Guanajuato.- La organización México Evalúa difundió un documento donde afirma que en cuanto entren en funciones los jueces elegidos en los pasados comicios del 1 de junio, las organizaciones de la sociedad civil vigilarán su desempeño, dado que muchos de estos nuevos juzgadores están vinculados al oficialismo.
Por ello se anuncia que evaluarán la calidad de sus resoluciones para revisar que no se subordinen a intereses ilegítimos.
Para la organización será indispensable evaluar si las resoluciones priorizan derechos humanos o intereses políticos y monitorear si mantienen criterios progresistas, como limitar la prisión preventiva oficiosa.
Al respecto, México Evalúa y el colectivo #LaJusticiaQueQueremos, piden que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelvan a la brevedad la expulsión de la prisión preventiva oficiosa del orden constitucional y legal mexicano.
Prisión preventiva
A diferencia de la prisión preventiva justificada —donde se debaten los riesgos procesales y la conveniencia de usar otras medidas cautelares— en la prisión preventiva oficiosa se encarcela automáticamente a las personas. Esta acción genera múltiples violaciones al Derecho Internacional en materia de Derechos Humanos, afirmó la organización.
De acuerdo con México Evalúa, datos sobre la aplicación de la prisión preventiva oficiosa basada en fuentes públicas y solicitudes de información, demuestran que al menos en 12 entidades federativas: Aguascalientes, Campeche, Coahuila, Colima, Durango, Hidalgo, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas y Yucatán, utilizan más la prisión preventiva justificada, que la oficiosa.
En dichas entidades no se observa ningún impacto negativo producto de esta buena práctica.
Al contrario, la prisión preventiva oficiosa genera incentivos perversos para que la vinculación a proceso de los delitos contemplados en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, transforme la etapa inicial en un juicio exprés.
Derivado de la existencia de este concepto hay etapas del proceso penal que deberían durar unos minutos, alargando innecesariamente las primeras audiencias y violando derechos procesales.
Injustificada para México Evalúa
Para México Evalúa es completamente injustificado el argumento del actual Gobierno de que la eliminación de la prisión preventiva oficiosa pone en riesgo la seguridad del país al dejar libres a “presuntos criminales”.
Tampoco se justifica el llamamiento del Poder Ejecutivo hacia la SJCN a no resolver respecto a eliminar esta figura de la normatividad mexicana.
La prisión preventiva oficiosa o automática, tal como está establecida en el artículo 19 constitucional, funge como una pena anticipada, lo que es totalmente incompatible con un sistema democrático.
El exmagistrado Ariel Alberto Rojas Caballero, dijo que la prisión preventiva oficiosa es una medida cautelar que priva a las personas de la libertad mientras se lleva a cabo el proceso penal acusatorio, sin que haya una sentencia.
Lo grave de esto es que México ya ha sido condenado en dos ocasiones por la Corte Interamericana por mantener esta figura de la prisión preventiva oficiosa, porque sin que haya una prueba plena de la culpabilidad de una persona, se le está privando de su libertad”, advirtió.
RAA