La ocupación irregular de terrenos, conocida popularmente como “paracaidismo”, sigue creciendo en diversas regiones del país, convirtiéndose en un problema multifacético que involucra conflictos legales, afectaciones sociales, económicas, urbanísticas y ambientales.
De acuerdo con especialistas en derecho urbano y organizaciones civiles, los “paracaidistas” —grupos o individuos que invaden predios públicos o privados sin permisos legales— provocan una serie de complicaciones que van más allá de la disputa por la tierra. Su presencia consolida asentamientos irregulares donde las carencias y la vulnerabilidad se convierten en parte del día a día.
OCUPACIÓN SIN SERVICIOS BÁSICOS
La llegada de paracaidistas a un predio generalmente implica el establecimiento de viviendas improvisadas, sin acceso a agua potable, drenaje, electricidad, recolección de basura o transporte público. Esta falta de infraestructura contribuye a condiciones de hacinamiento e insalubridad, incrementando los riesgos de enfermedades y de conflictos vecinales con las comunidades circundantes.
“Muchos de estos asentamientos surgen en zonas de alto riesgo, como barrancas, márgenes de ríos o laderas inestables, poniendo en peligro la vida de quienes ahí habitan”, advierte la arquitecta y urbanista Martha Guerrero, experta en desarrollo urbano sustentable.
CONFLICTOS LEGALES PROLONGADOS
Para los propietarios legítimos de los terrenos, la ocupación representa el inicio de largos procesos legales que pueden prolongarse por años. Los juicios de desalojo, los amparos promovidos por los ocupantes y la resistencia social dificultan la recuperación de las tierras.
“Es una batalla desigual: mientras el propietario intenta hacer valer su derecho, los invasores consolidan su presencia y, en ocasiones, reciben apoyo de actores políticos que buscan clientelas electorales”, señaló Juan Ramos, abogado especializado en derecho inmobiliario.
IMPACTO ECONÓMICO Y URBANO
Además de la pérdida de valor de los terrenos afectados, la permanencia de asentamientos irregulares implica altos costos públicos en caso de que se opte por regularizarlos. El gobierno debe invertir en dotarlos de infraestructura básica, lo que genera presiones presupuestales y obliga a priorizar recursos no planeados.
A nivel urbano, estos asentamientos promueven un crecimiento desordenado de las ciudades, con calles mal trazadas, carencia de equipamiento urbano y uso de suelo incierto, lo cual complica la integración a la red de servicios municipales.
UNA AMENAZA AMBIENTAL SILENCIOSA
El avance de los paracaidistas también tiene consecuencias ambientales. En muchos casos, las ocupaciones se realizan en áreas protegidas, zonas forestales o suelos de conservación, provocando deforestación, erosión y pérdida de biodiversidad. La falta de sistemas de saneamiento también contribuye a la contaminación de cuerpos de agua y suelos.
ENTRE OMISIÓN Y COMPLICIDAD
Para algunos críticos, la falta de acción oportuna de las autoridades permite que las invasiones se consoliden, alentadas en ocasiones por líderes sociales o grupos políticos que promueven las ocupaciones a cambio de favores electorales.
“Es un círculo vicioso: mientras no haya voluntad política y mecanismos eficaces de control, el fenómeno seguirá creciendo, afectando no solo a los dueños de la tierra, sino al tejido social y al equilibrio ambiental”, concluye Guerrero.
En medio de esta compleja realidad, gobiernos, dueños de terrenos y comunidades enfrentan el reto de buscar soluciones que respeten los derechos humanos pero que garanticen la legalidad y la planeación urbana, antes de que el fenómeno del paracaidismo comprometa irreversiblemente el futuro de las ciudades.