¡Es INCREÍBLE ver cómo, cada día, Morena, el grupo que nos “gobierna”, va cortando y acotando nuestra libertad de expresión!
Empezaron en mayo, con Héctor de Mauleón y El Universal, obligándolos a bajar una columna en la que ligaba a la entonces candidata (ahora electa) a magistrada, Tania Contreras, con el huachicol. (Zeta Tijuana, 9/jul/25)
Siguieron… en junio, Layda Sansores -sí, la gobernadora de Campeche, aquella que casi no le gusta llamar la atención, con su pelo rojo y originales atuendos, y que tenía sus “Martes del Jaguar”, donde se daba el lujo de hacer lo que quería con las reputaciones de quienes le molestaban- denunció a otro periodista, Jorge González, y logró que un juez lo callara por dos años y que, igualmente, cerrara su periódico *Tribuna*.
Cabe mencionar que este periódico estatal, con casi 50 años de publicaciones, dejó su versión impresa el año pasado por no aceptar dádivas del mismo gobierno que le hicieran perder su independencia y libertad; así que solo se manejaba en versión digital.
Ahora, en julio, ya permitieron que lo publicaran, pero solo después de que un censor oficial revise toooodo su contenido. Lo más triste del caso es que parece la típica tragicomedia mexicana, porque resulta que fue el papá de Layda, Carlos Sansores Pérez, quien fundó dicho periódico el 11 de junio de 1975. (La Jornada, 18/en/2024 y 20/jun/25)
También en junio, pero ahora en Puebla, el gobierno reformó la Ley de Ciberseguridad, que permite imponer penas desde 11 meses hasta 3 años de prisión por “insultar en redes sociales”, lo que se ha visto —por periodistas y activistas— como una coacción a la libertad de expresión. (El País, 17/jun/25)
En Veracruz, la excandidata a diputada y ahora candidata a la alcaldía de Teocelo, por Morena y PVEM, Mara Chama, demandó a cuatro periodistas por “violencia política de género” y, aunque de principio no prosperó, sigue el problema y les está pidiendo indemnización. (Revista Zócalo, 19/jul/25)
Igualmente, en mayo, la candidata a la SCJN, Dora Martínez Valero, demandó a *TelevisaLeaks* por “violencia política de género”, pero no prosperó. (Revista Zócalo, 19/jul/25) No contenta con eso, demandó a la actriz, influencer y conductora de televisión Laisha Wilkins, por subir un tuit en el que repetía el título que *Aristegui Noticias* le había dado a dicha candidata. (El País, 29/jun/25)
Y, por último, pero no menos preocupante, para esas mismas fechas, una ama de casa de Hermosillo, Sonora, Karla Estrella Murrieta —quien también en la red X subió un comentario que, a mi parecer, no tiene nada de “violencia de género”, es como dice Sergio Sarmiento, una simple opinión— dijo textualmente:
“Así estaría el berrinche de Sergio Gutiérrez Luna para que incluyeran a su esposa, que tuvieron que desmadrar las fórmulas para darle una candidatura. Cero pruebas y cero dudas”.
¿Le parece a usted, querido lector, que es violento, agresivo, intimidador? Pues por este mensaje, el Tribunal Electoral (que no entiendo bien por qué se metió en algo así si todavía no estamos en tiempos de elecciones; me imagino que motivado por las influencias del esposo, quien es el presidente de la Cámara de Diputados) —y a petición de “Dato protegido” (así llaman a la denunciante porque no pueden dar su nombre real, aunque todo mundo sabemos que es la diputada de Morena Diana Karina Barreras Samaniego)— ¡obligaron a Karla a subir, durante 30 días seguidos, una disculpa pública en la misma red X! ¡Hágame usted el favor!
Me recuerda el caso del abogado que también pidió la “disculpa pública” a Noroña. ¿Con qué los habrán amenazado para que terminaran haciendo lo que les piden de manera tan denigrante? Bueno, pues el “castigo” no solo era eso: incluía también una multa de mil 85 pesos, leer bibliografía especializada, asistir a cursos de género y quedar inscrita durante un año y medio en el Registro de Violentadores del INE. ¿Qué tal? ¡De no creerse!
Pero aún hay más: la diputada Diana Barreras todavía había pedido que la disculpa se publicara en “dos periódicos de mayor circulación”… aunque el sábado 19, después de que hasta Claudia Sheinbaum comentó que era abuso de poder, se desdijo en redes y comentó que “con un solo tuit hubiera sido suficiente”… De victimarios a víctimas… me recuerda a alguien… (con datos del periódico AM, 16/jul/25 y El País, 29/jun/25).
Hay algo que me parece interesante en esto: todas las denunciantes han sido mujeres. No termino de entender tampoco cómo puede una mujer acusar a otra de “violencia de género”… Lo que creo es que se está utilizando mal esto, que se está abusando del término para poder acusar sin tener todas las pruebas de lo que se denuncia.
Y lo que me parece aún más grave es que esto se está volviendo “violencia institucional”, porque se está usando todo el poder del Estado contra periodistas -y hasta ciudadanos comunes- para castigarlos y multarlos por hacer, simplemente, uso de la libertad de expresión o realizar su trabajo.
Y esto pasa con un Poder Judicial medianamente autónomo… ¿qué pasará cuando sea parte del grupo en el poder? ¿A quién vamos a poder recurrir para que nos defienda del abuso del poder?