En México, por regla general, los gobiernos estatales están a cargo de la garantía del derecho al transporte público; sin embargo, en el caso de Guanajuato, la legislación local determina que es competencia de los gobiernos municipales, dejando de imponer obligaciones a cargo del gobierno del estado.
Aunque esta asignación de competencias pudiera interpretarse como una decisión tomada dentro de la libertad que tiene cada entidad federativa de crear su propio marco normativo, lo cierto es que restringe enormemente las posibilidades de contar con sistemas de transporte público urbanos con la cobertura, accesibilidad económica y calidad que merece la población guanajuatense.
La semana pasada, desde la Bancada Naranja de Movimiento Ciudadano, organizamos un ejercicio de parlamento abierto en el Congreso de Guanajuato, en donde, entre otras, sometimos a discusión de las personas participantes que la ley estatal debe ser reformada a efectos de definir como una obligación compartida la garantía del derecho al transporte público.
Desde la perspectiva de quienes hemos pensado en esta potencial solución para Guanajuato, una de las consecuencias más favorables de la competencia concurrente es la inversión obligatoria que acarrearía a cargo del gobierno estatal.
Históricamente, tanto el gobierno del estado como los gobiernos municipales de Guanajuato invierten alrededor del 80 % de sus recursos en materia de movilidad urbana en obras que favorecen prioritariamente al automóvil, dejando muy restringidas las posibilidades de inversión en el modo de movilidad más común entre los guanajuatenses, que es el transporte público.
De tal manera que la inversión decidida del gobierno estatal, en la forma —como lo propusimos en el foro—, de un subsidio invertible en infraestructura, tecnología e incluso en transferencia de dinero para tarifas preferenciales, implicaría una reparación del modelo de inversión raquítico e insostenible de los últimos treinta años.
Paralelamente, apostamos a la unificación de los criterios para el establecimiento de tarifas, como ya lo he propuesto antes en este periódico. Creemos que, de ninguna manera, las personas usuarias del transporte público deben asumir su sostenimiento financiero. En contraste, creemos que se debe calcular, como sucede en el caso de otros servicios básicos, el máximo posible que la economía familiar guanajuatense permite erogar, y el resto debe correr a cargo del Estado.
Desde Guanajuato, vemos como modelos deseables de movilidad los desarrollados en las zonas metropolitanas de Guadalajara y Monterrey, pero, para llegar ahí, las competencias deben ser redefinidas. Si no es así, nuestra aspiración de ser punta de lanza se quedará en la anécdota del año dos mil, cuando León fue modelo de referencia latinoamericano por la integración del servicio de autobuses urbanos y la innovación de los camiones BRT que, con orgullo identitario, aquí llamamos orugas.
RAA