Ante la protesta realizada en Plaza Juárez el pasado 13 de julio en contra de la instalación de una planta fotovoltaica en Singuilucan y Zempoala, el gobernador Julio Menchaca Salazar aseguró que el proyecto no representa un riesgo ambiental y forma parte de los esfuerzos para cumplir con la Agenda 2030 en materia de energías limpias.
“Es la tecnología del futuro”, declaró este lunes sobre la inconformidad de habitantes que acusan falta de información, posibles afectaciones ecológicas y uso de suelos agrícolas para proyectos de energía solar.
El gobernador afirmó que el gobierno estatal respeta el derecho a manifestarse y ya instruyó al secretario de Desarrollo Económico, Carlos Henkel Escorza, para que dialogue con los pobladores e inversionistas, con el fin de aclarar dudas y compartir los beneficios del proyecto.
Así mismo el gobernador consideró que algunas ideas se han convertido en banderas de protesta sin fundamentos técnicos, pues aseguró que los estudios existentes descartan afectaciones al entorno.
“Tenemos la información de que no afecta absolutamente en nada al medio ambiente. Si hubiera alguna situación de carácter técnico, estamos dispuestos a trasladarla a los interesados”, señaló.
También recordó que, durante sus recorridos por el estado, en particular en la región de Apan, encontró que persisten creencias sobre que las plantas solares alejan la lluvia o alteran el equilibrio ecológico, pero aseguró que ya se ha demostrado que este tipo de infraestructura es compatible con el medio ambiente.
Menchaca Salazar defendió que proyectos como el fotovoltaico, junto con la energía eólica e hidráulica, son parte de una transición energética necesaria para garantizar el crecimiento económico sin comprometer los recursos naturales.
“La lucha que se tiene con la Agenda 2030 es buscar fuentes alternativas de energía”, reiteró, al señalar que estos desarrollos también permitirán abastecer de electricidad a la zona sur de Hidalgo, que enfrenta mayor demanda por el crecimiento industrial.
El gobernador insistió en que tanto las autoridades como los inversionistas deben asumir un papel activo en la socialización de estos proyectos, para generar confianza y evitar que se construya resistencia con base en rumores o desinformación.