQUILIDAD O EL ORDEN PUBLICO. Celaya, vive intensamente una gran intranquilidad y temor porque desde hace años las actividades ilícitas permean su vida cotidiana, y ponen en riesgo su vida. El tráfico ilegal de artificios pirotécnicos se suma a la cadena de hechos que violentan la tranquilidad y la paz de la población.
Hoy la SEDENA, tiene en sus manos la responsabilidad, ya no solo de la seguridad nacional, sino la seguridad de la población civil y sus bienes, por ello, debe considerar de manera muy sensible nuestro pasado trágico, la ilegalidad en la que se mueve el comercio de los artificios pirotécnicos, y los daños que en general acarrea su almacenamiento, posesión, venta y uso indiscriminado. Para Celaya, permitir la venta legal u omitir la venta ilegal, significa mantener abierta una herida que aún sangra, y con la incapacidad municipal para asumir su responsabilidad institucional, es dejar abierta la puerta a otra tragedia. ¡NO MAS IRRESPONSABILIDAD, NO MAS TRAGEDIAS!
REVOLCADERO. En un largo peregrinar de más de 25 años, las víctimas del Domingo Negro, han sobrevivido a la indiferencia, y a la falta de apoyo y empatía de los “servidores públicos” que ostentan la representación de los celayenses. Hoy la única diferencia es que los sobrevivientes están amputados de sus piernas, y otros del corazón.