Modificar el artículo octavo de la Constitución estatal, con el objetivo de reforzar el derecho a una vivienda digna, propuso ante el Congreso de Hidalgo el diputado Carlos Alejandro Alcántara Carbajal.
La propuesta busca que este derecho no sea un concepto ambiguo, sino un compromiso claro con la ciudadanía, estableciendo criterios específicos para garantizar condiciones adecuadas de habitabilidad.
EL PROBLEMA DE LA VIVIENDA EN HIDALGO
Durante la exposición de motivos, el legislador destacó que, a pesar de que la vivienda es un derecho humano reconocido en la Constitución federal y en tratados internacionales, en la práctica sigue siendo inaccesible para muchas personas.
Mencionó que factores como los altos costos de los créditos, la especulación inmobiliaria y la falta de políticas públicas efectivas han impedido que miles de hidalguenses accedan a una vivienda adecuada.
Alcántara Carbajal citó datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), los cuales indican que en México hay alrededor de 6 millones de viviendas abandonadas, mientras que millones de familias viven en condiciones de hacinamiento o sin servicios básicos.
En Hidalgo, esta situación afecta especialmente a los jóvenes, quienes enfrentan dificultades para adquirir una vivienda propia debido a la falta de créditos accesibles y el aumento constante en los precios, señaló.
LOS CAMBIOS PROPUESTOS
La iniciativa de reforma plantea que el derecho a la vivienda digna sea definido con criterios claros, incluyendo:
• Durabilidad y seguridad de las construcciones.
• Sostenibilidad ambiental y accesibilidad universal.
• Adecuación a las necesidades de las personas con discapacidad.
• Ubicación en zonas con acceso a servicios básicos, como salud, educación y transporte.
• Proximidad a fuentes de trabajo y espacios públicos.
• Respeto a la diversidad cultural y arquitectónica de las comunidades.
Además, la propuesta establece que el Estado deberá implementar políticas públicas para garantizar el acceso a viviendas dignas y combatir la especulación del suelo.
También busca evitar el desplazamiento forzado de comunidades y frenar la corrupción en el sector inmobiliario, asegurando que los permisos de construcción se otorguen conforme a las normativas vigentes.
COMPROMISO ESTATAL Y LLAMADO A LA APROBACIÓN
El diputado enfatizó que la reforma no es una simple declaración simbólica, sino que implica la obligación del Estado de generar condiciones que permitan a todas las personas acceder a una vivienda adecuada.
Recordó que la crisis de vivienda no solo afecta a quienes buscan adquirir un hogar, sino también a aquellas personas desplazadas por la violencia y la inseguridad.
La propuesta fue turnada a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales para su análisis y dictaminación.