Pese a denuncias, investigaciones y acciones legales, los abusos en la venta de boletos para conciertos y espectáculos persisten ante la concentración del mercado en manos de Ticketmaster y Ocesa.

La promesa de vivir una experiencia inolvidable en un concierto suele comenzar con una pesadilla digital: boletos agotados en minutos, precios que se duplican sin explicación y entradas canceladas sin derecho a reembolso.

En el centro de estas prácticas se encuentran Ticketmaster y Ocesa, empresas que operan con dominio absoluto del mercado de espectáculos en México y que han sido señaladas por prácticas monopólicas, acaparamiento de boletos y falta de transparencia en la fijación de precios.

Actualmente, ambas compañías concentran más de 60 por ciento del mercado nacional, lo que limita la competencia y coloca a los consumidores en una posición de vulnerabilidad frente a decisiones unilaterales. Esta situación ha motivado una creciente indignación social, alimentada por casos emblemáticos como el fallido concierto de Bad Bunny en 2022, donde decenas de asistentes con boletos en mano fueron rechazados en el acceso.

El caso terminó en los tribunales: en abril de 2023, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) promovió una demanda colectiva contra Ticketmaster y Ocesa por afectaciones a más de 500 consumidores, principalmente por cancelación arbitraria de entradas, reembolsos incompletos y la clonación de boletos. La demanda fue admitida por un juez de la Ciudad de México, y aunque el proceso sigue en curso, hasta ahora no ha habido sanciones ejemplares.

CADENA DE IRREGULARIDADES

El problema va más allá de un evento aislado. Diversas investigaciones periodísticas han documentado cómo los boletos para conciertos populares desaparecen en cuestión de minutos durante la venta oficial, para luego reaparecer en plataformas de reventa a precios que superan 300 por ciento del valor original. Esto ha llevado a sospechas sobre la existencia de mecanismos internos de acaparamiento, incluso dentro de las propias plataformas oficiales.

Además, el uso de precios dinámicos —una modalidad que ajusta el costo del boleto según la demanda en tiempo real— ha sido denunciado en otros países donde opera Live Nation, matriz global de Ticketmaster. Aunque en México la empresa niega aplicar esta política de manera abierta, múltiples usuarios han documentado aumentos inesperados al momento de finalizar la compra, sumando cargos de servicio que no son claros ni justificados.

Un caso reciente durante la venta del festival Corona Capital 2024 generó otra oleada de inconformidades: los boletos anunciados en 4 mil 490 pesos terminaron costando más de 6 mil 400 pesos tras sumar cargos “sorpresa”, lo que derivó en quejas colectivas y una nueva advertencia de Profeco por posibles violaciones a los derechos del consumidor.

¿Y LAS AUTORIDADES?

Pese a las quejas documentadas, las acciones correctivas han sido mínimas. En 2018, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) cerró una investigación por prácticas monopólicas bajo el argumento de que Ticketmaster se comprometió a eliminar cláusulas de exclusividad con promotores. Sin embargo, cinco años después, los síntomas de concentración y abuso permanecen.

El panorama se agrava al considerar que no existe una regulación específica que limite el número de boletos en reventa o que obligue a las plataformas a transparentar cuántas entradas están realmente disponibles para el público. Tampoco hay sanciones claras cuando se presentan casos de boletos clonados, cancelaciones sin previo aviso o precios inflados por cargos ocultos.

EXPERIENCIA DEL PÚBLICO, EN SEGUNDO PLANO

Más allá del daño económico, la falta de garantías ha generado una pérdida de confianza generalizada. Para muchos jóvenes, asistir a un concierto se ha vuelto un lujo inaccesible. Para otros, la experiencia comienza con frustración, ansiedad y temor a ser estafados, incluso después de haber pagado el precio completo por un boleto oficial.

Organismos como Profeco insisten en que los consumidores tienen derecho a ser informados de forma clara y veraz, a recibir el servicio por el que pagaron y a ser indemnizados si se les causa un daño. No obstante, mientras no exista una regulación robusta que limite el poder de los monopolios del entretenimiento, las soluciones seguirán siendo reactivas y tardías.

CONCLUSIÓN

El negocio del entretenimiento en México se ha transformado en un terreno desigual donde las reglas las dicta una sola empresa. Si no se garantiza un sistema de venta de boletos justo, transparente y supervisado por las autoridades, los afectados seguirán siendo los mismos: el público que solo busca disfrutar de un espectáculo sin ser víctima del abuso corporativo.