Este miércoles, en Sinaloa se presentó del Diagnóstico sobre seguridad para colectivos de familias de personas desaparecidas en México. Foto: Tomada de Facebook.

Guanajuato.- Con cinco casos de familiares de personas desaparecidas asesinados por su labor de búsqueda, entre 2020 y 2023, Guanajuato es una de las dos entidades del País con el mayor número de asesinatos de familiares en búsqueda de sus desaparecidos. 

Sonora es la segunda entidad con tres asesinatos, y el año 2022 fue el más letal para las personas buscadoras, con 5 casos registrados, de los cuales, 2 ocurrieron en Guanajuato, el resto en Puebla, Sinaloa y Sonora

Así lo revelaron datos del “Diagnóstico sobre seguridad para colectivos de familias de personas desaparecidas en México” que aborda el tema de la seguridad y la protección hacia las familias buscadoras en México y los principales retos para su protección. 

Este fue elaborado por el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM), conformado por más de 90 colectivos de 24 estados de la República Mexicana y de 3 países de Centroamérica

A cuatro años del asesinato de Javier 

Uno de estos casos es el de Javier Barajas Piña, quien hace cuatro años fue asesinado a quemarropa por hombres armados, la noche del 29 de mayo de 2021 en el centro de Salvatierra, lugar en el que también desapareció su hermana, Guadalupe Barajas Piña, el 29 de febrero de 2020. 

En dicho diagnóstico se compartió que Javier era abogado e integrante de diversos colectivos de búsqueda. Durante su trabajo de búsqueda, acompañado de otros familiares, encontraron la fosa más grande de la que se tiene registro en Guanajuato, con 81 cuerpos, uno de ellos fue el de su hermana Guadalupe.

Meses antes de su asesinato, Javier se había incorporado a la Comisión Estatal de Búsqueda y tanto él como sus padres, habían vivido agresiones, intimidación, vigilancia, seguimientos y hostigamiento. 

En junio de 2024, se dio a conocer la sentencia de 35 años de prisión a las dos personas responsables del homicidio de Javier Barajas, después de una larga lucha por la búsqueda de justicia emprendida por sus padres, quienes enfrentaron múltiples desafíos, como omisiones institucionales y riesgos durante el proceso. 

Mientras que en el caso del crimen de su hermana, un tribunal de justicia de Guanajuato liberó a uno de los implicados en la desaparición.

El 9 de abril de 2025 fue detenido Carlos Manuel “N”, una de las personas acusadas por la desaparición de Guadalupe Barajas Piña. Sin embargo, de forma inmediata, la Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado suspendió la orden de aprehensión.

Ahora, con el respaldo de los abogados del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), la familia de Lupita busca revertir la resolución que dejó en libertad al implicado, quien ya tiene una sentencia condenatoria por el delito de desaparición.

La defensa de la familia Barajas Piña calificó como “muy inusitada” la suspensión de la orden de captura, por lo que presentó este “incidente” ante el Primer Tribunal Colegiado en materia penal del Decimosexto Circuito, parte del Poder Judicial de la Federación (PJF).

El resto de los casos 

Se documentaron también el resto de los asesinatos ocurridos en Guanajuato, en 2020, la buscadora Rosario Zavala Aguilar fue asesinada en León dentro de su domicilio en octubre del 2020. 

Los agresores dejaron una cartulina cerca de su cuerpo que hacía referencia a que la habían agredido por “hablar demasiado”, haciendo referencia a su labor de defensa de derechos humanos. 

En 2022 los buscadores María del Carmen Vázquez y Jorge Ulises Cardona Zavala, fueron asesinados en Abasolo y León, respectivamente. 

María del Carmen Vázquez, integrante del colectivo “Personas Desaparecidas de Pénjamo” fue asesinada durante la noche del 6 de noviembre del 2022, afuera de su domicilio, ubicado en Abasolo, por dos hombres armados quienes tocaron a su puerta y al salir la agredieron con arma de fuego.  Los agresores se dieron a la fuga a bordo de una motocicleta. 

Jorge Ulises Cardona, hijo de Rosario Zavala Aguilar, madre buscadora asesinada en 2020, había continuado con la lucha por buscar a su hermano desaparecido, luego de la muerte de su madre. 

El 27 de junio de 2022, Jorge Ulises fue asesinado afuera de su domicilio en presencia de otros integrantes de la familia, dos hombres armados, a bordo de una motocicleta, se acercaron a ellos accionando sus armas, asesinaron a Jorge e hirieron a otros dos integrantes de la familia.

En 2023, Teresa Magueyal, integrante del colectivo “Una Promesa por Cumplir”, fue asesinada en Celaya el 2 de mayo por un grupo de hombres armados no identificados, mientras circulaba en bicicleta. 

Personas buscadoras desaparecidas 

En el documento de 155 páginas y conformado por nueve capítulos se documentaron cuáles son las agresiones contra los colectivos de familiares de personas desaparecidas entre las que están agresiones físicas, ataques al patrimonio, desaparición forzada y desaparición cometida por particulares y asesinatos de familiares en búsqueda de sus desaparecidos. 

Se enfatizó que se registraron nueve casos de personas buscadoras desaparecidas en México, entre 2018 a agosto del 2024, siendo este último año en el que se registró el mayor número de desaparición de familiares buscadores, con tres personas desaparecidas de enero a agosto. 

De los nueve casos registrados, tres se cometieron contra hombres buscadores y seis contra mujeres, respecto a la situación de cada caso, solo una continua en calidad de desaparecida, cinco fueron localizadas sin vida y tres con vida. 

Lorenza Cano Flores, es la persona buscadora que aún se encuentra en calidad de desaparecida, la integrante del colectivo “Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos Guanajuato”, fue desaparecida el 15 de enero de 2024, por un comando armado que ingresó a su domicilio sometiéndola a ella, a su esposo e hijo para sustraerla. 

Durante la sustracción, los hombres armados asesinaron a su esposo y su hijo dentro de su domicilio. Lorenza buscaba a su hermano José Cano Flores, desaparecido el 17 de agosto de 2018. 

Cabe destacar que en los nueve casos, previo a la desaparición, tanto ellos como sus familias y colectivos vivieron amenazas, agresiones físicas, robo de documentos, agresiones a su patrimonio, ataques armados y ultimátum. 

Las entidades donde ocurrieron las desapariciones son: Jalisco (3), Sonora (2), Guanajuato (2), Zacatecas (1) y Sinaloa (1). 

DAR

 

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