En la pasada sesión del Ayuntamiento de nuestra ciudad, la fracción de ediles del PAN presentó una iniciativa para crear un Reglamento Anticorrupción del Municipio de León e instaurar un comité que prevenga, detecte y denuncie actos de corrupción municipal.
A lo largo de los años se ha tratado de fortalecer la vigilancia municipal con diferentes adecuaciones a las leyes y reglamentos: desde la disposición vigente durante varios años para que la Contraloría Municipal fuera encabezada por alguien propuesto por la oposición, o la creación del Consejo de la Contraloría Social, integrada por ciudadanos, hasta lo que tenemos hoy, que es la designación del contralor o contralora municipal mediante un comité de selección ciudadano.
La realidad es que ninguna de las diferentes modalidades ha sido lo eficiente que se buscaba, sobre todo para garantizar la efectividad e imparcialidad indispensables en esta importante función. Cuando la oposición proponía al contralor, se decía que éste actuaba por consigna político-partidista, y se cuestionaba su labor. Ahora que se designa mediante la propuesta de un comité ciudadano que evalúa a los candidatos, se sigue cayendo en la manipulación del nombramiento por la fracción mayoritaria en el Ayuntamiento, tal y como se hizo en la última elección de este puesto, cuando la mayoría panista no eligió al candidato que tuvo la mejor puntuación.
Hoy se busca crear otro comité paralelo a la Contraloría, formado por ediles, servidores públicos y ciudadanos, para que, entre otras cosas, sirva de consulta, fomente la ética en los servidores públicos, promueva los programas municipales para prevenir la corrupción y, finalmente, para que remita a la Contraloría Municipal las quejas y denuncias ciudadanas de las que tenga conocimiento.
Todas estas acciones significan un manojo de buenas intenciones que, incluso, algunas de ellas ya las lleva a cabo la Contraloría Municipal, y no representan ninguna novedad o garantía de que los actos de corrupción serán sancionados; en resumen, es pura palabrería.
Mientras estos nuevos comités no tengan facultades (dientes) para sancionar efectivamente la corrupción, y mientras no sean totalmente autónomos, vamos a seguir inventando organismos con nombres rimbombantes, pero que en poco o nada ayudarán a prevenir y castigar a los corruptos.
Ejemplos tenemos muchos, pero lo que no podemos permitir es que esto se convierta en un mini Comité Ciudadano que emule al que hay en el estado, el cual nació muerto al remunerar a los consejeros, que debiendo ser ciudadanos sin sueldo, se convierten en burócratas. Eso de nada sirve y solo dilapida los escasos recursos públicos.
Lo que se requiere es un organismo público que sea independiente del Ayuntamiento y que cuente con atribuciones para imponer sanciones ante las malas conductas de quien maneje los recursos públicos. Se necesita una entidad cuya dirección esté a cargo de ciudadanos honoríficos que sean representantes de los organismos intermedios de la sociedad, como las cámaras empresariales, sindicatos, colegios de profesionistas, clubes de servicio, comités de colonos, universidades, colectivos, etc., que no dependa del cabildo leonés para tomar sus decisiones y que no tenga límites para programar sus auditorías, pero que sí conserve el derecho irrevocable a recibir recursos suficientes para su operación.
Si no se garantiza lo anterior, este nuevo comité formará parte de la larga lista de organismos que supuestamente combaten la corrupción, pero que solo se encuentran navegando en la inutilidad, que solo engrosan la burocracia y encarecen el costo del aparato gubernamental.
Ciertamente, la creación de este comité se venía cocinando desde semanas antes de la publicación del escándalo de la casa azul, de manera que hoy cae como anillo al dedo para que se interprete como una señal de deslinde del cabildo azul leonés. Para esto último puede ser para lo único que sirva.
LALC